• En la imagen se puede ver la parcela 45 de Pan De Azúcar. Fueron los vecinos de este sector los primeros en denunciar la presunta estafa.
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El Día
El martes 25 comienza el juicio oral contra los tres imputados de la empresa Parcons Propiedades, quienes habrían engañado a unas 200 personas vendiéndoles terrenos de manera irregular. El proceso se extendería por más de dos meses y será transmitido en directo por el canal del Poder Judicial. Los acusados arriesgan penas que van desde los 5 hasta los 25 años de presidio.

El próximo martes, en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, se llevará a cabo uno de los juicios más grandes realizados alguna vez en la zona, en términos de número de involucrados. La causa, en la que se encuentran imputadas 3 personas, considera 67 víctimas querellantes, más de 200 testigos, una decena de peritos y más de 1.200 pruebas documentales, además de gráficas, audios y fílmicas. 

Se trata del denominado “caso Parcons”, en el que la empresa del mismo nombre, propiedad de la sociedad conformada por Ximena Burdiles y Juan Manuel Miranda, según se investiga, vendía terrenos en localidades rurales, presuntamente, bajo engaño y de manera irregular. 

Una larga historia

Según datos del Poder Judicial, las estafas y otros ilícitos asociados, habrían sido cometidas entre el año 2013 y el 2016, cuando tras las denuncias de los afectados comenzó el proceso penal. 

El modus operandi de los presuntos autores era apelar al desconocimiento de los compradores y venderles inmuebles o terrenos correspondientes a “loteos brujos”. Aquello lo realizaron en diferentes sectores como Pelícana y El Romero en La Serena y Nueva Vida, Santa Filomena y Pan de Azúcar, en Coquimbo.

Éste último caso es tal vez el que alcanzó mayor connotación ya que en su momento los afectados se atrevieron a realizar una denuncia en conjunto, por lo que consideraron “una vil estafa” por parte de los empresarios. Fueron más de 60 familias las que cayeron en el engaño de la parcela 45, ubicada en el sector de Vuelta El Martillo en Pan de Azúcar. 

Pero vamos a la génesis. De acuerdo uno de los abogados querellantes en el caso, Ramiro Moya, este terreno de poco más de 10 hectáreas fue comprado el 24 de enero del año 2014 por Ximena Burdiles y Juan Manuel Miranda, a través de la sociedad Parcons Propiedades Limitada. 

Al encontrarse en una zona rural, tenía una prohibición de cambio de uso de suelo, antecedentes de los cuales la empresa estaba en conocimiento, porque además figuraba en el contrato de compraventa. 

En el mes de marzo subdividieron el sitio en 16 lotes, cada uno por una superficie igual o superior a 5 mil metros cuadrados, todo detallado en un plan autorizado por el SAG al mes siguiente. 

Todo normal hasta entonces, cuando contraviniendo a la ley hicieron otro plano, en el que el loteo quedó subdividido en 89 sitios, cada uno con una superficie de mil metros cuadrados, aproximadamente, poniendo el lugar a la venta y contemplando la construcción de calles, pasajes, rotondas y áreas verdes. 

Vendieron los sitios, formando una población en el lugar que seguía siendo suelo agrícola, sin solicitar ni obtener un cambio de uso de suelo, posibilidad que incluso seguía vetada, pero con un alto despliegue de publicidad, continuaron con su negocio. 

Se firmaron escrituras públicas de compraventa de lotes y cesión de derechos sobre la parcela, mientras esta era objeto de medidas precautorias, prohibiciones de celebrar actos y contratos, y además embargos. Por otro lado, las escrituras tenían cláusulas que indicaban que el terreno se encontraba libre de todo gravamen y prohibición, por lo que aún no levantaba ninguna sospecha. “Sólo cuando fueron al Conservador de Bienes Raíces a realizar las inscripciones de las propiedades, los  compradores se dieron cuenta de la estafa y se encontraron con la cruda realidad. El terreno tenía embargo e incluso riesgo de remate”, indica Ramiro Moya. 

Un largo camino legal

El camino procesal no ha sido fácil. Desde el inicio de las primeras acciones judiciales, el Juzgado de Garantía de La Serena fue escenario de formalizaciones, reformalizaciones, ingreso de querellas, aumentos de plazos, modificación de cautelares y reaperturas de la investigación. Así lo relata el abogado Moya, quien asegura que “estas personas siempre recurrieron a artilugios para zafar, no comparecer incluso presentando certificados médicos falsos. Hasta recursos de amparo presentaron, pero afortunadamente se decretó la prisión preventiva. Después ellos apelaron, y quedaron con otras cautelares, pero en definitiva esto va a posibilitar que se pueda iniciar este juicio”, sostuvo el profesional. 

Investigación de la fiscalía

Quienes representarán al Ministerio Público en este juicio serán el persecutor Rodrigo Céspedes, en los casos de La Serena, y Yocelyn Weisser de Coquimbo. Consultados desde la Fiscalía indicaron que el litigio podría extenderse hasta por 66 días hábiles, según sus cálculos. 

Respecto a la cantidad de víctimas, precisaron que la cifra bordearía las 200 personas y que fueron defraudadas en un total aproximado de $2.500 millones.

Además del delito de estafa, para el ente persecutor los acusados cometieron “el delito reiterado de loteos irregulares, que consistiría en formar poblaciones en zonas rurales sin contar con autorizaciones legales, realizando actos de urbanización como es la apertura de caminos, instalación de postes de alumbrado, y suministro de agua que no es apta para consumo humano”. 

Por estos ilícitos, están solicitando penas que van desde los 5 años y podrían llegar hasta los 22 años de presidio, “en forma diferenciada de acuerdo a la participación en los hechos de cada uno de los tres imputados y según se pueda acreditar ante los jueces”.

Distintas responsabilidades

Para el abogado Ramiro Moya, además de la estafa y los loteos irregulares, aquí también cabría el delito de asociación ilícita. “Aquí hubo una organización, donde existía un líder, y otras personas con funciones determinadas dentro de la organización que estaba determinada y agrupada para cometer acciones ilícitas, por tanto, en mi acusación yo sumé este tercer delito”, puntualizó.

Sin embargo, aclara, las responsabilidades serían diferentes. En esa línea, dice Moya, Ximena Burdiles sería la que está en peor posición. “Por los tres delitos, ella estaría arriesgando 25 años”, indica. Respecto a Juan Miranda,  y el abogado Flavio Gómez, el tercer imputado, las penas serían menores. “Esto se explica porque Juan Miranda ha reconocido en el estrado la comisión de algunos delitos y ha colaborado sustancialmente en la investigación, y por otro lado, lo de Gómez tiene otra connotación”, explicó. 

Las defensas

Los tres imputados están siendo defendidos por abogados diferentes. Mientras que Juan Miranda y Ximena Burdiles tienen un defensor penal público; Flavio Gómez, acusado por una supuesta complicidad, optó por la defensa privada. 

Pía Bustos se está haciendo cargo del caso de Miranda, y si bien prefiere no entrar en detalles sobre la estrategia que utilizará durante el juicio realiza algunos alcances generales respecto a la acusación. Según admitió, esta sociedad era propietaria de diversos inmuebles en distintos sectores de La Serena y Coquimbo.

“En el caso de los de Pan De Azúcar tenían terrenos que al no estar dentro del radio urbano de la ciudad mantenían la prohibición de poder ser subdivididos en lotes de menos de 5.000 metros cuadrados cada uno. Sin embargo, los socios de Parcons  decidieron subdividir en 1000 metros cuadrados y luego de esto, poner a la venta los derechos de propiedad lo que implica, en términos legales, tener el derecho de uso, goce y disposición pero debido a la irregularidad que existía en la venta que era bajo lo que se permitía, lo que se vendió fueron los derechos sobre lote completo, y de acuerdo a la escritura esos derechos recaían en un lote específico de los subdivididos. Esta fue la operación ilegal que en definitiva ellos realizaron”, expresó Bustos.

Lo que marcaría la diferencia entre su defendido y los otros implicados es que Miranda, tal como señaló Ramiro Moya, estaría colaborando con la investigación al menos en uno de los delitos.

“Aquí hay dos delitos por los cuales está acusando la Fiscalía y la parte querellante. Primero, es lotear de manera irregular estos terrenos de los que la sociedad era dueño, y el otro delito es la estafa. ¿Por qué? Porque hubo denuncias de las personas que compraron estos inmuebles, hubo querellas, y estas personas señalan que fueron estafadas, por cuanto entendieron comprar lotes específicos y delimitados, en cambio sólo pudieron adquirir derechos sobre el inmueble (…) Mi representado en el transcurso de la investigación admitió algunos de los hechos que se le imputan, específicamente que se lotearon estos terrenos sin cumplir con la normativa vigente, es decir, que no podían subdividirlos en menos de 5.000 metros cuadrados”, explicó la defensora. 

En relación a la estafa y la responsabilidad de Juan Miranda, la abogada Bustos asegura que es discutible ya que en las escrituras públicas aparece que lo que se vende finalmente son derechos, y que no se transfiere la propiedad que es lo que las víctimas están señalando. “En definitiva, y en relación al señor Miranda, lo que nosotros vamos a argumentar es que aquí la colaboración sustancial de su parte, con la fiscalía y el reconocimiento de los hechos debería representar una atenuante”, expresó Bustos. 

Hasta el cierre de esta edición fue imposible contactar a la defensa privada de Flavio Gómez, imputado como cómplice. En tanto, el defensor penal público Rodrigo Barrera, quien representa a Ximena Burdiles, expresó que ni él ni su representada realizarían declaraciones antes del inicio del juicio. 

Bienes nacionales

Consultados en Bienes Nacionales, la Seremi Giannina González expresó que desde su cartera tenían conocimiento del caso. “En el año 2018 llegó un grupo de vecinos pertenecientes a distintos sectores de la región, entre ellos, Pan de Azúcar de Coquimbo, afectados por los ‘loteos brujos’, quienes en el año 2014, compraron derechos, los cuales les permitirían adquirir terrenos de 1000 mt2 a la empresa Parcons Propiedades, con la promesa de ser inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y obtener finalmente el título de dominio”, explicó la Seremi. 

Alertados, se realizó un catastro de las personas que fueron afectadas por este tipo de ventas, donde la Seremi de Bienes Nacionales, terminó presentando ante Fiscalía 18 denuncias realizadas a través de la página web del ministerio, con el objetivo de detener la venta de loteos irregulares. “Entendemos que el próximo día martes se inicia el juicio, del cual como ministerio estaremos atentos a lo que resuelva la justicia (…) Invitamos a las personas que se informen antes de comprar un terreno, acercándose a nuestra oficinas en La Serena o en Ovalle y en caso que hayan sido víctimas, los invitamos a seguir haciendo las denuncias en los organismos correspondientes como la Fiscalía, PDI o Carabineros. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que este engaño no siga ocurriendo, y la mejor forma de evitarlo es que usted se informe antes de realizar tan importante inversión”, indicó la autoridad.

 

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