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Lautaro Carmona
La funcionaria pública participó de una nueva sesión de la Comisión Investigadora del “Papaya Gate” en la Cámara de Diputados. La profesional expuso los reparos que manifestó en varias oportunidades a la justificación técnica de la compraventa.

Patricia Figueroa, funcionaria del Departamento Jurídico del Gobierno Regional de Coquimbo, expuso en la más reciente sesión de la Comisión Investigadora por el “Papaya Gate”, y con su testimonio la instancia de la Cámara de Diputados avanza en el esclarecimiento de las responsabilidades en torno al bullado caso de presunto fraude al fisco.

La abogada ejerció como jefa subrogante de la unidad entre agosto del 2019 y febrero de 2020, antes de que asumiera en el cargo Eduardo Espinoza, autor del cuestionado contrato de compraventa, por lo que entregó detalles de la tramitación final del proyecto, ante el cual, afirma, hizo ver en varias oportunidades sus reparos.

Figueroa fue testigo de las objeciones de Contraloría, que alegaba que no se contaba con los argumentos técnicos necesarios para justificar una compra por trato directo y a tan alto valor. En su calidad de jefa del Departamento Jurídico debía ingresar la resolución con las respuestas a dichas observaciones, las que, a su juicio, seguían sin cumplirse, lo que extendió el proceso y con ello las presiones. “Nunca se había dado que fuéramos tantas veces a Contraloría”, dijo ante la Comisión.

 

Concretar la compraventa

En este punto, la profesional acusó la insistencia del exadministrador regional, José Cáceres, y de la exintendenta Lucía Pinto, por la concreción de la compraventa. “Sin duda que hubo un grado de insistencia fuera de lo normal, desde el punto de vista presupuestario, por parte de José Cáceres, en el sentido de que se caía el presupuesto si esto no se lograba (...) pidió exclusividad a concretar esta compraventa”, señaló Figueroa.

En cuanto a la exjefa regional, indicó que tuvo una reunión presencial con ella. “Me llamó, estaba con Cáceres, y me pidió prioridad, porque  me estaba demorando mucho con el tema de Contraloría. Le dije que yo no lo mandaba porque no estaba convencida de la justificación técnica, porque no era concluyente y porque quería hacerlo de manera acuciosa”, relató la funcionaria.

En febrero de 2020 le notificaron que no seguiría en la jefatura y que asumiría Eduardo Espinoza, quien meses después habría informado a los funcionarios del Departamento que él se haría cargo personalmente de la compra del terreno de San Ramón, tras lo cual se generó el segundo contrato -el 3 de julio de 2020-, con el cual se eludió la toma de razón de Contraloría.

En este punto, causó extrañeza a la funcionaria que “en calidad de unidad técnica nunca pedimos recursos para pagar un contrato en la notaría”, considerando que el primero tuvo un valor cercano a los $400 mil pesos para el Gobierno Regional. Además, de su declaración se desprende el hecho de que “en un contrato se permite que actúen ambos abogados de manera conjunta, en el otro no”.

A juicio del diputado Matías Walker, este punto es el que “fraguó la operación”, puesto que “se facultó a la parte interesada, al privado, unilateralmente inscribir en el conservador la compraventa sin esperar el trámite de la toma de razón”.

 

Una “orden ilegal” y un nuevo abogado

Figueroa afirmó que el 15 de septiembre del mismo año -cuando ejercía como profesional y ya no como jefa- se les pidió tramitar las resoluciones que autorizaban las compras de los inmuebles de Coquimbo y La Serena.

“Independiente del contrato que se celebró estaba la intención de regularizar esto ante la Contraloría Regional”, dijo, lo que se realizó con la contratación de otro abogado, Roberto Garrido Matamala, bajo la modalidad de trato directo.

Espinoza pidió realizar una reunión para tramitar los reingresos. “Yo contesté ese correo y me representé, porque lo consideré una orden de carácter ilegal, porque ya el 1 de septiembre la Contraloría había notificado la instrucción de dos sumarios administrativos respecto de la compra de los dos terrenos, por lo que me parecía improcedente volver con un quinto reingreso”, sostuvo.

La misma figura de Garrido también está en cuestionamiento, pues se ofreció la suma de 25 millones de pesos para subsanar los problemas derivados de las objeciones de Contraloría y con su trabajo se logró pasar las trabas y concretar la transacción.

 

Avanza el caso

Para los miembros de la Comisión Investigadora, el relato de Patricia Figueroa entrega varios aportes. A juicio del presidente de la Comisión Investigadora, Daniel Núñez (diputado PC), “toda la exposición que ha hecho nos ayuda a dimensionar el conjunto del caso”.

En la misma línea, el diputado Pedro Velásquez, en medio de la presentación de la abogada, señaló que su intervención ayuda a “cerrar el círculo de quienes fueron definitivamente quienes hicieron esta situación para hacer un fraude al fisco”.

Además, el parlamentario sostuvo que “aquí estamos frente a un hecho realmente irregular. Aquí hubo un complot de las diversas autoridades que utilizaron, de alguna manera, la labor de los funcionarios públicos que están en distintos estamentos para lograr sus objetivos”.

En la misma línea llamó a los funcionarios a “no tener miedo” y agregó que “hoy la señora Patricia está dando la cara, pero la exintendenta (Lucía Pinto) no lo está haciendo”.

 

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