• Todavía no llega la calma al Gobierno regional, pero a medida que pasa el tiempo las entidades correspondientes van esclareciendo y determinando responsabilidades en el caso.
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Lautaro Carmona
La Contraloría entregó la fecha clave en que los sumarios estarán finalizados tanto en el Gobierno como en el Municipio de La Serena tras la compra de terrenos por los que el Gore pagó $9.800 millones a sociedades inmobiliarias sin la Toma de Razón del ente fiscalizador para financiar un proyecto deportivo de la casa edilicia. Las sanciones van desde una amonestación verbal hasta la destitución, con la consecuente inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años. La pena también aplica para quienes renunciaron y corre en paralelo con el proceso judicial que podría terminar con cárcel para los responsables.

En silencio, pero avanzando se encuentra la investigación por el denominado Papaya Gate. El caso involucra la compra de terrenos para la construcción de un complejo deportivo en La Serena por los que el Gobierno regional desembolsó la suma de 9.800 millones de pesos, sin la Toma de Razón de Contraloría que objetó la transacción en cuatro oportunidades, principalmente por existir un supuesto sobreprecio. Pese a ello, el Gore elaboró un segundo contrato que no pasó por el órgano fiscalizador y pudo concretar el millonario negocio con el grupo de sociedades inmobiliarias Guayacán SPA y otras.

Graves consecuencias

El Contralor regional Hugo Segovia no tardó en poner en conocimiento al organismo a nivel nacional, y a su vez los antecedentes fueron presentados a la Fiscalía por un presunto Fraude al fisco. Así las cosas, el Gobierno regional y otras entidades públicas en la actualidad están siendo investigadas penal y administrativamente, por el Ministerio Público y la Contraloría.

Tras el escándalo hasta ahora han renunciado la ex intendenta regional Lucía Pinto, según dijo, para dedicarse 100% a su defensa y el ex administrador regional José Cáceres, quien salió del cargo el primero de septiembre, antes que explotara el caso. Al ingeniero comercial se le cuestiona por sus vínculos con las sociedades vendedoras.

5 años sin poder ejercer cargos públicos sería una de las mayores sanciones aplicables administrativamente.

Con la llegada del nuevo jefe regional, Pablo Herman, se suponía que varios funcionarios saldrían de sus cargos, sin embargo, hasta ahora, además de Pinto y Cáceres, sólo han hecho efectiva su renuncia, luego que les fuera solicitada, el ex jefe del Departamento Jurídico del Gore, Eduardo Espinoza, Rocío Ramírez de la División Presupuesto e Inversión Regional y Sara Contreras, la ex Jefa de Gabinete de Lucía Pinto.

Retomando confianzas

Todavía no se ha designado a los reemplazantes de quienes han partido, ni tampoco se sabe a ciencia cierta si se solicitarán más renuncias. Por lo pronto, Herman intenta retomar las confianzas y poder concretar proyectos importantes para la región, como los hospitales de La Serena y Coquimbo. En esa línea, ya sostuvo una reunión vía zoom con el Contralor regional Hugo Segovia, la que si bien tuvo un carácter protocolar, significó el primer paso para avanzar en una relación que siempre se mantuvo tensa  durante la administración anterior.

Respecto a la investigación sumaria y penal que se lleva a cabo, el Intendente ha manifestado en reiteradas oportunidades que prestará toda la colaboración necesaria para que se clarifique cuanto antes.

Las indagatorias

Las investigaciones avanzan de manera paralela. Por un lado, el Ministerio Público ordenó las primeras diligencias el pasado 5 de octubre a la Brigada Anticorrupción de la PDI, y estuvieron tanto en la Intendencia como en el Municipio de La Serena desde donde se llevaron computadores e incluso celulares de algunos funcionarios. A partir de ahí se trazaron algunas líneas de investigación, pero el proceso está recién comenzando y aún se estaría lejos de una eventual formalización, pese a que el trabajo continúa. Así lo detallan desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, donde, si bien no entraron en detalles, puntualizaron que “la Unidad Regional Anticorrupción sigue trabajando y existen diligencias en curso”.

Desde Contraloría el proceso estaría más avanzado, y de hecho ya habrían citado a declarar a todos quienes participaron en el proceso de compraventa de los terrenos. De hecho, consultados entregaron una fecha estimada respecto a cuándo podrían tener novedades con las eventuales sanciones administrativas correspondientes, las que podrían ir desde amonestaciones verbales hasta la destitución de cargos –a lo que también se expone la ex intendenta Lucía Pinto, pese a haber renunciado con posterioridad al hecho sumariado-. Este último punto trae aparejada la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de tiempo determinado que podría llegar hasta los cinco años. Estas sanciones se conocerían a fines de noviembre, según informaron desde el órgano fiscalizador.

Cronología

24 de septiembre 2020

Sale a la luz el escándalo y dos días después la intendenta debe renunciar

21 de octubre 2020

ElBarómetro.cl da a conocer detalles inéditos del caso y surgen nuevos posibles involucrados.

30 de noviembre de 2020

Sería la fecha en que la Contraloría dé a conocer las sanciones administrativas.

 

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