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Tras la audiencia de Cautela de Garantías solicitada por la defensa de Lucía Pinto, el Ministerio Público, que anteriormente se había negado a poner en conocimiento los antecedentes aduciendo que se trataba de una investigación reservada, esta vez, frente al juez de garantía, no tuvo inconvenientes en comprometer la entrega de documentos a la ex autoridad el próximo miércoles 11 de noviembre, en un procedimiento marcado por las ambigüedades en donde ni siquiera quedó claro si Pinto se encuentra en calidad de imputada en la actual etapa procesal.

Pasadas las 12:00 de este miércoles comenzó la audiencia de Cautela de Garantías que había solicitado la defensa de la ex intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto Ramìrez, investigada en el presunto Fraude al fisco por 9.800 millones de pesos tras una compra de terrenos por parte del Gore a particulares a un posible sobreprecio y sin la Toma de Razón de la Contraloría.

En lo concreto, lo que buscaba Pinto y su defensa era tener acceso a la carpeta de investigación que solicitaron previamente a la Fiscalía, pero que les fue negada debido a que desde el ente persecutor aseguraban que tenía carácter de reservada, algo que los abogados de la ex autoridad consideraron ilegal, por lo que decidieron presentar el recurso y que el tribunal resolviera.

Argumentos de la defensa

Las posibilidades de que Lucía Pinto se hiciera presente, eran escasas, pero estaban. De hecho, el juez Roberto Gahona preguntó por ella iniciada la audiencia, pero sus representantes adujeron que no había sido citada.

Así las cosas, quienes sí formaron parte de la discusión fueron, por parte de la defensa de Pinto,  los abogados Samuel Donoso y Bárbara Yevenes y en representación del Ministerio Público la Fiscal Regional de Valparaíso Claudia Perivancich y el Fiscal Patricio Toro.

Una vez que los intervinientes se individualizaron, el magistrado Gahona dio la palabra y fue Samuel Donoso quien abrió los fuegos. De inmediato relató que el pasado 16 de octubre pidieron las copias de las carpetas investigativas por primera vez y se les informó que no era posible entregarlas debido a la reserva absoluta por un plazo de 40 días, desde el 16 de septiembre.

En ese entendido, y pese a que vieron tintes de ilegalidad en el rechazo a la solicitud, esperaron a que se cumplieran los días dispuestos, ya que faltaba poco para eso. Sin embargo, cuando el plazo llegó la dificultad se mantuvo. Así lo manifestó Donoso. “Cuando procedimos a pedir las copias nuevamente el 27 de octubre, y que es lo que motiva esta cautela de garantía, la respuesta fue nuevamente rechazar por haberse ampliado la reserva absoluta de la investigación por 40 días más”.

Y aquí el punto en discordia, según Donoso, puesto que la norma que regula este punto establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal, que permite ampliar la reserva establece que efectivamente podrá ser así, pero no puede haber oposición si quien las solicita es el imputado o su defensa, mucho menos de la totalidad de ellas, ya que en cualquier caso, incluso habiendo sido declarada la indagatoria como secreta, sólo se podrían restringir facciones del texto, y no toda la investigación como ha hecho el Ministerio Público.

“Si a la defensa se le cercena el derecho a tener acceso a la carpeta, sólo puede ser por 40 días. En consecuencia, esta última resolución que nos niega el acceso a las copias tiene dos situaciones que no son legales. La primera es que no puede haber reserva absoluta y la segunda es que se nos restrinja a la defensa este derecho habiendo pasado los 40 días, en circunstancias de que se puede hacer, pero es inoponible a la defensa, por lo que se vulnera claramente el derecho a la defensa y al debido proceso”, expresó Donoso.

La solicitud

Expuestos los argumentos de la defensa, se solicitó formalmente que se adoptaran las medidas para que se pudiese acceder en lo inmediato a la carpeta de investigación. Además, que la entrega sea de manera semanal; ordenar al Ministerio Público que se haga una foliación (enumerar); y por último que se coordine poder acceder a la evidencia física que se pueda haber acumulado hasta ahora.

Fiscalía accede  

La persecutora jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich respondió a la defensa. Sin entrar en detalles respecto al ámbito de acción en relación a lo que les permite la ley, ni tampoco con el ánimo de discutir la situación procesal de Pinto que la pudiese situar como imputada, manifestó que no tenían inconvenientes en entregar a la defensa copias de lo solicitado, eso sí, aseguró que preferían mantener la reserva de la investigación por el plazo que resta de la indagatoria.

Respecto a las solicitudes adicionales, como el entregar copia una vez a la semana, precisó que esto escapa a la normativa, y que serían entregadas en la medida que fueran solicitadas “entendiendo que Lucía Pinto pudiese ser imputada en la investigación”.

Los acuerdos

En definitiva, el Juez Roberto Gahona resolvió acoger la solicitud de la defensa, puesto que efectivamente la reserva no podía ser total, ni la primera que realizó el Ministerio Público, como tampoco la segunda –ampliada- que dio lugar a que se solicitara el recurso legal.

Si bien la fiscal expresó que podían entregar los antecedentes totales, el día viernes, posteriormente y para las  pruebas fueran foliadas, se estableció que una fecha prudente para todo ello era el próximo 11 de noviembre.

 

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