• Por estos días, el Gobierno Regional todavía intenta subsanar el descalabro económico que dejó el denominado “Papaya Gate”, en el intertanto el proceso judicial avanza.
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Lautaro Carmona
La negativa del Ministerio Público de entregar una copia de la carpeta con los antecedentes por el presunto fraude al fisco en el que Lucía Pinto es indagada, llevó al abogado defensor de la otrora jefa regional, Samuel Donoso, a solicitar una Audiencia de Cautela de Garantías por considerar que en este acto se vulneran los derechos de su representada y perjudican el debido proceso. Intervinientes guardan silencio, pero se referirían a la situación una vez finalizado el trámite, cuando el juez determine si la entidad persecutora debe entregar o no la información requerida a la ex autoridad.

Pasado el mediodía de hoy -bajo la jurisdicción del Juzgado de Garantía de La Serena-, se llevará a cabo una audiencia de Cautela de Garantías, solicitada por la defensa de la ex intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto Ramírez, quien renunció a su cargo luego que se develara el caso denominado Papaya Gate, en el que se investiga un posible fraude al fisco.

Debido a las actuales condiciones sanitarias, el procedimiento judicial se realizará vía zoom, en la segunda sala y estará a cargo del magistrado Roberto Gahona Rojas.

Imprevista solicitud

De acuerdo al escrito presentado al tribunal el pasado 29 de octubre por Samuel Donoso Boassi, abogado defensor de Pinto, se solicita efectuar “a la brevedad” un encuentro entre los intervinientes y el juez para resolver en relación a posibles faltas en las que estaría incurriendo el Ministerio Público al no facilitar el que se cumplan todas las garantías establecidas en la Constitución de la República y las leyes ordinarias, tendientes a que su representada -Pinto- tenga un debido proceso.

Según el documento, se debe discutir en específico la imposibilidad de la defensa para acceder a los antecedentes de la investigación, pese a que se han requerido reiteradamente a la Fiscalía. A juicio de Donoso y su equipo “las negativas recibidas son improcedentes” ya que se fundan en la reserva de la investigación. De hecho, así lo consigna de manera textual la respuesta emanada del ente persecutor: “No se accede a entregar las copias solicitadas atendido a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, por haberse ampliado la reserva absoluta de todas las piezas de la investigación por 40 días, con fecha 26 de octubre de 2020”.

Sin conformidad 

La contestación claramente no dejó conforme al abogado de Lucía Pinto, quien consideró que, a lo menos, se debiese distinguir entre las piezas que son de carácter reservado, no pudiendo serlo la totalidad de estas. Fue así como no le quedó otra alternativa que recurrir al tribunal solicitando la audiencia de Cautela de Garantías, la que fue acogida por el Juzgado de Garantía de La Serena que respondió positivamente el 30 de octubre, de acuerdo al documento del Poder Judicial, fijando el procedimiento para hoy miércoles 4 de noviembre del 2020, durante la mañana, o lo más probable, pasado el mediodía.

Silencio de los intervinientes

Consultados en el Ministerio Público, desde la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso se limitaron a confirmar la información y señalar que se harán presentes en la audiencia, pero no entregaron detalles de la hipótesis que plantearán frente al juez Roberto Gahona respecto a por qué no han entregado la carpeta de investigación a los solicitantes.

Por su parte, cercanos a Lucía Pinto aseguraron que ella no hablaría. Sí lo haría su abogado Samuel Donoso, pero posterior a la audiencia.

Quien sí se manifestó previo al trámite judicial, aunque escuetamente, fue el padre de la ex intendenta, Floridor Pinto, reiterando el apoyo para su hija. “Lo único que te puedo decir es que tengo la convicción de que ella es inocente y ojalá esto se realice de manera más rápida para que avance pronto y se pueda saber la verdad”, expresó.

Cautela y posibilidades 

Ante el silencio tanto de la Fiscalía como de la defensa de Pinto, abogados independientes de las partes clarifican dudas respecto a las cautelas de garantía y las circunstancias en las que se solicitan. Según el penalista y ex fiscal regional Enrique Labarca, la no entrega de las carpetas de investigación se está tornando en una costumbre para el Ministerio Público, por lo que esta solicitud se ha hecho cada vez más frecuente. “En el último tiempo la Fiscalía está diciendo que no las entrega (las carpetas de investigación) por el tema de la pandemia, porque no hay gente, etc..., pero resulta que estos antecedentes para los imputados son imprescindibles, y son un derecho. El acceso a estas copias forma parte del derecho a la defensa, porque yo no me puedo defender si no sé de qué me estoy defendiendo”, clarificó Labarca.

Otras tesis

Lo explicado por el ex fiscal es una de las opciones del por qué se le niega la copia de la carpeta a la defensa de Pinto, pero existen otras tesis. En la oficial, tal como señala el escrito, el Ministerio Público ha dicho que las indagatorias son reservadas y por ello no se han entregado los antecedentes solicitados. Sin embargo, tanto Labarca, como el también abogado penalista Carlo Silva, coinciden en que el secreto no puede ser total. “El Ministerio Público tiene la posibilidad de declarar secreto en ciertas piezas en la investigación, pero la defensa puede reclamar que no sea en toda y que esta reserva sea en un tiempo acotado. Es decir, se libere en algún momento”, manifestó Silva.

En relación a la respuesta del Juez, eso sí, Silva es claro, pese a que la solicitud de la defensa está fundada, el magistrado también podría determinar que para los efectos de que la investigación continúe de buena manera es necesario que se mantenga la reserva que pretende mantener la Fiscalía. Eso es lo que se determinará el día de hoy.

¿No está imputada?

En reiteradas oportunidades desde los círculos cercanos a la ex intendenta han remarcado que “Lucía no está imputada por ningún delito”, sin embargo, si fuese así, su defensa no estaría pidiendo copia de la carpeta de investigación, ya que solo tienen facultad para realizarlo los imputados y las víctimas.

Pese a que desde la defensa han manifestado que la razón que les dieron para no entregarles los antecedentes es la reserva, no se puede descartar que en el marco de la argumentación durante la audiencia, el Ministerio Público esgrima el hecho de que todavía las indagatorias –en ningún momento del proceso hasta ahora- han estado dirigidas específicamente a la persona de Lucía Pinto, por lo que no podría atribuirse formalmente la calidad de imputada. Si se utiliza este argumento, la ex autoridad no tendría ninguna forma de acceder a los antecedentes al menos por el momento.

El pronóstico

Para al abogado Carlo Silva, pese a que la decisión final corresponde al tribunal, “lo racional” sería que el juez diera un determinado plazo más al Ministerio Público para mantener el secreto (en caso de que esta sea la tesis esgrimida), “para que la parte investigada  no distraiga pruebas, no modifique documentos, etc…, que es la lógica por la cual se resguarda el secreto en un proceso de indagatorias”, indica Silva, pero enfatiza en que esa reserva debería ser para lo nuevo, es decir, las diligencias que se están realizando o realizarán, no así para lo que ya se efectuó. “Todo lo que ya está, y que incluso ha aparecido en reportajes de prensa debiese entregarse, porque ya lo sabemos. Creo que esa es una solicitud lógica que hace la defensa y debiese darse esa oportunidad”, finaliza Silva.

Por lo pronto, solo queda esperar esta primera determinación judicial en el denominado “Papaya Gate”, que llegó a los tribunales mucho antes de lo que todos esperaban. Luego de este trámite judicial, pasarán varios meses para que los intervinientes vuelvan a encontrarse, y solo si finalmente se determina que existió algún tipo de delito más allá de las faltas administrativas.

Antecedentes previos

Cabe señalar que la investigación tiene su origen en la compra de terrenos por parte del Gore a las inmobiliarias Guayacán SPA y otras para la construcción de un Complejo Deportivo en La Serena. Luego de que el Gobierno Regional firmara el contrato con los privados, la Contraloría no tomó razón debido a que detectó un posible sobreprecio. Aun así, y saltándose la normativa, la transacción se llevó a cabo y hoy el dinero del Estado -$9.800 millones de pesos- pasó a manos de los empresarios sin la autorización del organismo fiscalizador, quienes entregaron los antecedentes a la justicia.

Cronología

29 de octubre de 2020

Defensa envía escrito al Tribunal solicitando una audiencia.

30 de octubre de 2020

El Tribunal responde favorablemente y se cita a una audiencia de cautela de Garantías.

04 de noviembre de 2020

El día de hoy es la fecha en la que se determinará si se le entrega una copia de la carpeta a la defensa de Pinto.

 

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