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Lautaro Carmona
Parlamentarios y expertos legales afirman que el rol del Consejo de Defensa del Estado será vital para poder restituir al Gobierno Regional los 9.800 millones de pesos por la compra de los terrenos de San Ramón.

Los integrantes de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de fiscalizar el denominado caso “Papaya Gate” entregaron el pasado martes las conclusiones de cinco meses de trabajo.

En el sexto punto del documento emitido por los parlamentarios, sostienen que “solicitamos a dueños de las inmobiliarias la devolución de los dineros, creemos que la comisión aportó antecedentes claves que permitió al Consejo de Defensa del Estado formarse la convicción de estar en presencia de delitos y querellarse en contra de los responsables por fraude al fisco”. Además, se llamó a la anulación del contrato de compra venta y que se restituyan al Gobierno Regional los dineros pagados.

Al respecto, el diputado Marcelo Díaz afirma que este caso no puede quedar solo en la sanción política, administrativa y eventualmente penal, sino que también debe procurarse “por todos los medios que franquea la Ley” la restitución de esos recursos al patrimonio del presupuesto regional.

“Nosotros hacemos una exhortación política, porque somos una cámara política, para que los privados reaccionen. Al mismo tiempo, espero que exista proactividad del Ministerio Público y otras instituciones. Yo creo que para reparar el daño no solo debe haber sanciones de todo tipo, sino también recuperar esos dineros que para el presupuesto regional son muy significativos”, sostuvo.

Díaz explica que una de las vías es solicitar la nulidad de los contratos. “Al establecer que el contrato fue celebrado de manera fraudulenta podría anularse y pedir la restitución de estos recursos. Le corresponde a la Justicia examinar cuáles son los caminos y el CDE debe ver cuáles son las vías penales y civiles”, dijo.

A su vez, el diputado Matías Walker, afirmó que es una aspiración que se pueda resarcir el perjuicio al presupuesto del Gobierno Regional por un precio que fue desproporcionado y sin el trámite de legalidad por parte de la Contraloría.

“Para mí, desde el punto de vista jurídico, el obligado al pago son las sociedades vendedoras y probablemente pueda ser parte de una acción civil por parte del Consejo de Defensa del Estado. Es una aspiración de la comisión investigadora, pero quienes pueden finalmente pedir la restitución del precio son los tribunales de justicia”

En este contexto, desde el Consejo de Defensa del Estado, su presidente (S) Daniel Martorell expresó, durante su participación en la Comisión Investigativa, que “no queremos esperar que el proceso penal vaya derivando en acciones civiles”, por lo que se está estudiando una demanda que permita anular el contrato, dejar sin efecto la inscripción conservatoria y así generar una indemnización de los dineros involucrados.

 

Lesión enorme

Según señalan los expertos, se podría argumentar “lesión enorme”, que es una figura jurídica que permite rescindir un contrato de compraventa cuando una de las partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio. Esto ocurre cuando el comprador paga más del doble del valor real del bien.

Los profesionales consultados por El Día afirman que para poder hacer uso de esta figura legal se debe contar con un informe concluyente de expertos tasadores de buen nivel y conocimiento de la zona.

 

Vía administrativa

El abogado y ex asesor jurídico de la ex Intendencia Regional (actual Delegación Presidencial Regional), Claudio Olavarría, profundizó en las vías que existen para restituir los fondos utilizados en la compra de los terrenos de San Ramón.

En cuanto a la la administrativa, declara que “la misma entonces intendencia regional hubiese generado una decisión administrativa atendido que las platas fueron mal invertidas, porque se saltó el trámite de Contraloría que da la visación de legalidad del gasto, esas platas carecen de causa, del punto de vista de cómo se liberaron. La administración tiene la facultad de pedir la devolución de las platas, anulando el acto administrativo que es la resolución que aprobó la compra de esos terrenos”.

Olavarría señala que si bien las autoridades pueden dictar los actos, no tienen la ejecutividad. “Esto se debe hacer a través de un juicio para que compulsivamente, forzadamente, los que pagaron este dinero devuelvan los recursos al Estado y se retrotrae todo jurídicamente para atrás. La administración tiene dos años para pedir la invalidación del acto”, sostiene el ex asesor del Gobierno Regional.

Cabe recordar que esta medida ya lo había solicitado, en noviembre de 2020, el ex candidato a gobernador regional Darío Molina, quien exigió un procedimiento invalidatorio conforme a la Ley 19.880 (bases de los procedimientos administrativos) que buscaba la nulidad de los actos que validaron los pagos por $9.800 millones en la compra del terreno de San Ramón. Pero, aparentemente, sin un resultado positivo de parte de las autoridades regionales.

 

La vía civil

Otra es vía es la civil. El abogado Claudio Olavarría explica que se puede apuntar a un vicio de nulidad absoluta por haber faltado solemnidades legales que son esenciales en el acto jurídico de compraventas de un bien público.

“Eso necesita que alguien, que podría haber sido el mismo fisco, ejecute la demanda de nulidad de derecho público. Entiendo que el CDE tiene las herramientas para hacerlo”, afirma Olavarría.

Otros expertos consultados afirman que las medidas expuestas por Olavarría son las más indicadas, pero que lo más posible es que los abogados del fisco van a esperar a ver qué ocurre con la vía penal y si existe una condena contra Lucía Pinto, José Cáceres y el resto de los involucrados, para recién pensar en ejercer las acciones civiles del caso.

 

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