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El Día
Fueron detenidos en diciembre del año pasado y formalizados por la ley de control de armas quedando desde esa fecha en prisión preventiva. Dos veces las defensas han solicitado el cambio de las medidas cautelares por considerar que no son proporcionales con el delito que se les imputa, mientras que desde el Ministerio Público insisten que no se han presentado las pruebas que cambien las circunstancias del hecho ni la participación de los acusados.

El día 4 de diciembre la vida de dos jóvenes estudiantes cambió para siempre. Tal como en otras ocasiones desde iniciadas las manifestaciones, Akina junto a Vicente se encontraban participando de las movilizaciones, marchando por sus derechos, cuando llamaron la atención de uniformados del OS7 de carabineros, quienes de civil, observaron que la pareja portaba elementos sospechosos por lo que comenzaron a seguirlos, procediendo a detenerlos en la intersección de calle Anfión Muñoz con Cisternas en La Serena.

Esto ocurrió cerca de las 20 horas del miércoles 4 de diciembre, pasando a control de detención el jueves 5 y quedando en prisión preventiva en calidad de coautores por el delito de transporte y porte de Bombas Molotov o Artefactos similares estipulado en el artículo 10, inciso 2 de Ley de control de armas y explosivos 17.798.

Según consta en la formalización, “fueron observados (…) manipulando y teniendo en su poder varias bombas molotov compuestas por botellas de vidrio pequeñas que mantenían en sus tapas trozos de tela que les sirven como mechas iniciadoras de combustión impregnadas en líquido inflamable Gasolina, además el imputado, Vicente Revello, portaba en sus manos una botella de vidrio (…) conteniendo un líquido inflamable, minutos más tarde, (…) la imputada Akina Nakamura, quien portaba y transportaba en una bolsa color celeste oculta entre sus vestimentas seis bombas molotov las rompió y oculto sobre unas bolsas de basura siendo detenidos por Carabineros en el lugar”.

Por esos hechos el fiscal solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, la que fue acogida por el juez, quedando los dos jóvenes privados de liberad en el Centro Penitenciario Huachalalume, donde permanecen hasta la fecha.

De los más de 800 detenidos durante las manifestaciones (hasta diciembre del 2019), según los registros de la  Defensoría Regional de Coquimbo, desde 18 octubre a 1 de enero se registraron solo 4 detenciones por artículo 10 (referentes a portar molotov) y 14 D (lanzar molotov) de la ley de control de armas y de estos 4 imputados solo dos permanecen en prisión preventiva, Nakamura y Revello.

Según explicó la jefa de estudios regionales de la Defensoría, Yasna Rojas, las medidas cautelares en un caso deben ser proporcionales al delito que se le está imputando al acusado y debería ser una medida excepcional, puesto que existe la presunción de inocencia del imputado.

De acuerdo a la letra c del artículo 140 del código procesal penal, existen una serie de requisitos para que un juez ordene la prisión preventiva de un imputado, las que, a criterio de la profesional, no se ajustan en este caso. 

Ahora bien, ambas defensas, tanto la de Nakamura como la de Revello consideran que la medida cautelar no es proporcional al delito que se les imputa, y que los jóvenes no presentan ser un peligro para la sociedad, por lo que en diversas ocasiones han apelado para que se cambie la prisión preventiva por otra medida cautelar, la que fue denegada en distintas instancias.

En el caso de Akina, su defensor, el abogado Carlo Silva de Defensores Norte, explicó que en dos ocasiones solicitaron el cambio de las medidas cautelares, la primera el 5 de febrero al Juzgado de Garantía y el 13 de febrero a la Corte de Apelaciones, en ambas ocasiones denegada la solicitud.

Según la explicación de Silva, el registro fotográfico de la carpeta investigativa no sustenta la versión indicada por los carabineros que la detuvieron.

“Lo primero que cuestionamos es que la versión de la policía de que la ven a ella poseer y tener en las manos su bolsa no está acreditada, pero ese día le toman a ella (…) muestras de sus manos para hacer una pericia técnica y saber si pueden tener restos de hidrocarburos o material de combustión. Llegó el informe elaborado por la policía y el resultado dice que en sus manos y en los restos levantados no hay ningún antecedente de combustible o elemento que lo vincule a la mantención de elementos explosivos o que permitan que una bomba se encuentre completa”.

Ese, junto a otros argumentos legales, fueron parte de los alegatos que la defensa presentó en las solicitudes. Ahora bien, Silva asegura que además el Ministerio Público no realizó peritajes a las botellas encontradas, evidencia que el Ministerio Público vincula a la acusada con el delito, por lo que, rechazado el cambio de la cautelar, el mismo 13 de febrero solicitó a fiscalía que un perito privado tuviese la oportunidad de revisar la evidencia y realizar diversas pruebas en terreno.

Es por eso que se encuentran a la espera de la fecha y hora que fijará fiscalía para que el perito pueda hacer los estudios.

Respecto a la situación de Vicente, su abogada defensora Elizabeth Rodríguez indicó que “estamos en el proceso de cierre de la investigación y las defensas vamos a utilizar todos los recursos existentes para dejar sin efecto la prisión preventiva buscando un juicio oral y la absolución, es decir que no hay delito”.

Asimismo aseguró que el joven, quien estaba haciendo su práctica profesional como psicólogo, se encuentra en buenas condiciones en el módulo de tránsito de Huachalalume, que recibe visitas constantes de su familia y sus amigos.

Ministerio público

Desde Fiscalía confirmaron la formalización de los dos imputados, Nakamura y Revello, así como también el proceso de investigación que están realizando respecto a los antecedentes del caso.

El cambio de las medidas cautelares solicitadas por la defensa fueron denegadas por el Juzgado de Garantía como también en la Corte de Apelaciones. 

El fiscal Nicolás Nicoreanu, quien alegó en el Juzgado de Garantía, expresó que “primero la defensa solicitó la revocación de la prisión preventiva esgrimiendo nuevos antecedentes que beneficiarían a la imputada. Nosotros consideramos que estos nuevos elementos, que están en la carpeta de investigación por el contrario mantienen la tesis de la Fiscalía en la participación de la imputada y el otro formalizado, toda vez que el peritaje químico arroja que hay elementos en sus vestimentas”.

Además, afirmó que hay un video en que aparecen los policías a corta distancia de los imputados, “por lo tanto aquello da fuerza a las versiones de ellos (policía) en sus declaraciones. La defensa también señala que no hay vestigios de algún acelerante en sus manos, pero no hay que olvidar que si bien puede resultar negativo en el informe hay factores externos que pueden eliminar éstos en corto tiempo. En la causa la imputada negó la autorización y después se debió contar con autorización judicial para tomar muestras en su cuerpo”, agregó.  

La resolución de la apelación presentada en la Corte por Silva el 13 de febrero determinó que los antecedentes presentados por la defensa fueron insuficientes para sostener que se haya producido una variación de las circunstancias, por lo que se confirmaba la resolución apelada el 5 de febrero dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena, que mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

Caso se volvió viral

El caso de Akina provocó conmoción y sorpresa, no solo en sus más cercanos, sino que en gran parte de la comunidad. Quienes han compartido con ella la describen como una persona con carisma, extrovertida, muy activa, emprendedora y trabajadora, una deportista, amiga de sus amigos y dispuesta a darlo todo para ayudar a los demás.

“No es una persona conflictiva, no se mete en problemas, al contrario, es muy racional, practica yoga, lo que le ha servido mucho para pensar antes de actuar” describió Debbie Marchant, una de las más cercanas amigas de Akina desde hace seis años cuando trabajaban juntas de empaque.

Señala que era muy querida y conocida, recibiendo mucho apoyo incluso desde otras regiones. Tanto así que su caso se viralizó a través de Instagram, Facebook y en solo cinco días fue compartido cerca de 5 mil veces con mensajes que dan cuenta del cariño de quienes la conocían.

Contó que participa activamente de eventos deportivos y actividades benéficas, una líder innata querida por quienes la conocían.

Su profesor de basquetbol, Mario Hidalgo, desde hace cinco años es entrenador de la joven y la describió como “súper luchadora en tratar de superarse, tenía muchas actividades pero respondía”.

Confesó que cuando se enteró de la noticia de la detención fue escéptico, “por el perfil de Akina” y tuvo que verificar con la familia la información porque no podía creer que a su pupila se le imputara ese delito.

Es por eso que, junto al equipo de basquetbol, otros docentes, su profesora de yoga y muchos más, han organizado diversas actividades deportivas, musicales, en apoyo de Akina, las que retomarán ahora en marzo, ya que consideran que es una injusticia que la joven de solo 25 años y estudiante de tercer año de enfermería permanezca en prisión.

Respecto a su participación en las manifestaciones, Simón, quien conoció a Akina durante la crisis, contó que ella tenía un rol activo con los vecinos, ayudándolos, organizando cacerolazos y prestando colaboración desde sus conocimientos en enfermería, pero que nunca vio que tuvo una participación violenta.

Por otro lado su padre, Rodrigo, asegura que no bajará los brazos y seguirá luchando para que su hija recupere su libertad, dice que el apoyo que ha recibido la joven ha sido inmenso y que agradecen como familia cada llamado y gesto que han tenido hacia su Akina.

Confiesa que no ha sido fácil para la joven, pero que por su personalidad fue bien acogida por las internas, tanto así que incluso les está dictando clases de yoga en el penitenciario, algo que no le sorprende, pues dice que su vocación para ayudar a los demás es una de sus grandes características. 

 

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