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Leonel Fritis
El Ministerio de Medio Ambiente realizará el trámite de oficio. De esta manera, la empresa se verá obligada a efectuar un Estudio de Impacto Ambiental y en consecuencia, pausar los trabajos.

Esta semana estuvo marcada por las manifestaciones de diversos actores contra la construcción de un proyecto inmobiliario en la desembocadura del Río Elqui, que afectaría al humedal ubicado en el sector. 

Las diversas presiones realizadas desde distintos sectores llevaron al Gobierno a solicitar el proceso de Declaración de Humedal Urbano en el lugar donde se levanta el proyecto habitacional, lo que permitiría exigir a la empresa realizar un Estudio de Evaluación Ambiental.

Así lo confirmó, en exclusiva para El Día, el seremi (s) de Medio Ambiente, Ignacio Pinto, quien expresó que “a partir de la próxima semana, iniciaremos de oficio como Gobierno y Ministerio del Medio Ambiente, el proceso de Declaración de Humedal Urbano de la Desembocadura del Río Elqui”.

Dicha medida será ratificada hoy, a las 11:00 horas, en un punto de prensa que se llevará a cabo en la desembocadura Río Elqui y en la que participarán diversas autoridades y técnicos que justificarán la solicitud.

Recordemos que en la actualidad se levanta en las cercanías del humedal un proyecto inmobiliario de integración social denominado “Condominio Ipanema”. Iniciativa que comprende 297 departamentos y 246 estacionamientos.

A lo anterior, se suma una solicitud realizada por la Municipalidad de La Serena, que si bien habían hecho una férrea defensa del proyecto, respaldando los permisos otorgados por la DOM, ayer emitieron un oficio al Ministerio de Medio Ambiente.

Cabe señalar que también existen peticiones de parte de la senadora Adriana Muñoz y del diputado Matías Walker.

¿Qué viene ahora? Según la normativa, con la presentación de la declaración, el Ministerio del Medio Ambiente deberá iniciar el procedimiento para identificar la zona del humedal y se abrirá un plazo de 15 días, contados desde su publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona presente antecedentes al respecto.

El procedimiento no puede exceder el plazo de seis meses desde la publicación de la resolución. Además, cabe consignar que la calidad de “humedal urbano” puede ser objeto de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente.

Leer también: Se agudiza conflicto por construcción de edificio en ribera del Río Elqui 

Impacto ambiental



Según los expertos, en la práctica esta medida significaría que estos humedales deben ser incorporados a los Instrumentos de Planificación Territorial, como los planos reguladores, como “áreas de protección de valor natural” restringiendo las actividades y obras permitidas en ellos. Adicionalmente, deberán ser evaluadas las actividades susceptibles de generar impacto ambiental sobre estos ecosistemas.

Al respecto, María José Domínguez, directora Ejecutiva Fundación Kennedy, indica que “esto significa que el Ministerio de Medio Ambiente reconoce el ecosistema como humedal urbano y por tanto debe ser protegido dado el valor que tienen para las ciudades y el bienestar de su población. Estos valores son su importancia para el resguardo de la biodiversidad, aporte a la mitigación de desastres naturales como inundaciones, resiliencia ante la sequía, entre muchos otros”.

Agrega la directora de la fundación, que trabaja en la conservación de los humedales, que “bajo la nueva ley, que busca justamente otorgar más herramientas a los Municipios para la gestión de su territorio, existe la posibilidad de congelar el otorgamiento de permisos de construcción, sin embargo, una vez otorgado como en este caso, el retiro es algo muy poco habitual en nuestro país y debe acreditarse una irregularidad para justificarlo, sólo existen un par de casos. Es muy relevante cómo actuará la Municipalidad pues podría sentar un importante precedente para la conservación de los humedales en el país”, explica.

Recurso de protección



Antonia Berrios, abogada litigante de ONG Fima, manifestó que en estricto rigor las edificaciones se rigen por el plano regulador, si este plano permite determinado uso de suelo en principio se podría considerar legal, sin embargo siempre debe considerarse el impacto ambiental que tenga una obra o construcción y por ende puede ser necesario que pase por una evaluación ambiental previa.

“Existen diversos estudios legales, siempre que estén en peligro de vulneración de garantías fundamentales de las personas, como el derecho de vivir en un lugar libre de contaminación, por lo que es posible presentar un recurso de protección y solicitarle a la Corte de Apelaciones la paralización en el tiempo en que se tramita el caso”, señaló Berrios.

De la misma opinión es el abogado Felipe Olivares, quien afirma que “cuando se daña los caudales históricos se produce una afectación a todo el ecosistema, sí o sí termina afectando. Se puede poner un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Este debe ser bien fundamentado en atención a la vulneración de los derechos medioambientales”.

Mayores certezas



En este escenario, Cristián Sayes, gerente corporativo de la Inmobiliaria ISiete, manifestó que ellos funcionan de acuerdo a lo indicado en la ordenanza, reglamento y plan regulador.

“Si se llegase a declarar humedal eso es positivo, porque nos darán la certeza de cuáles son los límites del humedal. Porque si vemos el borde costero existe una laguna artificial y unas casas que son de los vecinos que están reclamando. Esto sería muy bueno para que se proteja la zona declarada humedal y la que está dentro del plano regulador podamos trabajar”, sostiene el ejecutivo de la compañía.

Sayes sostiene que si le solicita una pertinencia o un estudio de impacto ambiental, no tienen problemas en realizarlos. “Nosotros no vamos a hacer más maquinaria, realizaremos un cierre perimetral para que quede claro donde se está trabajando”, explica el gerente, quien agrega que la declaratoria no impide la construcción de la obra, pero sí les exige este estudio ambiental.

“Si los grupos ambientalistas piensan hacer una acción legal y el Tribunal la acoge, nosotros tendríamos que detenernos hasta que se emita un veredicto. Si no acoge significa que están fuera de lugar y seguimos trabajando. Lo que me parece muy bien para que tengamos certezas”, señala Sayes.

 

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