Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Tras la violenta manifestación del día lunes, la intendenta regional Lucía Pinto, y los ediles de La Serena y Coquimbo –Roberto Jacob y Marcelo Pereira- anunciaron que recurrirán a la justicia para identificar a los responsables de los desmanes que dejaron millonarias pérdidas en mobiliario urbano y en locales comerciales. Sumando ambas comunas la reparación de los destrozos costaría más de $500 millones.

10:30 de la mañana del martes y el ambiente en el centro de La Serena es diferente. Pese a las manifestaciones sociales de la última semana, que llevaron al Gobierno a decretar Estado de Excepción Constitucional y toque de queda éstas nunca llegaron a alcanzar el nivel de violencia del día lunes por la tarde.

Lo más parecido había sido lo del pasado 22 de octubre (también lunes) cuando una marcha que comenzó siendo pacífica en la Plaza Buenos Aires, terminó con serios desmanes debido a que la multitud intentó  cruzar la línea que las fuerzas militares y de seguridad habían establecido como límite. Fue ahí cuando comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para hacer retroceder a las personas.  

Pero luego de ello, la mayoría de las manifestaciones tomaron otro cariz. Familias, estudiantes y civiles de todos los sectores comenzaron a agruparse y a realizar actividades deportivas y culturales como una forma de demostrar el descontento popular generalizado. 

Para el miércoles 23, la gente dio una muestra de civilidad aplaudida por todos. De manera inédita desde el retorno a la democracia, en la Ruta 5 Norte se congregaron manifestantes tanto de La Serena como de Coquimbo. Unos caminaron desde el sur y otros en dirección contraria para juntarse en Peñuelas y abrazarse por la causa.

Según las estimaciones oficiales, fueron cerca de 40 mil ciudadanos los que participaron en la histórica manifestación, la que marcó un punto de inflexión y, supuestamente, sería el comienzo del restablecimiento de la calma. Al menos así lo remarcaron las autoridades, quienes a la luz  de los hechos se equivocaron. 

Lunes negro

10:45 y seguimos caminando por el centro de la capital regional. Avanzamos nosotros, avanza el reloj y en cada paso que damos, vemos como alrededor todavía se vislumbran los vestigios del día anterior. Del lunes negro en el que el vandalismo se tomó las manifestaciones y protestas.

A medida que caminamos por calle Balmaceda, en la intersección con calle Cordovez, vemos el primer semáforo en el suelo, más adelante encontraremos más. En el intertanto, locatarios intentando reparar las entradas de sus negocios que fueron víctimas de saqueos, y reforzando la seguridad para que resistan si es que llega a suceder algo similar. 

Los vidrios de sucursales bancarias rotos y los rayados forman parte del paisaje, y en ese contexto encontramos a Raúl Campaña, quien descarga toda su rabia al vernos llegar, exigiendo mayor seguridad en el centro. “Acá tiene que haber más seguridad, no había carabineros mientras los sujetos saqueaban. Esto es casco histórico y debió haber estado resguardado como corresponde, no puede estar tan desprotegido”, dice el trabajador del local de chilexpress, mientras continúa realizando labores para poder volver a atender. 

En la intersección de la Avenida Francisco de Aguirre con Balmaceda, la postal de la Seremi de Trabajo quemada continúa prácticamente igual. Al frente, el edificio del IPS con los ventanales quebrados y en el bandejón más semáforos destruidos, algunos completamente y otros con severos daños. Respecto a las cámaras de seguridad, inutilizables… 11:00 de la mañana y el centro de La Serena no era el mismo. Era el día después de un lunes que nadie quiere que se repita. 

Negativo balance

La intendenta regional Lucía Pinto hizo un negativo balance de la jornada del lunes. Admitió que habían existido alrededor de 2000 mil manifestantes “cuyo único objetivo fue saquear y destruir nuestras ciudades”, precisó, agregando que “este grupo de vándalos tiene como único objetivo que la ciudad no vuelva a la normalidad”. 

Lamentó el hecho de que existan más de 20 carabineros heridos sobre todo porque que uno de ellos había perdido un ojo en el marco de las manifestaciones. En esa línea, indicó que no se quedarían tranquilos hasta dar con los responsables de los daños.

“Ya tenemos individualizados a través de las cámaras de seguridad de los locales a estas personas y tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones se encuentran trabajando. Presentaremos todas las querellas que correspondan”, expresó Pinto, durante un punto de prensa realizado ayer en conjunto con Carabineros. 

La Serena: Imágenes que hablan

Desde el Municipio de La Serena, anuncian una línea de acción parecida. El alcalde de la capital regional Roberto Jacob, precisó que “las imágenes hablan por sí solas”.

Los daños son cuantiosos  “y alguien se tiene que hacerse responsable”, indicó el edil, agregando que tras lo ocurrido el día lunes, la  figura es totalmente diferente. “En principio calculábamos daños avaluados en 50 millones, hasta 100. Pero ahora que vemos siete cámaras de seguridad en el suelo, que cada una vale 18 millones de pesos, esas son palabras mayores, porque hay que sumarle la cantidad de semáforos, que son siete, que se perdieron, y su instalación va en el orden de los 60 u 80 millones de pesos cada uno, dependiendo del daño. Entonces, yo creo que vamos en más de 400 millones de pesos tranquilamente”, enfatizó el edil. 

Jacob es categórico. Apoya las demandas sociales y valora que la gente se manifieste ordenadamente, pero asegura que no tolerará que destruyan la ciudad, por lo mismo, al igual que el Gobierno y valiéndose de las distintas imágenes que ya están en poder de la policía presentará acciones legales contra todos quienes resulten responsables por los daños en el mobiliario urbano y los saqueos. 

Pereira toma acciones

Recorrimos sectores de Coquimbo y en lo que respecta a la zona céntrica, la situación está mucho más calmada que en La Serena. Según aseguran sus habitantes, y ratifica el presidente de la Cámara de Comercio, sólo han existido tres locales saqueados gracias a que desde un principio los comerciantes se pusieron los chalecos amarillos y protegieron su fuente laboral. “Afortunadamente y pese a las protestas, el comercio no ha sufrido tanto como La Serena, pero para salvar diferentes situaciones tuvimos que ponernos en riesgo nosotros mismos”, afirmó Guzmán. 

El edil Marcelo Pereira es mucho más radical en su postura. Admite que el problema no ha estado en el centro, pero desde un principio han estado vigilando, haciendo uso de su drone municipal. “Hemos desplegado nuestros recursos para vigilar y ya tenemos cerca de 60 o 100 personas que hemos visto que están presentes haciendo destrozos y desmanes en diferentes marchas”, indicó Pereira. 

En ese sentido, informó que ya presentaron la primera querella en contra de personas que están individualizadas y prontamente presentarán otras contra quienes resulten responsables, de acuerdo a la información que están recabando las policías en conjunto con el Ministerio Público.

“Yo lo he dicho en todos los tonos. Estamos a favor de lo que la gente legítimamente está exigiendo, pero no vamos a permitir que unos pocos saqueen la ciudad ni nos destrocen los semáforos. Sólo el día lunes nosotros tuvimos 9 semáforos dañados en el sector de la Plaza Las Américas y su reparación tendrá que salir de las arcas municipales. Eso no es justo para la gran mayoría de los coquimbanos”, expresó el edil. 

General rompe el silencio

Durante el Estado de Emergencia fue el General jefe de la Fuerza Nacional Jorge Morales quien canalizó la información respecto a la seguridad. Ahora, sin Estado de Excepción es el General de Carabineros Jefe de la IV Zona Policial, Ramón Alvarado, quien tomó la palabra y condenó lo ocurrido el día lunes fundamentalmente en la capital regional. 

Informó que a la fecha se han detenido a 111 personas por desórdenes públicos y otras 200 por robo en lugar no habitado (saqueos). Además, descartó que  hayan descuidado la seguridad desde que se levantó el Estado de Emergencia.

“Nuestros uniformados se han mantenido resguardando la seguridad de las manifestaciones pacíficas y actuando ante los desmanes que se han producido. Para esto, la institución dispuso de 600 funcionarios, 400 de los cuales están destinados a resguardar el orden público, y los restantes para los servicios preventivos del plan cuadrante”, precisó. 

En relación, al accionar policial durante los desmanes en la marcha de La Serena, precisó que en ningún caso se había dado la instrucción de “no proceder” al contingente policial -duda que había surgido el día lunes- y que los efectivos policiales hicieron su trabajo, logrando detener a 24 individuos, 12 por desórdenes y 12 por saqueos. 

 

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