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Lautaro Carmona
Los municipios de la región en su mayoría han optado por no entregar patentes y cerrar locales con máquinas de premio programado, puesto que ninguna tiene la certificación que entregan las empresas autorizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.

Hace unos días el Gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de ley sobre máquinas tragamonedas que está actualmente en proceso en el Congreso Nacional.

Cecilia Pérez, vocera de Gobierno, enfatizó en que debe regularse sobre todo por “aquellas comunas donde existen sectores más vulnerables que se empobrecen día a día por tener acceso a una oferta ilegal como son las tragamonedas” esto tras un reportaje publicado por el área de investigación de Radio Bío Bío.

La ministra secretaria general de Gobierno adelantó que se establecerán sanciones y fiscalizaciones al uso de estas máquinas.

El reportaje reveló que las máquinas de premio programado que operan en Chile son ilegales puesto que ninguna tiene la certificación que entregan las empresas autorizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.

Su ilegalidad fue establecida en una circular que emitió dicha entidad en 2016 pero que, por carecer de facultades fiscalizadoras, quedó en letra muerta, permitiendo con ello que decenas de alcaldes las autoricen a través de patentes comerciales, como una manera de obtener mayores recursos económicos.

Según indica la nota del área de investigación de Radio Bío Bío,  en 2017 la Contraloría realizó una auditoría sobre la explotación de máquinas de juegos de azar en los municipios y concluyó que es el Ministerio del Interior, a través de las Intendencias y Gobernaciones, el encargado de reprimir su uso cuando no cumplen la normativa.

Al respecto, el  diputado de la región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida, señaló que por años, se ha señalado que las máquinas tragamonedas son un juego de habilidad o destreza, pero en la práctica ocurre algo totalmente distinto, ya que estamos, evidentemente, frente a un juego de azar, pero que no está ajustado a la legislación vigente.

“Recordemos, que el crecimiento que han experimentado estas máquinas en nuestro país es enorme, instalándose preferentemente en sectores populares y generando ganancias de alrededor de U$494 millones al año, cifra idéntica a la que proporciona la industria establecida. Sin duda, que la urgencia que solicita el gobierno a la ley sobre máquinas tragamonedas vendrá a colocar “el cascabel al gato” a un tema que estaba pendiente y que necesita regulación, permitiendo establecer sanciones y fiscalizaciones a quienes hoy disponen de estos juegos de azar” indicó Fuenzalida.

Llamado a no renovar patentes

Se calcula que el número de máquinas operativas a nivel nacional se mueve entre las 80 a 100 mil unidades. Y el monto que producen como ganancias es exponencial y se empina sobre los 338 mil millones de pesos, unos 494 millones de dólares, de acuerdo a lo revisado por la Cámara Alta.

Respecto al proyecto de ley que busca la prohibición del uso de máquinas tragamonedas fuera de los Casinos, el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de Enjoy –actual concesionario del casino ubicado en Coquimbo- envió hace un tiempo una serie de escritos a las autoridades de la región de Coquimbo para instarlos formalmente, a ejecutar el procedimiento de verificación de tragamonedas al momento de la renovación de patentes.

Ello, con el objetivo de contribuir al rol fiscalizador que tiene la Municipalidad en relación con el comercio ilegal de tragamonedas y juegos de azar, dictaminado por Contraloría General de la República y refrendado por la Corte Suprema en octubre pasado.

En el caso de las patentes municipales, conocidas como patentes de Juegos de Habilidad y Destreza, la Contraloría y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), determinaron que la única forma para acreditar estas máquinas es utilizando el procedimiento contenido en la Circular 83 del año 2017 de la propia SCJ, lo que ha sido recientemente ratificado por la Corte Suprema.

“El flagelo de los tragamonedas ilegales fuera de los casinos ha afectado considerablemente zonas muy relevantes del país y enormes inversiones de la industria legal, siendo además motivo de sendas investigaciones penales por parte del Ministerio Público ”, dijo al respecto el abogado tras reunirse con varias autoridades de la zona durante el pasado mes de mayo, agregando que “hemos ingresado una serie de peticiones muy concretas relativa a las responsabilidades legales de la Intendencia, la Gobernación y las alcaldías de Coquimbo y La Serena, y confiamos en que las tendrán en consideración para el proceso de renovación de patentes”.

Según ha establecido la ley, todos los operadores, administradores y explotadores de casas de juego de azar ilegal incurren en ilícitos, pues no se puede recibir ni pagar apuestas en dinero, o representativas de éste, fuera de los casinos legales.

Premios programados

Desde el gremio de tragamonedas indican que una máquina de premio programado no es una máquina de azar, es un programa con una definición con un algoritmo matemático, que en una cantidad de ciclos permite entregar un porcentaje en premios y eso obviamente las descalifica como una máquina de azar

Además, el gremio de tragamonedas cuestiona el interés del Gobierno de impulsar esta ley para su negocio, siendo que “en la mayoría de los países OCDE, conviven los casinos y los salones e juegos populares, ambos regulados, resguardando así el derecho a la entretención de toda la población y el derecho consagrado en la Constitución a trabajar y emprender”.

La Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e importadores de juegos electrónicos recreativos de premio programado (Fiden) señalan que de aprobarse la ley, atentará contra el trabajo de 110 mil personas. Incluso, “se propende a los monopolios exclusivo de los casinos en todos los ámbitos del juego, ya sea de azar, juego programado o también juegos de habilidad y destreza”, asegura Marcelo Castillo, abogado de la entidad.

Municipios regionales

Respecto del tema de las máquinas de juegos de azar o destreza, la postura de los municipios ha sido más cauta  y afirman que igual existe una problemática social como son las adicciones a estos juegos.

En la municipalidad de Illapel reconocen que en este ámbito existe mucha desinformación acerca de las competencias que pueden tener entidades como las municipalidades, la Superintendencia de Casinos e incluso las policías. “No existe una ley clara que regule el rol que a cada organismo le corresponde”.

Desde el municipio illapelino indican que  en el tema de las máquinas de juegos de azar o destreza, existe un elemento social que no se ha considerado adecuadamente, y es la adicción que en muchas familias esta actividad genera.

“Favorablemente Illapel, que no está exento de este fenómeno, no presenta la proliferación descontrolada de este tipo de locales de juego como es en otras comunas con mayor número de habitantes. Si bien se han otorgado algunos permisos de este tipo en la comuna, han sido mínimos y altamente estudiados”.

Otra de las comunas cuestionadas por la gran cantidad de máquinas ilegales es la comuna de Ovalle. Desde  este municipio indican que "La postura es clara en Ovalle, el municipio no ha otorgado patente a ningún local de máquinas tragamonedas”. Y quien solicite esa patente debe ajustarse a lo que ha determinado la Contraloría y la Superintendencia de Casinos.

“En el intertanto seguiremos fiscalizando y clausurando y ejerciendo todas las acciones judiciales para terminar con aquellos negocios que pretenden ejercer dicha actividad sin patente que los autorice para tal efecto" sostuvo el asesor jurídico del municipio de Ovalle, Sergio Galleguillos.

En Monte Patria, el alcalde Camilo Ossandón sostuvo que “es necesario que el Poder Ejecutivo y el Legislativo terminen de endosar la responsabilidad del negocio de los tragamonedas a las municipalidades”

Ossandón agregó que es hora de que se regularice este mercado.

“Seamos sinceros, ninguna de estas máquinas responde a la destreza, es un negocio programado electrónicamente, que afecta a las personas más humildes de nuestro país. Se juega con la esperanza de nuestra gente pobre, y derechamente se les roba su dinero. Le pedimos al gobierno y nuestros legisladores que de una buena vez terminen con este abuso. Esto no es responsabilidad de los alcaldes”  afirmó el edil montepatrino.

Durante el mes de junio el municipio de Coquimbo decretó la clausura de 06 locales comerciales por funcionar con máquinas de habilidad y destreza o azar, sin contar con la respectiva patente.

La medida se sustenta en el Decreto Exento N° 1205, del 12 de junio de 2019, firmado por el alcalde Marcelo Pereira.

“En esto he sido bastante enfático como autoridad, si hay algún local que no esté cumpliendo con la ley y verificada la infracción, y si el caso lo amerita, tendrá que decretarse su clausura”, argumentó el edil.

El Alcalde Pereira recordó que en su gestión no se otorgaron más permisos para ejercer esta actividad comercial “cuando yo ingrese como alcalde se habían otorgado permisos de máquinas de azar y nosotros respetamos eso, respetamos que existan, pero posteriormente creamos una ordenanza que es súper clara, desde que asumí como alcalde no íbamos a autorizar nuevas aperturas de locales de juegos de azar, nosotros hemos establecido que se van a cerrar estos locales en el centro de Coquimbo, eso ya está en decreto, ahora se hace operativo algo que ya conocían y también obedece a la necesidad de la gente, de lo que muchas personas también nos han dicho, que efectivamente están en acuerdo”.

Descartan que senador esté involucrado

Los ingresos de estos locales de azar han sido tan provechosos que se ha investigado que los empresarios detrás de estos negocios hayan financiado campañas de algunos políticos.

Es así como el fiscal Felipe  Sepúlveda aseguró que Rocío del Pilar Peñafiel Salas, cónyuge del senador Jorge  Pizarro Soto, estaría siendo investigada por  supuestamente haber recibido dineros de una de estas sociedades que administran varios locales de juegos de azar en varias comunas, incluidas algunas de la zona en que Pizarro es parlamentario.

“Lo anterior da cuenta de la gravedad de los antecedentes expuestos, ya que de la información de tipo contable y bancario expuesta, que es parcial, puesto que solamente corresponde a chequeras, comprobantes de depósito y planillas Excel, aparecen numerosos y abultados pagos a Peñafiel Salas, por varios millones de pesos y de manera periódica, en los que se da cuenta que estos pagos se realizan de forma mensual. No obstante lo anterior, la imputada Peñafiel Salas no tiene ninguna relación o vínculo jurídico ni con René Sepúlveda Vera, Carolina Miranda Aguilera, ni las sociedades vinculadas a estos (Importadora y Comercial Tatán y Compañía Limitada, Entretenimientos Lucky Halloween SpA, Carolina Miranda Aguilera Arrendamiento de Juegos Electrónicos SpA, etc.). En ninguna de estas sociedades Rocío Peñafiel es socia” indica lo expuesto por la Fiscalía Oriente.

El escrito indica que “No deja de llamar la atención en este sentido que estos pagos estarían relacionados con la operación en localidades de la Región de Coquimbo: Ovalle, Salamanca, Illapel, etc., zona de la cual es originario y representa Jorge Pizarro en el Congreso Nacional”.

Para el abogado del senador DC, Cristóbal Bonacic, no existe por parte de Pizarro alguna relación directa ni indirecta con alguna empresa o sociedad que explote las llamadas máquinas tragamonedas.

En conversación con El Día, Bonacic , señaló que el fiscal Felipe Sepúlveda ingresó un escrito al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago  en el que se realiza una serie de especulaciones que giran entorno que la señora Peñafiel participó de un negocios asociados a juego destrezas hace un tiempo atrás.

“Como consecuencia de esto ella recibió  una serie de utilidades e ingresos. Son utilidades de un negocio totalmente lícito que cumple con todas las normativas administrativas, civiles y tributarias pagando los impuestos correspondientes.

Bonacic descarta que esos dineros sean para un aporte de campaña  u otra especie.

“ En consecuencia de lo anterior, jamás el parlamentario ha recibido aporte alguno ni directa o indirectamente de sociedades o personas que exploten comercialmente el giro de los juegos de destreza” señaló el profesional.

El abogado reiteró que es una especulación del fiscal  y que les parece adecuado que se investiguen las cuentas de Peñafiel porque cuando tenga acceso a toda la información  toda esa suspicacia  carecen de fundamentos.

“Lamentamos la vinculación maliciosa hacia  el Senador Pizarro a partir de una investigación en curso, cuyo resultado dejará establecida la inexistencia de intervención alguna por parte del Senador”.

 

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