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Bastián Salfate
La agrupación, integrada por más de 200 organizaciones sociales, declaró que el pacto se hizo “entre cuatro paredes”, desconociendo el rol de la ciudadanía y liderada por una clase política deslegitimada. Además, acusan que el documento está escrito en términos generales y que no existe claridad respecto a los criterios para elegir a los constituyentes.

El sábado la Mesa de Unidad Social emitió un comunicado rechazando el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que firmaron las distintas fuerzas políticas del país, en respuesta al estallido social que ayer cumplió un mes.

El principal argumento es que el pacto se habría elaborado “entre cuatro paredes” por coaliciones que no los representan y una clase deslegitimada responsable de  la crisis social y política.

En la Región de Coquimbo, las mesas de las comunas de La Serena y Coquimbo realizaron ayer un punto de prensa ratificando la postura a nivel local.

Carolina Tello, vocera de la mesa de la ciudad puerto, comentó que tras el anuncio mantienen dudas y resquemores respecto a la forma en cómo se hizo, pero también en el fondo del contenido.

“Tenemos muchas dudas porque se hizo a espaldas del movimiento social, de las organizaciones sociales y de los ciudadanos autoconvocados que integran el movimiento. No se invitó a nadie a participar de este acuerdo y negociación. Es una falta de respeto hacia la gente que ha salido a las calles durante estas cuatro semanas”, expresó.

Temas pendientes

Consignaron además, que el anuncio no responde las demandas sociales urgentes reclamadas por la ciudadanía, como la reducción de la dieta parlamentaria, aumento del sueldo mínimo, pensión solidaria, condonación y fin de Crédito con Aval del Estado (CAE), fin de las AFP, entre otras.

“Debemos esperar un año más y se aplazan los tiempos de resolución de los problemas ya altamente postergados por más de 30 años”, explicaron.

Tello también manifestó que el acuerdo no hace referencia al uso de la fuerza policial y las violaciones de  los derechos humanos.

“Le denominan un acuerdo por la paz, siendo que no hace alusión al tema la violencia, no sabemos si estos hechos quedarán en impunidad o no y, eso nos causa una profunda preocupación. Hay más de 20 personas muertas a manos de agentes del Estado. Hasta el momento nadie se ha hecho cargo de la violencia ejercida en las manifestaciones”, aseveró la vocera.

“Procedimiento lleno de trampas”

Desde Unidad Social aclararon que el procedimiento donde participaron parlamentarios desde el Frente Amplio hasta la UDI está “lleno de  trampas”.

La primera de ellas estaría en que el plebiscito de entrada tendrá carácter de voluntario mientras que el plebiscito ratificatorio será obligatorio, cualidad que desde su perspectiva “traerá problemas de legitimidad” en cuanto al resultado del primero. En segundo lugar, rechazan el quórum que se necesitará para aprobar los capítulos y artículos de la nueva Carta Magna.

“Los 2/3 de quórum que se ha establecido en este acuerdo es sumamente elevado y antidemocrático, alcanzando niveles mayores a los que incluso tenemos actualmente en la Constitución. Va en contra de todo sistema que dice escuchar al pueblo y a la ciudadanía”, indicaron.

Carolina Tello enfatizó que el documento está escrito en términos generales y que no existe claridad respecto a los criterios para elegir a los constituyentes.

“Tampoco señala cómo se asegurará la representación de los pueblos originarios, cuota de género y actores de la sociedad civil, estableciendo un sistema de elección igual al que rige hoy en día para los parlamentarios”, acotó.

Cabe consignar que el acuerdo establece que los miembros que sean elegidos por votación popular tanto para integrar la Convención Constituyente o la Convención Mixta Constituyente tendrán una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos a cargo de elección popular por un año desde que cesen en sus mandatos.

“Deslegitimamos la participación de los parlamentarios en el proceso, toda vez que estos podrán renunciar para postularse para ser parte de la redacción de la nueva Carta Fundamental, pudiendo nuevamente volver al cargo en un corto plazo de un año. Debe considerarse una inhabilidad de a lo menos tres o cinco años”,  precisaron.

La Mesa de Unidad Social rechaza las fechas establecidas para iniciar el proceso constituyente ya que si el resultado del plebiscito es la aprobación a una nueva Constitución, la elección de los constituyentes será el 25 de octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones municipales y regionales.

Por último, desde la multigremial indicaron que se está analizando la posibilidad de un nuevo paro nacional, sin embargo, a la fecha no tienen una fecha estimativa y será materia de la próxima asamblea. En tanto, llaman a la ciudadanía a continuar con las movilizaciones y a “no renunciar a nuestro legítimo derecho de exigir el cumplimiento de las demandas estructurales”.

Origen de la Mesa de Unidad Social

La Mesa de Unidad Social tiene su origen en agosto de este año -con 50 miembros iniciales- cuando la Central Unitaria de Trabajadores  (CUT) convocó la primera marcha transversal en la Plaza de la Constitución, frente al palacio de La Moneda.

En la actualidad, está compuesta por más de 200 agrupaciones sociales, como la Coordinadora Nacional NO+AFP, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), Confederación Nacional de la Salud Municipal (Fenats), Colegio de Profesores, Modatima y la Coordinadora Feminista 8M, entre otras.

Preguntada por la postura de la Mesa de Unidad Social en la crisis y su rol de vocería, Carolina Tello dejó claro que ellos responden por aquellas organizaciones que integran la mesa y que en ningún momento se han adjudicado la vocería del movimiento.

“Esto ha sido espontáneo de la gente y la ciudadanía y en ningún caso representa a algún partido político en particular. Nosotros sólo nos manifestamos como movimiento Mesa de Unidad Social”, expresó.

 

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