• El ministro Vicente Hormazábal señaló que el análisis de los informes fue bastante minucioso.
Durante tres jornadas, la comitiva analizó 355 solicitudes de reos de centros penitenciarios de La Serena, Ovalle, Illapel y Combarbalá.

En su segunda reunión del año, y luego de un exhaustivo análisis de los informes proporcionados por Gendarmería, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones, decidió conceder el beneficio a 153 presos, quienes podrán cumplir su condena en libertad.

“El examen de cada una de las carpetas fue bastante minucioso, donde se estudiaron los requisitos que establece la ley que regula el beneficio. Estos tienen que ver con presentar estudios, un tiempo definido de privación de libertad y buena conducta durante los últimos seis meses”, explicó el ministro Vicente Hormazábal, presidente de la comisión.

El jueves pasado, a eso de las 16 horas, la instancia, que estuvo liderada por Hormazábal e integrada por tres jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y uno del Tribunal de Garantía, terminó de sesionar. “Fueron como 200 casos menos que el primer semestre y la mayoría de los favorecidos contaban con el voto favorable de Gendarmería”, señaló.

En relación a las circunstancias que tomaron en cuenta para otorgar la libertad, contó que “muchos de ellos se han alfabetizado al interior del penal y han completado tanto su enseñanza básica como media. En esta misma línea, algunos han aprendido oficios durante su condena. Estas situaciones fueron bien valoradas por la comisión”.

En tanto, agregó que “en el caso de los delitos graves, como robos con homicidio, se le concedió el beneficio a aquellos reos que llevaban cumpliendo una pena entre 17 y 20 años, y que durante el último tiempo, habían demostrado una real intención de reinsertarse en la sociedad”.

Advierten fallas en los informes

Vicente Hormazábal advirtió que en esta oportunidad, se dieron cuenta que los informes de gendarmería venían errados. “Se detectaron errores en el cómputo de los tiempos mínimos, muchas de las personas a las que se les rechazó la postulación, fue porque no cumplían con el tiempo establecido”.

¿Por qué sucede? “Seguramente hicieron la tramitación antes de la modificación del decreto, el cual determinó una exigencia de tres cuartos de la pena a los delitos de robo con violencia, robo con sorpresa y robo en lugar habitado, normativa que comenzó a regir en julio de este año”.

En cuanto a las solicitudes rechazadas, sostuvo que “generalmente eran casos que no contaban con antecedentes de trabajo, cursos o estudios. Se les negó el beneficio a aquellos reos que no aprovecharon las oportunidades de reinserción que le ofrecía su centro penitenciario”.

Preocupación ciudadana

“Siempre existe la posibilidad de que las personas puedan volver a delinquir, pero durante este último año, no se ha registrado reincidencia. Sin perjuicio de lo anterior, hoy en el parlamento está a punto de ser promulgada una ley que ha estado en discusión durante todo el año, la que pretende restringir aún más el otorgamiento de este beneficio”, contó Carlos Galleguillos, seremi de Justicia de la región de Coquimbo.

Si bien está consciente de que la libertad condicional puede parecer injusta para muchos, aclaró que “está dentro del Estado de Derecho que todos como sociedad tenemos. Ahora, el objetivo de aumentar los requisitos, es para asegurarnos que el beneficio sea otorgado a quienes tengan la intención de volver a la sociedad a hacer el bien”.

Frente a un panorama de inseguridad en cuanto a la delincuencia, la autoridad incitó a la ciudadanía a estar “tranquilos porque en el último año no hemos tenido situaciones que lamentar en este ámbito. ¿Tenemos que perfeccionar el sistema? Sí, hay que hacerlo y ojalá que los informes de Gendarmería incluyan los aspectos psicosociales de los condenados”.

Para finalizar enfatizó en el papel que tiene la sociedad en la reinserción de quienes cometen un delito. “Cada delincuente que se rehabilita, que se supera, es un delincuente menos que está en la calle. Las personas tienen que brindarle oportunidades en materia educacional y laboral para que ellos no vuelvan a cometer delitos”. 6002

 

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