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Lautaro Carmona
El presidente (S) del Consejo de Defensa del Estado explicó los alcances de la querella presentada contra exaltos funcionarios del GORE, asegurando que no escatimarán esfuerzos por esclarecer el presunto fraude al fisco. Si bien también estaba citada la fiscal regional de Valparaíso, la persecutora no asistió, acrecentando las dudas sobre los avances del Ministerio Público en el caso. Tras la sesión, la Fiscalía indicó que la indagatoria sigue aún con diligencias pendientes.

La comisión investigadora del “Papaya Gate” en la Cámara de Diputados citará al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, para dar fin con su participación a las entrevistas que buscan aportar al esclarecimiento del bullado caso de presunto fraude al fisco en el Gobierno Regional de Coquimbo.

La invitación al persecutor para la sesión del 9 de agosto, busca conocer de parte del Ministerio Público los avances de las indagatorias, ante lo que se ha señalado como un “lento actuar”, que mantiene el caso aún sin formalizados –y en completo hermetismo- a casi un año de conocida la denuncia, pese a la serie de antecedentes concretos de los delitos que se han indagado por parte de la Contraloría y en la misma instancia parlamentaria.

Cabe señalar que si bien El Día intentó conocer de primera fuente el avance del proceso de persecución penal, la Fiscalía no entregó respuestas hasta pasadas las 21:00 horas de ayer lunes (ver recuadro). Además, a la sesión de este lunes estaba citada la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien lidera las indagatorias, pero la persecutora se excusó de asistir, acrecentando las dudas en torno al caso.

 

La querella

En la sesión de ayer estuvo presente de forma telemática el presidente (S) del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, quien detalló la justificación y los alcances de la querella presentada contra los exfuncionarios del GORE y el privado involucrados, así como la eventual denuncia en tribunales civiles para dejar sin efecto la compraventa de los terrenos en San Ramón y así restituir los más de 9 mil 800 millones de pesos por dicha transacción irregular que está en la mira de la justicia.

Martorell explicó los cuatro factores en torno al caso que motivaron la querella, comenzando con las diferencias de precios iniciales que se establecieron con lo que finalmente pagó el GORE; la compra por trato directo no justificada; las representaciones que hizo Contraloría al proceso; y la modificación de una de las cláusulas del contrato, que permitió eludir la toma de razón del ente y concretar así la venta.

La querella se presentó bajo esas condiciones contra la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto; el exjefe de la Dirección de Planificación (Diplan) y posteriormente administrador regional, José Cáceres; el exjefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza; y el gerente de las inmobiliarias, Pablo Bracchitta.

“Para los funcionarios públicos, los informes y dictámenes de Contraloría son obligatorios”, recalcó Martorell, pasando a explicar el porqué de calificación de las acciones de los involucrados como un delito de fraude al fisco.

“Entendiendo que si bien es cierto, la conducta punible (de este delito) está asociada con una intención defraudatoria (…) esta no solo se verifica con mecanismos engañosos que llevan a materializar un perjuicio fiscal, también se verifica con el incumplimiento doloso de los deberes funcionarios”, mencionó.

En este sentido, remarcó que “un funcionario público puede defraudar al fisco cuando, a través de su comportamiento, incurre en un incumplimiento doloso” de dicha responsabilidad.

¿Qué hay de la querella contra un privado? Como se mencionó, además de Pinto, Cáceres y Espinoza, la acción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado alcanza también al gerente de las inmobiliarias. En este sentido, Martorell dijo que “también sostenemos que existiría –y parte de la jurisprudencia nos da la razón- la comunicabilidad que, a partir de la teoría que tiene un desarrollo dogmático, arrastra al particular”.

 

Ampliación de la querella y acción civil

El presidente (S) del CDE explicó que la querella interpuesta ante el Juzgado de Garantía de La Serena podría ampliarse además a otros delitos y también a posibles nuevos involucrados, si la investigación así lo determina. Esto, raíz de las vinculaciones entre Cáceres y Bracchitta, las que El Día pudo constatar en las actas de audiencias solicitadas por la Ley de Lobby en 2017, donde ambos aparecen como gestores de la empresa Inversiones INSN Spa.

Uno de esos delitos sería, por ejemplo, el tráfico de influencias y uso de información privilegiada. “Estamos abiertos a que la investigación del Ministerio Público pueda identificar otros tipos penales”, dijo Martorell, afirmando que el CDE “no va a ahorrar esfuerzos” en lograr esclarecer las responsabilidades penales de los involucrados.

En cuanto a la posible acción civil que el Consejo de Defensa del Estado ya había esbozado, Martorell dijo que “no queremos esperar que el proceso penal vaya derivando en acciones civiles”, por lo que se está estudiando una demanda que permita anular el contrato, dejar sin efecto la inscripción conservatoria y así generar una indemnización de los dineros involucrados.

 

Hay posibilidad de penas de cárcel

Consultado por la comisión investigadora, el presidente (S) del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, se refirió a las eventuales sanciones que pueden tener los imputados.

La penalidad, explicó el abogado, se estudia en torno al monto del perjuicio. Por la alta cifra involucrada, se excede el marco superior del tipo penal (400 UTM), por lo que se hablaría de penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio.

“Ese marco penal determinaría cuantías de penas importantes, que podrían llegar perfectamente a una cantidad de años que superan penas sustitutivas”, dijo. Es decir, podrían significar cárcel.

Sin embargo, recalcó que “es complicado resolver esa duda” en esta etapa, pues se hace “en abstracto”.

“Cada sujeto tiene una historia respecto de las modificaciones de responsabilidad penal. Podemos tener un sujeto que tiene atenuantes y ese marco penal lo lleve a una reducción que permita tener una pena sustitutiva”. En otras palabras, no se descarta a priori que la condena se pueda cumplir fuera de una cárcel. Por el momento, recalca, hablar de penas aún es pronto e incierto.

 

Funcionarios

En la sesión de este lunes también participó Paulina Tapia, funcionaria de la Diplan que ya había entregado detalles de la compra del terreno en una sesión anterior. Citada por la “carta de intenciones” entregada con firma del gerente de las inmobiliarias a la Municipalidad de La Serena -antes incluso de la formulación del proyecto-, la profesional acudió para aclarar dudas que aún persistían en la comisión.

En ese sentido, Tapia sostuvo que la carta fue entregada por el mismo José Cáceres y forma parte “del proceso habitual” para la tarea solicitada, que consistía en el proyecto de diseño con compra de terreno.

En la misma línea, indicó que “siempre fue ese terreno” el que estaba contemplado en la iniciativa y ahondó en los esfuerzos de los implicados para que la transacción se concretara.

“Este proyecto pudo haber muerto ahí, como tantos otros que mueren tras años buscando financiamiento”, señaló, ahondando en la explicación de un antecedente que, a juicio de la profesional, ha puesto bajo la lupa a la Diplan por cuestiones que no eran de su responsabilidad: Cáceres siguió trabajando en esas instalaciones incluso después de ser nombrado administrador regional, desde donde siguió realizando gestiones y reuniones para la concreción de la compraventa.

Ante esto, el diputado Marcelo Díaz reaccionó mencionando que “no es causal que se haya quedado en Diplan físicamente”, afirmando que “(Cáceres) no tenía un interés institucional en el proceso, sino personal”.

“Él debió haber asumido su rol desde donde le correspondía”, complementó Paulina Tapia, asegurando que los funcionarios de la división se han visto muy afectados por los cuestionamientos que han surgido contra su trabajo.

 

De cara al cierre

Los diputados Marcelo Díaz y Raúl Saldivar concordaron en que los antecedentes que ha conocido la comisión investigadora desde su instalación en la Cámara de Diputados dejan claro el panorama, por lo que apuntaron a un pronto cierre del trabajo de la instancia.

En ese sentido, Nuñez acogió las observaciones y dijo que las declaraciones de este lunes “ayudan a ser más contundentes en la convicción”, y apuntó en ese sentido a la existencia de “una mafia inmobiliaria” para defraudar al fisco, que “utilizó el nombre y expertiz” de los funcionarios del GORE, a quienes aprovechó de agradecer su colaboración.

Junto con esto, el diputado reiteró sus críticas a los principales implicados. “José Cáceres y Lucía Pinto no dan la cara y tenemos que interrogar a los funcionarios que son los que vienen y los que tienen que cumplir con una responsabilidad”, sostuvo.

Considerando que el próximo lunes corresponde a una semana distrital, se acordó citar para el 9 de agosto al contralor general y al fiscal nacional. “Siento que la Fiscalía ha sido muy lenta en este caso. Yo propongo que invitemos al fiscal Jorge Abbott (…) Queremos transmitir a la población que la justicia entiende la gravedad de este caso”, agregó Nuñez.

Se espera que en la sesión del 9 de agosto se recojan las últimas declaraciones y con esto se comience a cerrar el trabajo de la comisión investigadora, que aprovechará el lunes siguiente (16 de agosto) para elaborar sus conclusiones. En paralelo, el proceso penal sigue su curso.

 

“Diligencias relevantes pendientes”

En respuesta a las consultas de El Día, la Fiscalía Regional de Valparaíso, que lleva adelante las indagatorias del “Papaya Gate”, se refirió a la recepción de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado.

“Esta presentación ha sido incorporada a la carpeta de investigación y se analizará las diligencias que se solicitan para resolver oportunamente respecto de las mismas”, mencionaron.

“El Ministerio Público había cumplido oportunamente con la obligación de poner en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado la existencia de esta investigación, a partir de lo cual dicho organismo, tras la revisión de los antecedentes, estimó plausible el ejercicio de esta acción, en virtud de lo cual pasa a ser interviniente en la causa”, complementaron.

Sobre el desarrollo de la investigación, afirmaron que “en términos generales, la indagación se encuentra aún con diligencias relevantes pendientes”.

 

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