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El Día
El ente fiscalizador entregó el fallo -luego del reclamo del gremio y diputados de oposición- donde objeta uno de los puntos del decreto ministerial que autoriza 101 nuevas plazas en el país y 5 en la Región de Coquimbo. Aquello frena el concurso público por los cargos, pero según señalan parlamentarios de Gobierno, la solución pasa sólo por un trámite administrativo, el que deben agilizar si pretenden concretar el proyecto antes que culmine el actual mandato.

La teleserie aún no acaba. Tras dimes y diretes, con requerimientos a la contraloría incluidos, todavía no se sabe a ciencia cierta si se podrán concretar las 101 plazas para notarios que había autorizado el Ministerio de Justicia tras el decreto firmado a fines del mes de julio por el titular de la cartera Jaime Campos. Esto, luego que el dictamen del ente fiscalizador fuese interpretado de diferente manera. 

Por un lado, desde la Asociación de Notarios aseguran que se trata de una “potente señal” a su favor y, muy por el contrario, desde el Gobierno aseguran que el punto del decreto 1515 que fue objetado por el contralor, es “fácilmente solucionable y meramente administrativo”. 

EL DICTAMEN DE CONTRALORÍA, QUE TODOS CONSIDERAN “FAVORABLE”. 

Cabe señalar que la polémica se había instalado luego que parlamentarios de oposición y también la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile expresaran abiertamente que la cantidad de plazas les parecía excesiva y que se trataba de una estrategia para que personeros de gobierno y partidarios de la Nueva Mayoría pudiesen ganar los codiciados cupos. 

Por ello, no se quedaron tranquilos y presentaron sus reclamos ante el ente fiscalizador (contraloría) para que revisara la legalidad del decreto ministerial cuya respuesta llegó esta semana. Finalmente, desde la contraloría, objetaron el punto donde se le daba al ministerio la posibilidad de fusionar los cargos de notario con los de conservador. “Considerando que el acto administrativo en comento contempla, en lo que interesa, fusiones y separaciones de cargos de notario y conservador, procede que esa cartera de Estado (Justicia) adopte medidas tendientes a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico”, indica el documento de la Contraloría. 

Luego del fallo todos se sintieron “ganadores”, y en cierta forma, nadie tiene motivos para estar descontento. Sobre todo porque, si bien es cierto que el concurso para asumir las plazas se paralizará, lo que deja conforme a una parte, el ente contralor descartó que en términos generales hubiese irregularidades en el proceso, como lo habían señalado los detractores del decreto, y nada limitaría la cantidad de nuevas notarías propuestas, por ahora. 

SERGIO GAHONA: “SEGUIREMOS FISCALIZANDO”

En la Región de Coquimbo son cinco los nuevos recintos los que pretenden instalarse. Dos en La Serena, dos en Coquimbo y uno en Ovalle, y aquí la controversia también se ha hecho sentir. 

Desde la asociación de notarios local, el vocero Sergio Yaber, manifestó en el mes de agosto que el decreto ministerial, “estaría totalmente viciado, ya que incurre en una serie de ilegalidades que no se pueden pasar por alto”. 

Pese a que ahora no fue posible conseguir alguna declaración, en medios nacionales el abogado representante del gremio, Juan Carlos Manríquez expresó que, “se trata de una señal muy potente, pues objeta la legalidad del decreto 1515, en cuanto reprocha al Ministerio de Justicia el que haya procedido a la fusión y división del cargo de notarios y conservadores, en circunstancia que el decreto y la Ley no se lo permite”, sostuvo. 

Y el reclamo del gremio en la zona también hizo eco en el diputado UDI, Sergio Gahona, quien desde el primer momento se mostró contrario al mandato de Justicia, no por considerar que no se necesiten más notarías, sino porque le parecía que el proceder ministerial no fue el adecuado. De hecho, conocida la respuesta de contraloría insiste en sus argumentos y los valida pues expresa que el ente fiscalizador, ya desde antes sostuvo que hubo irregularidades en el proceso y que incluso se advirtió a notarios siendo nombrados por el Ministro Campos que eran yernos de parlamentarios de la Nueva Mayoría. En ese sentido aseguró que continuará trabajando para fiscalizar que no se utilice esta plataforma para pagar favores políticos. “No quiero que esto se utilice para otros fines. Yo le diría al diputado Núñez que también se preocupe de los nombramientos a familiares de parlamentarios de su coalición que se están amarrando para seguir sirviéndose del Estado”, expresó. 

VALORACIÓN Y OPTIMISMO POR EL DICTAMEN

El diputado por la Región de Coquimbo Daniel Núñez, es aludido por Gahona, ya que es otro de los actores importantes en esta historia en la zona.

También ofició a la Contraloría para que se manifestara y respondiera al requerimiento de Sergio Gahona, pero lo hizo poniendo de manifestó la necesidad de contar con las nuevas plazas. Por ello valora el dictamen asegurando que demuestra que el decreto de Justicia estuvo bien fundado y que la única objeción que se presentó no pone en riesgo la creación de las nuevas plazas. “Finalmente se establece que la creación de las notarías es absolutamente fundada”, indica. 

Enfatiza en que su par en la cámara baja, Sergio Gahona se equivocó “rotundamente” al recurrir a Contraloría, porque dio cuenta que estaba más preocupado del negocio privado de los notarios y no de lo que la gente estaba pidiendo que es el rol de un congresista. “Yo no entiendo por qué el diputado (Gahona) se puso a defender los intereses de los notarios cuando la ciudadanía estaba pidiendo lo contrario”, sostuvo Núñez. 

¿DÓNDE DEBERÍAN ESTAR LAS NOTARÍAS?

Peri si en definitiva, las notarías terminan por instalarse, ¿dónde deberían estar ubicadas? El sentir popular es claro y en la calle la gente es categórica en afirmar que la zona céntrica tanto de La Serena como de Coquimbo está cubierta, por lo que la opción natural sería Las Compañías en la capital regional y en el Puerto, el sector residencial de Tierras Blancas. 

En este sentido Fredy Herrera, vecino serenense precisa que “no tiene ninguna lógica que se pongan una al lado de la otra y si vemos la cantidad de habitantes que hay, por ejemplo en Las Compañías, deberían estar allá para que la gente no tenga que trasladarse sólo por un trámite”, manifiesta. 

Y aquello es coincidente con lo expresado por otro habitante de la zona, el coquimbano Rodrigo Molina, quien ve en Tierras Blancas como la mejor opción, tomando en cuenta que la que se destinó a ese sector está más bien alejada de donde viven las personas. “Me parece excelente que hayan más notarías, porque todos sabemos lo engorroso que es hacer un trámite ahí, y más aún llegar a un recinto, por eso que deberían estar donde la gente lo pide, como Tierras Blancas”, indicó. 

Pero finalmente quien decida dónde estarán los recintos, por el momento depende de cada notario, que evidentemente intentará situarse en un punto donde le sea rentable. Eso sí, según manifiesta el parlamentario Núñez será el Ministerio de Justicia, quien dé el visto bueno. “Aunque lo ideal es descentralizar las notarías. Así lo ha expresado la gente y esa es la intención también de este Gobierno”, manifestó.  

A LA ESPERA

Así las cosas, y con el dictamen de Contraloría sobre la mesa, solo queda esperar cómo moverá las piezas el Gobierno, para ser capaz de resolver el traspié antes de que deban dejar el poder. Por lo pronto, y pese a que nadie se siente derrotado, la incertidumbre y la controversia continúan siendo los protagonistas de esta historia. 

CASO GALLEGUILLOS

Uno de los argumentos que expresó el diputado Sergio Gahona cuando recurrió a la Contraloría fue que el actual seremi de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Galleguillos, estuviera postulando al cargo de notario. Esto, porque ratificaría su tesis de que los funcionarios de gobierno estaban intentando “asegurarse” ante el “inminente cambio de administración”. 

Pese a que posteriormente el seremi desistió de la posibilidad, incluso para Daniel Núñez aquella postulación se trató de un hecho desafortunado, ya que evidentemente generaría suspicacias, pero insistió en que Gahona debió haberse pronunciado sobre ese caso en particular y no en general. “Debió haber objetado esa postulación, y no la de las cinco nuevas notarías. Yo creo que ahí el diputado se aprovechó de la situación para intentar defender el negocio de los notarios”, precisó.

SOSPECHAS EN EL GOBIERNO ANTERIOR

El 24 de septiembre de 2013, Miguel Bauzá, esposo de la parlamentaria Lily Pérez, fue nombrado notario de Coquimbo, lo cual fue criticado ya que esto ocurrió poco antes de las elecciones de ese año que terminaron con la administración de Sebastián Piñera.

Consultado respecto a si esto no era lo mismo que ellos hoy están criticando, ya que Bauzá fue seremi durante el Gobierno de Augusto Pinochet, en su minuto el diputado Gahona manifestó que “esto ha pasado en todos los gobiernos, pero en el caso de Bauzá, él nunca fue autoridad de Gobierno de Sebastián Piñera, aquí estamos hablando del seremi de Justicia que depende del actual ministro”, precisó.

 

 

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