Crédito fotografía: 
El Día
El presidente de la instancia, el diputado Daniel Núñez, apuntó a responsabilidades políticas de la UDI, criticando la ausencia de parlamentarios gremialistas antes de la deliberación. Estos votaron en contra del informe y acusaron intenciones electorales del diputado comunista, cuestionando el trabajo de la comisión.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer el informe de la comisión especial investigadora por las irregularidades en el proceso de compra de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo para un proyecto deportivo en San Ramón, La Serena; caso conocido como “Papaya Gate” y que tiene a tres expersoneros y a un privado bajo una investigación de Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco.

La instancia comenzó a sesionar en abril y trabajó por más de cinco meses, arrojando entre sus principales conclusiones que la exintendenta, Lucía Pinto, es la principal responsable política del mayor caso de corrupción en la zona, precisando que por decisiones de su responsabilidad, se permitió la compraventa de los paños a sobreprecio, a través de trato directo no justificado y eludiendo la acción de la Contraloría General de la República.

El texto establece que Pinto, quien renunció a su cargo en septiembre de 2020 tras conocerse los detalles de la investigación periodística de la unidad de Reportajes de BioBio Chile, no veló por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, ni dio cumplimiento a la legalidad del proceso.

Cabe recordar que junto a la exjefa regional, son indagados también por este caso el exadministrador regional, José Cáceres; el exjefe del Departamento Jurídico del GORE, Eduardo Espinoza; y el gerente de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta.

La comisión investigadora de la Cámara avanzó en paralelo a la causa que indaga el Ministerio Público -aún sin formalizados- y en ella participaron funcionarios del Gobierno Regional y autoridades como el alcalde de La Serena, Roberto Jacob; la entonces presidenta del Consejo Regional de Coquimbo, Adriana Peñafiel; y el presidente (S) del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell. Este último dio cuenta además de los detalles de la acción judicial con la que el CDE se sumó al caso a través de una querella criminal.

El diputado Daniel Núñez (PC), presidente de la comisión investigadora, dio cuenta del informe ante la Sala, respaldando la acción penal del CDE e instando a ejercer la nulidad del contrato de compraventa por los terrenos. Además, dijo que en estos hechos “también podrían establecerse los delitos de negociación incompatible, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada”.

Nuñez apunta a la UDI

En Sala y antes de la votación, Núñez lamentó la ausencia de los diputados de la UDI por la Región de Coquimbo. “Lo que más me indigna –y no tengo ningún temor en decirlo- es que miro al frente y veo dos pupitres vacíos, veo que no asistió a esta sesión el diputado de la UDI Sergio Gahona (…) y el diputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida”, señaló.

“Es lo que han hecho todos estos meses, esconderse, no dar la cara, ni siquiera son capaces de decir si condenan (…) Ellos hoy con su ausencia están avalando esta corrupción y su silencio refleja que son cómplices”, agregó.

En el mismo sentido, apuntó a la “responsabilidad política” de dicho partido, por no apartar a Lucía Pinto. “Ella hoy es una militante que sigue sin ningún tipo de sanción, ni siquiera la han separado de las filas del partido. Es decir, no reconocen que haya cometido ninguna irregularidad”, sostuvo.

Dardos contra Nuñez

Finalmente, las conclusiones de la comisión fueron aprobadas por 75 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones.

Entre quienes la rechazaron se encuentran los tres diputados oficialistas de la Región de Coquimbo: Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Sergio Gahona (UDI) y Francisco Eguiguren (RN).

Consultado por El Día sobre sus argumentos, el diputado Fuenzalida dijo que “la comisión investigadora se extralimitó en sus conclusiones”, pasando de ser una instancia política a “un verdadero tribunal popular, donde se quiere saltar al Poder Judicial, se quiere saltar al Ministerio Público y tratar de condenar sin ningún debido proceso a las personas que ahí están aludidas”.

Además, criticó directamente al presidente de la instancia. “El señor Núñez hizo todo esto con la calculadora electoral en mano, tratando de arrogarse una pureza absoluta, cuando todos sabemos que él, más que nadie, no es de los trigos limpios. No nos olvidemos de su actuación en el caso de la Universidad Arcis”, indicó.

Una opinión parecida tiene el diputado Sergio Gahona, quien calificó la comisión como “pirotecnia política” y “aprovechamiento a propósito de la campaña electoral” por parte de Núñez.

“Voté en contra de las conclusiones de la comisión investigadora, o mejor dicho, en contra de las conclusiones del diputado Núñez, porque son solo conclusiones de él, porque nos parece a nosotros que es solo un aprovechamiento político”, sostuvo.

Además, subrayó que “las responsabilidades políticas ya fueron asumidas con la renuncia de la intendenta y son los tribunales de justicia y la Fiscalía los que tienen que investigar y determinar las responsabilidades penales que él (Nuñez) tanto señala”.

Acelerar las indagatorias

Un poco más cauto fue el diputado Eguiguren, quien apuntó a un “informe sesgado y que no es riguroso”, pero ahondó en las eventuales responsabilidades de los involucrados en los hechos.

“No voy a defender a la exintendenta Lucía Pinto, ni a José Cáceres, ni a su grupo cercano, pero tampoco voy a avalar un informe que adolece de fundamento para muchas de las conclusiones que evacuaron”, señaló.

El parlamentario dijo que “no es un informe que llegue a esclarecer lo que ocurrió”, pero apuntó a que Pinto y Cáceres “no colaboraron nunca con la investigación, no fueron a declarar y eso molesta, porque impide conocer la verdad”.

En la misma línea, instó a las entidades de Justicia a dar más celeridad a la causa.

“Espero que el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado puedan concluir su investigación lo más pronto posible y si hay quienes se concluye que son responsables y cometieron delitos, seremos implacables en pedir la fuerza de la ley, para que la ciudadanía quede tranquila que quienes en estos hechos pasaron a llevar la ley, van a responder como lo haría cualquier ciudadano”, señaló.

Tras la votación, el diputado Núñez lamentó que “a pesar de la contundencia argumentativa”, los tres diputados oficialistas votaran en contra. “Irresponsables”, sentenció a través de su cuenta de Twitter.

 

Suscríbete a El Día y recibe a diario la información más importante

* campos requeridos

 

 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario El Día

 

 

 

X