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Lautaro Carmona
El profesional, quien representa a José Cáceres, investigado por un presunto Fraude al fisco en el denominado “Papaya Gate”, anuncia que en los próximos días presentará una querella en contra del encargado del organismo fiscalizador en la zona, Hugo Segovia, por supuestas graves faltas en el ejercicio de sus funciones, las que habrían impedido el desarrollo de los proyectos hospitalarios en La Serena y Coquimbo. En entrevista exclusiva con ElBarómetro.cl, acusa al contralor de actuar conforme a una eventual animosidad sobre su cliente, a quien dice, amenazaba permanentemente con sumarios. Además, asegura que los cuestionados terrenos ni siquiera los eligió el Gore sino el municipio. Eso sí, admite la relación comercial entre su defendido y las empresas inmobiliarias vendedoras, aunque asegura, en la actualidad, Cáceres tendría una “participación pasiva” en dichos negocios.

“Los hechos que se describen en medios de prensa como Diario El Día, son reales, pero la calificación e interpretación de ellos no es la que yo tengo”. Bajo esta premisa, el abogado Mario Zumelzu Codelia, experto en Derecho Penal, Económico y Administrativo quien por estos días representa al ex administrador regional José Cáceres, uno de los principales sindicados en el denominado “Papaya Gate”, donde se investiga un presunto Fraude al fisco por $9.800 millones, remarca la absoluta inocencia de su cliente, quien, según él, es víctima de los “caprichos” del Contralor regional Hugo Segovia.  

Pero Zumelzu no se limita a ejercer la defensa, sino que también contraataca y, en entrevista exclusiva con la unidad de Investigación de Diario El Día, ElBarómetro.cl, anuncia una inédita acción legal en contra del máximo representante del ente fiscalizador en la zona.  

Basándose en documentos que ha logrado recopilar, y, principalmente en un Informe en Derecho elaborado especialmente para este caso por académicos de una importante universidad capitalina “Sobre la Toma de Razón y las Decisiones de Mérito Propias de la Autoridad Administrativa”, en los próximos días, el profesional presentará una querella por el delito de Prevaricación Administrativa contemplado en el artículo 228 del Código Penal (ver documento) en contra de Hugo Segovia, actual Contralor regional, debido a que, dice Zumelzu, el encargado del organismo ha incurrido en graves faltas en el desempeño de sus funciones “al poner trabas” a proyectos emblemáticos del Gobierno. 

LA GÉNESIS SEGÚN ZUMELZU 

Zumelzu enfatiza en que “el Contralor ha sido tremendamente irresponsable” dado que las compras de los terrenos tanto de La Serena como de Coquimbo, inciden en una política que tiene una preponderancia fundamental para la región, como lo son la construcción de los hospitales de alta tecnología. “Ha tenido (Segovia) una actitud caprichosa, ha pecado de negligencia y de ignorancia”, sostiene el representante del ex administrador.  

Antes de comenzar las preguntas y respuestas, el abogado expone la situación desde su óptica, poniendo el acento en la necesidad del Gore por contar con los recintos para satisfacer demandas históricas de la ciudadanía en materia de Salud. En ese sentido, remarca que hace dos años, cuando comenzó a gestarse la adquisición de los predios, existía una premura por entrar en el Plan Nacional Hospitalario aprobado por el Ministerio de Salud en el que, en su segundo llamado, postuló La Serena y Coquimbo. Dentro de las condiciones de este plan, sostiene Zumelzu, había que contar con los terrenos antes del 31 de diciembre del 2018. “Pero no se trataba de cualquier terreno, puesto que tenía que contar con seis hectáreas, y además tenía que cumplir con otras 53 variables (…) Entonces, lo que se hace es iniciar la búsqueda del terreno, haciendo un llamado público, en el caso de La Serena, el 17 de abril del 2018”, afirma.  

De acuerdo a la información que entrega el profesional, se presentaron 12 terrenos, pero ninguno cumplía con las condiciones. Por ello, en algo que ya ha sido expuesto por nuestro medio, se realiza la consulta al Ministerio de Bienes Nacionales y al Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), para saber si existen sitios de las características requeridas. La respuesta es negativa.  

Según el abogado, en ese momento se decide armar una comisión tripartita entre el Gobierno regional, la Municipalidad de La Serena y el Servicio de Salud de Coquimbo, donde determinan que podrían existir dos terrenos donde podría establecerse el Hospital. El primero era el Campus Isabel Bongard, administrado por la ULS, y el otro el complejo deportivo Cordep, de propiedad municipal pero entregado en comodato a la Cámara Chilena de la Construcción. Ante la negativa de la Universidad, afirma el penalista, se optó por la segunda opción. “La municipalidad dice estar dispuesta a ceder los terrenos, pero manifiesta su preocupación por no dejar a los vecinos sin la actividad deportiva que se desarrolla ahí, por lo que la tendrían que compensar con un recinto deportivo de las mismas características y en ese lugar”, asegura el profesional de la Universidad Católica de Valparaíso, ratificando que, desde un comienzo, existió el “acuerdo compensatorio” entre el Gore y la casa edilicia.  

Bajo esta lógica, el representante de José Cáceres, pretende dejar en claro que quienes eligieron los terrenos donde se emplazaría el Complejo Deportivo San Ramón y por el cual se investiga un posible sobreprecio fue el municipio, pues ellos determinaron el área de influencia. “No fue el Gobierno regional quien tomó esta determinación, fue el municipio”, asevera, en contraposición al alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien ha dicho lo contrario.  

-Pero, el jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan) del municipio, de acuerdo a documentos a los que accedió ElBarómetro.cl, señala que desde un comienzo trabajó con el Gore, y su homólogo en el Gobierno regional en ese momento era José Cáceres, de la DIPLAN (División de Planificación). ¿Rojas está mintiendo 

“No, yo creo que puede estar equivocado. Eso no es así. Pensemos que aquí quien toma la decisión no va a ser nunca un solo ente, menos una sola persona. Aquí intervinieron múltiples entes, porque Secplan postula a un proyecto para obtener el RS, previamente tiene que tener informe favorable del Instituto Nacional del Deporte, luego esto va a la Mideso (Ministerio de Desarrollo Social), donde la tramitación duró dos meses y medio hasta que salió la Recomendación Satisfactoria, y después llega al Gobierno regional”.  

-¿Usted dice que antes en el Gore no conocieron del proyecto?  

“El conocimiento formal es en ese minuto”.  

-¿Qué hacemos entonces con lo que expresan desde Secplan 

“Lo que pasa es que desde Secplan en algún minuto dicen ‘yo llego hasta aquí’, entonces puede que aquí estemos desfasados en el tiempo. Porque cuando llega al Gobierno el proyecto llega al departamento jurídico, y Cáceres no es abogado. Creo que hay una diferencia de espacio tiempo entre lo que afirma Rojas y lo que le afirmo yo”.  

-La afirmación de Rojas es del 29 de mayo del 2019, cuando le presenta el proyecto al Concejo comunal con el terreno ya elegido. Ahí dice que viene trabajando con el Gore… 

“Bueno, probablemente, y no solamente él (Cáceres) sino que todo el Gobierno regional. Yo te voy a decir algo, en la época de Cáceres, él intervino en 617 proyectos, por 224 mil millones de pesos, y en todos estos proyectos interactúan los distintos órganos públicos, interactúan no solamente con Cáceres, pero aquí yo siento que los dados van contra Cáceres. Pero es tan absurdo cargar a una sola persona cuando intervienen tantos órganos. Tendría que ser, no lo sé, más que Maradona para poder convencer a tanta gente y a tantos órganos colegiados de algo”.  

-Lo que pasa es que aquí se habla también de un “ocultismo” con el que se habría actuado, por lo que no todos se habrían enterado. Eso lo tendrá que determinar la investigación… 

“No hay ocultismo. No hay ningún contrato que haya firmado la administración pública en Chile más transparente que este. En sus distintas fases, todos los medios de comunicación cubrieron esta noticia, hay fotografías en que están las distintas autoridades en el lugar donde se iba emplazar el proyecto, por lo que te reafirmo, no hay contrato más transparente que este”.  

-¿A cuál contrato se refiere?  

“Al de los terrenos de San Ramón que eran de la sociedad Guayacán SPA y otras” 

-Pero, existieron dos contratos para esa compraventa. ¿A cuál se refiere usted?   

“A todos los contratos, a todos los procedimientos, yo creo que fueron súper transparentes, porque el primer contrato es objeto de observaciones en el proceso de Toma de Razón (…) y Cáceres no tiene influencia decisoria en ninguna etapa del proceso. Eso es así. No hay ninguna decisión que haya pasado por la voluntad de mi cliente. Pero aquí se hace una gran cuestión porque se cumplieron los efectos del contrato sin haber acabado con los procedimientos de Toma de Razón. Ahora, qué es esto (la Toma de Razón), es un control adjetivo (formal) de legalidad del acto administrativo. Es decir, verifica si se cumplieron o no se cumplieron las formalidades legales. Por ejemplo, el justo precio, ¿cómo se determina y quién lo califica? Los dictámenes de la Contraloría, varios, múltiples que van citados en la querella, señalan que basta más de una tasación para que yo pueda ir a trato directo y para que yo pueda justificar mi precio. Pero aquí el Contralor ha sido caprichoso al decir ‘aquí no se me ha acreditado, aquí no se me ha justificado cuál es el justo precio’”, sin embargo, la Toma de Razón es un control formal, no se puede pronunciar sobre el mérito, oportunidad o conveniencia de la resolución de la administración. La administración (el Gore) es soberana para administrar, lo dicen múltiples dictámenes de la Contraloría, y también la ley”.  

LIMITARSE A LA FORMALIDAD  

En este punto de la entrevista Zumelzu entra de lleno en la querella y arremete contra el Contralor regional Hugo Segovia, pues afirma, fue más allá de sus atribuciones y aquello es lo que pretende demostrar ante la justicia ya que el encargado del organismo no puede calificar las decisiones. “Ahí está su ignorancia, su negligencia, lo que resta saber es si lo hizo a sabiendas o no, pero lo digo yo, el Contralor regional es ignorante y negligente, porque entró a calificar mérito, oportunidad y conveniencia sin poder hacerlo”, enfatiza el abogado, ya que, agrega, “los órganos fiscalizadores no se pueden convertir en administradores”.  

-¿En qué momento el Contralor califica mérito, oportunidad y conveniencia, de acuerdo a su tesis?  

“Cuando dice que aquí no se ha justificado correctamente el trato directo”.  

-¿Y se justificó?  

“Se justificó en la resolución número 20 (ver documento)”. 

 -Pero, ¿se justificó a juicio de quién?   

“De la administración pues. Si quien califica es la administración, no la Contraloría”.  

-Pero la Contraloría tiene que calificar en algún momento…  

“Califica si se cumplieron los procedimientos, y ¿cuál es el procedimiento en el trato directo? Que yo lo justifique. Él (Contralor) no puede estar de acuerdo o en desacuerdo en cómo yo lo justifiqué. Yo cumplo con justificarlo”.  

-Según usted entonces, ¿el Contralor no puede estar en desacuerdo respecto a si la justificación se ajusta o no se ajusta a derecho?  

“No puede tener otra posición”.  

-Bajo esa lógica, ¿entonces para qué está el Contralor? 

“Para calificar si se cumplió o no el procedimiento, sólo eso. Porque si yo el trato directo no lo justifico, incumplo la ley, pero si lo justifico, buena o malamente según él, yo cumplo con el requisito formal de haberlo justificado. Él no puede entrar al mérito respecto a por qué yo voy al trato directo. Además, es absurdo en este caso no hacer el trato directo, porque ya había un proyecto ingresado en el Banco Integrado de Proyectos. ¿Qué voy a licitar si el proyecto de la municipalidad es en ese terreno?”.  

-Pero bajo el prisma que usted lo plantea, yo podría justificar la compra de un terreno y no de otro, por cualquier motivo, sin que este motivo guarde cualquier tipo de lógica. Por ejemplo, decir ‘me gusta este terreno porque el pasto es más verde y aunque cueste 10 veces más voy a comprar ese terreno’…  

“Es que lo que tú me estás diciendo es absurdo…” 

-No, es un ejemplo…  

“Sí, pero lo estás llevando al extremo. Pero si yo lo justifico, porque en este caso, es trato directo sí o sí por la razón que te acabo de dar, no podía ser licitación, porque este es un proyecto de la municipalidad. Piensa que ellos (el municipio) están recibiendo un terreno a cambio de lo que cedieron, no estamos frente a cualquier hecho o acto de la administración. Entonces, yo califico, y quién me califica a mí son los ministerios respectivos, en definitiva, el Presidente de la República y si alguien tiene dudas tiene que recurrir a los órganos jurisdiccionales, es decir los tribunales de justicia, pero no es el contralor quien puede calificar el mérito de esa resolución”.   

-Entiendo, pero bajo esos términos entonces, ¿cuál sería el rol de la Contraloría General de la República como órgano fiscalizador?  

“Te insisto, y te lo he dicho varias veces, ver si se cumplieron los procedimientos legales. En el caso del trato directo, ¿lo fundamentó? Sí, lo fundamentó. El precio, ¿lo fundamentó? También lo fundamentó, porque yo lo determino, la administración, no la Contraloría. ¿Qué tengo que tener? Dos tasaciones, con eso basta. ¿Y yo puedo comprar un terreno que tenga una tasación más baja a un precio superior? Sí, también puedo”.  

-¿Y el Contralor no puede objetarlo porque ve un posible sobreprecio o encuentra que hay algo que no está bien hecho?  

“No, porque yo califico. Y no lo digo yo, lo dice la ley”.  

-Lo que pasa es que, de acuerdo a su tesis, no se entiende la existencia de un órgano que fiscalice a la administración si no va a poder objetar nada, evidentemente, a través de una valoración…  

“Pero si lo que yo digo es lógico, porque si no para qué tenemos alcaldes, para qué tenemos intendentes. En ese caso, tengamos al Contralor nomás”.  

-O dejemos que el Contralor supervise la función de los otros…  

“Mira, en el derecho comparado, en Suecia, no existe el Contralor, existe lo que se llama el ombudsman, que es una persona que no tiene un procedimiento reglado, pero su opinión es tan importante por el peso moral que tiene que normalmente se acata. Te repito, para qué está la Contraloría, para el control de la legalidad de los procedimientos”.  

-Y en el caso de tener dudas respecto a la legalidad, ¿considera válido que se haya recurrido al Ministerio Público, como se hizo en este caso? Son ellos los que en definitiva deciden investigar…  

“Es válido que cualquier chileno recurra a los tribunales de justicia por la vía de una denuncia o una querella. Es decir, ¿puede el Contralor poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público? Sí, puede. Lo que no puede hacer, a mi juicio, es cuando está pendiente un sumario en que todas las personas están con presunción de inocencia, hacer la denuncia de un delito, porque, ¿qué pasa si concluyendo el sumario se llega a la conclusión de que no hay hechos ilícitos”.  

EL JUSTO PRECIO 

El abogado UDI, entrega sus argumentos respecto a que incluso el eventual sobreprecio de los terrenos no existe, pese a que Fiscalía todavía se encuentra en fase de investigación para determinar si lo desembolsado por el Gobierno regional correspondía realmente a lo que valían los predios de San Ramón, más allá de que, insiste, no era asunto del Contralor objetar ni inmiscuirse en el precio acordado entre la administración y los privados si se cumplía el procedimiento legal. “El justo precio lo determina la administración, y ¿qué se requiere? Tasaciones. Cuando empiezan a cuestionar que las tasaciones son menores y son del año 2018, sí son menores y son del 2018 (ver documento). Se hicieron con el Plano Regulador del 2004, además, por lotes separados, individuales, no por el paño completo. Un año después, las mismas personas tasan nuevamente ya con el Plano Regulador expuesto públicamente y hoy aprobado por el Concejo comunal, y se pasa de una superficie predial de mil metros a una superficie predial de ocupación de 400 metros (…) Los valores suben porque el mercado internaliza de forma anticipada estos cambios, por eso todas las inmobiliarias tienen departamentos de estudio que analizan los cambios a los planos reguladores, los cambios seccionales, etc… El terreno que compró el Gobierno regional, yo te aseguro que en 10 años más va a costar tres veces más de lo que cuesta hoy día”.  

-¿El Contralor no puede plantear la duda? 

“Cuando él dice ‘he visto tantas tasaciones que no puedo determinar el precio’, ¿por qué lo pone en conocimiento del Ministerio Público, si no ha tomado una determinación? Es irresponsable, eso es irresponsable. Y es irresponsable también desde el momento que aparezca esta entrevista y desde que se interponga la querella por Prevaricación Administrativa en los próximos días, nosotros vamos a pedir al Contralor nacional que se anule este sumario, y en todo caso, que no se siga instruyendo por el Contralor regional y el actual fiscal, porque ellos ya tienen una visión sesgada del tema y van a tratar por la vía del sumario tener la defensa de la querella que vamos a presentar nosotros. Este sumario es nulo y además no puede seguir siendo instruido. El Contralor regional ha tenido un actuar negligente y de la más supina ignorancia. Yo entiendo que es una persona iletrada (que no es abogado) pero si no sabe, que aprenda”.  

-Pero, ¿todos son iletrados como usted dice en la Contraloría regional? Ahí también tienen su equipo jurídico… 

“Sí lo sé, pero el Contralor regional es ignorante y negligente”.  

-¿Cree que se saltó a su equipo jurídico?  

“No tengo idea cómo funciona la Contraloría”.  

-¿Y por qué cree que Hugo Segovia actúa como usted dice que actúa? ¿Cuál es su tesis?  

“Buena pregunta. Aquí hay dos posibilidades, o el Contralor ha actuado de mala fe, porque le ha puesto trabas a las dos políticas públicas más importantes para la región, como lo son la entrega de cajas de alimentos en pandemia, y el terreno para la construcción de un hospital”.  

-Pero lo de las cajas fue algo a nivel nacional…  

“No importa. Él le ha puesto trabas acá, en esta región. Y se dilató la entrega por orden del Contralor. Si yo pienso de mala fe, creo que hay un sesgo político, una animosidad personal particularmente en contra de José Cáceres. Eso si yo pienso de mala fe, pero como el Código Civil me obliga a mí como abogado a presumir la buena fe, tengo que pensar, salvo que se pruebe lo contrario, que el Contralor está actuando de buena fe, pero si es así, lo ha hecho en forma negligente e ignorante”.  

-¿Usted cree que esto es contra Cáceres, no contra el Gobierno, ni contra Lucía Pinto? Porque sabemos que José Cáceres y Hugo Segovia tenían línea directa…  

“Así es, y lo amenazó muchas veces con sumarios, en el tiempo de la entrega de las cajas de alimentos. Mira, es tal la ignorancia de la gente de la Contraloría regional que la fiscal del sumario, empieza a citar reiteradamente a Cáceres para que vaya a prestar declaración por el sumario, a lo que mi cliente responde que se comunique conmigo, entonces, ella me escribe y yo le contesto lo siguiente: ‘Como habrás tenido la oportunidad de aprender, una persona que ya no es funcionaria pública no está compelida a concurrir a esa instancia, entonces no teniendo la obligación, no va a declarar’. Entonces ahí se pica y me contesta: ‘A mí no me consta su calidad de abogado del señor Cáceres’. Bueno, para qué me escribió entonces, te fijas. Ese es el nivel de ignorancia con el que se manejan”.   

LAS RELACIONES COMERCIALES DE JOSÉ CÁCERES  

El principal cuestionamiento a José Cáceres, ex administrador regional hoy representado por Mario Zumelzu, y el por qué las investigaciones periodísticas y eventualmente las del Ministerio Público apuntarían a él, es la relación comercial que tuvo con las inmobiliarias vendedoras de los terrenos de San Ramón. Hasta ahora, pese a existir documentación que vincula al ex funcionario y su empresa Feedback con el empresario Manuel Daire (ver documento) no había un reconocimiento de la situación. Sin embargo, en el transcurso de la entrevista Zumelzu lo confirma.  

-¿Existen relaciones comerciales pasadas o actuales de su representado con el grupo inmobiliario? 

“Él tiene una relación societaria, en una sociedad publicitaria, no inmobiliaria, por tanto, no involucrada en esta operación, con los socios de la inmobiliaria Guayacán. Es un negocio publicitario en que el vendió el 80% de sus acciones el año 2016, es decir, mucho antes de esto. Yo te quiero decir, y no porque sea mi cliente, pero ojalá existieran muchos José Cáceres en la administración del Estado”.  

-¿Y en esa línea, no cree que hubiese sido conveniente que se abstuviera de todo este proceso para no despertar suspicacias?  

“Bueno, él nunca negoció nada. Pero en su declaración de intereses da cuenta de todas las sociedades que tiene y por supuesto como todavía mantiene un porcentaje, también da cuenta de esta sociedad, pero él además puso en conocimiento de la autoridad esta vinculación societaria cuando se entera de quiénes son los vendedores, no en la primera etapa porque él se entera cuando el tema llega al Gobierno regional y ahí él pone en conocimiento a la intendenta”.  

-¿Cuándo se entera de cuáles son los terrenos? 

“Cuando se dan a conocer los resultados de la comisión tripartita (Gore, municipio, Servicio de Salud) que dice ‘este es el terreno’ (…) A partir de ahí él se abstiene de cualquier participación en cualquier comisión en cualquier cosa, desde que pone en conocimiento a la autoridad, y sólo participa para contestar observaciones, pero la decisión ya estaba tomada”.  

-¿Por qué renunció? 

“Porque sintió que había un claro sesgo por parte del Contralor hacia él. Veía que había una animadversión (…) Lo hizo pensando en el bien de los proyectos futuros”. 

Así las cosas, y con los nuevos antecedentes aportados por Zumelzu, sólo queda esperar la querella contra el Contralor regional Hugo Segovia, la que estaría prácticamente lista para ser presentada esta semana.  

LÍNEA EQUIVOCADA  

Si bien Mario Zamelzu remarca durante la entrevista que sólo se referirá a su cliente José Cáceres, y evita referirse tanto a la ex intendenta Lucía Pinto como también al ex jefe jurídico del Gore, Eduardo Espinoza, sí hace una excepción respecto a Nicolás Bakulic Albertini quien trabajó en la Unidad de Pre-Inversión del Gobierno regional durante el 2019 y cuyo nombre salió a la palestra por ser hijo de Nicolás Bakulic Gorovic, uno de los socios de las empresas inmobiliarias que vendieron los terrenos. En ese sentido, el abogado es categórico al señalar que el funcionario, “no tuvo ninguna participación en esta operación. Yo te diría que ni siquiera la conoció. La familia Bakulic es súper conocida en La Serena, de tradición. Si hubiesen querido hacer algo, ¿van a meter al hijo al Gobierno regional? Pensar eso es absurdo. O desde otro punto de vista, ¿por llevar el apellido Bakulic no puedo trabajar en la administración pública? Creo que eso sería injusto”.  

 

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