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Lautaro Carmona
La iniciativa se votará la próxima semana en Sala del Senado y sus impulsores critican la falta de precisión por parte de instituciones de justicia en relación al estado de detenidos del estallido social. Admiten que falta de antecedentes podrían ralentizar su tramitación.

La semana pasada, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto de ley de indulto a los presos del estallido social despachándolo a Sala, con lo cual la iniciativa continuaría la próxima semana su tramitación, que se extiende ya por más de ocho meses.

El proyecto establece un indulto general a quienes hayan sido detenidos y se encuentren en prisión preventiva por delitos cometidos en el contexto de las protestas que iniciaron en octubre de 2019, los que según los impulsores, se mantienen sin un “juicio justo”.

Sin embargo, antecedentes importantes sobre estos detenidos complican su avance en el Congreso y su eventual aplicación en caso de ser aprobado, ya que no se ha logrado determinar con exactitud la cantidad de personas que se encuentran en esta situación y que serían beneficiadas por esta ley.

La senadora Adriana Muñoz, una de las impulsoras del proyecto de ley, indicó a El Día que pese a que diferentes instituciones en materia de justicia han sido parte de la discusión en comisiones, no se ha podido llegar a una conclusión. “Cada institución tiene un numero distinto, entonces hasta el momento no hemos podido tener un consolidado de datos referidos a cuántas personas son”, sostiene.

 

Las cifras

A fines del mes de mayo la Fiscalía cifró en 25 los imputados en prisión preventiva por delitos relacionados al estallido social, entre los que se encontraban personas investigadas por ilícitos como presunto lanzamiento de bombas molotov, porte ilícito de armas e incluso homicidio frustrado.

Sin embargo, diversas agrupaciones de familiares de presos de la revuelta, han hecho mediciones diferentes, llegando incluso a las 800.

Ante el debate que ha surgido, el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó a principios del mes de agosto que el proyecto tiene “conceptos absolutamente indeterminados”, que hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas en esta situación.

Otras instituciones, como la Defensoría Penal Pública y la Corte Suprema han coincidido en la dificultad para determinar con exactitud el universo de presos del estallido social e incluso, en medio de su tramitación en el Congreso, se ha hablado de que existirían alrededor de 40 mil. Esto, aunando las causas registradas desde el 7 de octubre del 2019 al 9 de diciembre del 2020.

Algunos medios de comunicación han hecho sus mediciones. Ciper, por ejemplo, chequeó miles de causas asociadas a las protestas y constató que a principios de mes habría al menos 77 personas en prisión en todo el país.

Raquel Torres, psicóloga y vocera del Grupo de Iniciativas por la Libertad de Presos Políticos de la Revuelta, indicó a El Día que las cifras entregadas por los organismos oficiales son “bastante alejadas de la realidad”, ya que “o son muy pocas o son como la última que entregó el fiscal Abbott, que puso a todos los presos durante dos años sin hacer ningún filtro”.

En ese sentido, la profesional afirmó no entender “por qué, en tanto tiempo, no han hecho ese trabajo”, por lo que criticó “la falta de rigurosidad” de la justicia con este tema.

Asimismo, afirmó que –pese a no ser un organismo oficial- la agrupación ha hecho un catastro, coincidiendo con la cifra de 77 personas. “Es algo que hemos ido recogiendo de las mismas familias”, explica.

 

Situación en la Región De Coquimbo

A nivel regional es aún más difícil hacer ese análisis. Consultados por El Día, desde la Fiscalía indicaron que los datos se manejan a nivel nacional y no existen desagregados por región, mientras que la Defensoría Penal Pública sostiene que no tienen la representación de imputados detenidos en el estallido social y en prisión actualmente en la zona.

Según la información manejada por nuestro medio, existiría un detenido, que es uno de los sujetos involucrados en el saqueo e incendio al Hotel Costa Real, quien fue aprehendido en abril de 2021 y cuenta con defensa particular.

Otro caso conocido es el de dos universitarios que fueron detenidos por una supuesta posesión de bombas molotov. Sin embargo, ellos fueron liberados de la prisión preventiva para pasar a arresto domiciliario.

 

Se complica el panorama

La senadora Adriana Muñoz critica que a poco de cumplirse dos años de la crisis social “no tengamos datos precisos” sobre la materia y a su juicio “aquí hay un vacío de información que es muy grave”.

“Nosotros hemos puesto especial interés en tener los datos, porque queremos saber cuál es el universo que sería beneficiado con el proyecto de ley que estamos impulsando, que va a pasar a la Sala la próxima semana. (…) Creemos que para el debate en particular del proyecto –porque ya se aprobó en tres comisiones- vamos a tener que tener algún dato más serio, más sólido de parte de estas instituciones”.

La senadora reconoce que el avance de la tramitación del proyecto ha sido “bastante lento” y admite que “uno de los temas que puede ralentizar el debate es no tener antecedentes claros, nítidos de parte de las instituciones”.

El proyecto de ley se inició hace más de un año en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ha pasado además por las comisiones de Seguridad Pública y la de Constitución, donde se aprobó en general la idea de legislar. Ahora debe ir a Sala y de ser aprobado, volvería a la comisión de origen para la discusión en particular.

 

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