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Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se está realizando una campaña para concientizar acerca de esta realidad, que a nivel nacional ha afectado a más de 220 víctimas entre 2011 y 2018.

La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y hoy es considerada como la esclavitud moderna. La Organización Internacional del Trabajo estima que 40 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, siendo muchas de ellas, víctimas de este delito.

Un delito que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, luego del tráfico de drogas y de armas, generando más de $150 mil millones de dólares anuales.

Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, reconociendo la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas y de promover y proteger sus derechos.

En esta línea, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rolando Casanueva, recalcó la importancia de denunciar situaciones laborales irregulares, tanto para trabajadores extranjeros como nacionales, ya que “esta acción permite que el proceso de investigación sea mucho más claro, considerando que es un esfuerzo multisectorial. Acá no solamente la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene conocimiento, sino que hay una mesa en la que participan la Inspección del Trabajo, SERNAMEG, SENAME, Fiscalía, los Tribunales de Justicia, las policías y el sector de la salud, donde cada uno pueden entregar antecedentes para iniciar los procesos de fiscalización, control y denuncias en conjunto, para revertir una situación, que es un delito transnacional y que involucra a mucha gente, tanto a nivel mundial como nacional”, expresó.

En Chile, la Ley 20.507 tipificó este delito y entró en vigencia el año 2011. Desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2018 se registraron 37 causas formalizadas, involucrando a un total de 228 víctimas a nivel nacional, con un 100% de efectividad en los procesos investigativos.

Años más tarde, en 2013, durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera, se publicó el primer Plan de Acción Nacional, considerando compromisos de instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, se lleva a cabo a lo largo de todo el país el Plan 2019 – 2022, considerando prevención y sensibilización; control y persecución del delito; protección y asistencia a víctimas; y cooperación internacional y coordinación intersectorial. “Estamos llamando a denunciar estas situaciones, para así crear una mayor conciencia en la ciudadanía con respecto a lo que son las víctimas y promover y proteger los derechos humanos de las personas que sufren este comercio ilícito, ya sea por rapto, inducción o mediante el engaño”, finalizó Casanueva.

 

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