• Tanto en La Serena como a lo largo del país se han realizado marchas para protestar en contra de la violencia de género y de los flancos abiertos que deja la ley que propician las agresiones.
  • En julio del 2017 el asesinato de Fidelina Robledo (43) por parte de su cónyuge conmocionó a la región. Foto: Lautaro Carmona.
  • Fiscalizar la prohibición de acercamiento con la tobillera o brazalete electrónico surge como una posibilidad para que la medida cautelar se cumpla de manera efectiva. Foto: Lautaro Carmona.
  • La imagen grafica una manifestación artística en contra de las agresiones hacia las mujeres.
Crédito fotografía: 
El Día
En el 2017 se registraron 44 femicidios en Chile y en 16 de los casos existían denuncias previas o cautelares, como la prohibición de acercamiento. Los números hablan por sí solos y desde el mundo jurídico admiten que esta medida preventiva no está dando resultados debido a que controlar a los agresores se convierte en una tarea imposible para Carabineros. Por lo mismo, las autoridades proponen la utilización de un brazalete electrónico e incluso cambios en la legislación actual para proteger a las víctimas de agresión mientras duran las investigaciones.

Natalia acaba de cumplir 20 años. Hoy vive con su familia en Coquimbo, tranquila luego de soportar meses de terror en Concepción, donde alcanzó a estudiar Ingeniería Civil Industrial durante un año.

Es la “matea” entre sus tres hermanos hombres y, además, “la regalona”. Tal vez por eso a sus padres les costó tanto aceptar que se fuera de la región a vivir con su pareja que cursaba la misma carrera en la Región del Biobío. Pero ella insistió, estaba enamorada y quería “volar con sus propias alas”. Sin embargo, más tarde se arrepentiría.

Lo que era una relación hermosa con su pareja, cinco años mayor, se transformó en una pesadilla. La joven cuenta que al cabo de un mes viviendo solos comenzó a conocer la faceta más desconocida del hombre que, pensaba, era el amor de su vida. “Llevábamos 10 meses juntos, pero no nos veíamos tanto. Ahora me doy cuenta de que no sabía demasiado de él. Puertas adentro era otra persona”, relata Natalia.

LOS INSULTOS, EL PRIMER INDICIO

Todo se inició con insultos, los que con el transcurrir de las semanas fueron subiendo de nivel. Hasta que un día, la violencia superó todos los límites y pasó de lo verbal a lo físico “por una idiotez”, dice ella.

Resulta que dejó su Facebook abierto y el sujeto leyó una conversación con un compañero de universidad que no le gustó. En los mensajes, la joven era invitada a almorzar para aprovechar de repasar para una prueba. Ni siquiera respondió, pero a su pololo le bastó para salirse de sus cabales.

La esperó en el departamento que compartían con la conversación impresa en un papel que pegó en el refrigerador. Cuando Natalia llegó y vio el papel supo de inmediato que el joven estaría molesto, pero jamás imaginó que a partir de ese día nada sería lo mismo. “Tomé la conversación que había dejado pegada y fui a la pieza para que conversáramos, porque yo sabía que era muy celoso. Pero ni siquiera alcanzamos a hablar, apenas me vio se me tiró encima, me gritaba y me empujó encima de la cama”, relata.

Pero el episodio no terminó ahí. Natalia se defendió y entre los forcejeos, su pareja le propinó un golpe de puño en la cara. Luego de eso, el agresor se fue y la joven quedó llorando en la habitación sin saber qué hacer. Sin embargo, llamó a su mejor amiga que vivía en La Serena, una estudiante de Derecho unos años mayor que ella, quien le dijo que fuera inmediatamente a realizar la denuncia. Así lo hizo y el tema llegó a tribunales, donde se decretaron 30 días para investigar. Mientras tanto, el presunto victimario quedó con una medida cautelar de prohibición de acercamiento mientras duraban las indagatorias.

A esas alturas, el sujeto había dejado la universidad, lo que fue un alivio para Natalia que pensó que gracias a esto efectivamente el tipo no se acercaría a ella. “Yo confié en la justicia, pero me falló”, dice. Claro, no transcurrieron ni siquiera dos semanas cuando volvió al departamento el que desde la orden de alejamiento, habitaba en solitario y al ingresar encontró a su expareja sentado en el living.

Ella intentó persuadirlo para que se fuera o de lo contrario llamaría a Carabineros, pero el individuo insistió en conversar, a lo que la joven finalmente accedió. Craso error. El sujeto volvió a golpearla, esta vez con mayor vehemencia. “Después de esto opté por volver a mi casa a La Serena. Sé que él está en Concepción y el proceso judicial todavía sigue, pero está libre y por más órdenes de alejamiento que existan, a mí me quedó claro que no sirven para nada”, cuenta Natalia, quien hoy trata de rehacer su vida.

UNA SITUACIÓN QUE SE REPITE

Sin duda que lo sucedido con Natalia resulta preocupante, sobre todo porque “es algo que se repite y que nosotros vemos constantemente”, según asegura la directora regional de SernamEG, Ivón Guerra, quien si bien no conoció de cerca en su minuto el caso de la joven, sí se vio fuertemente impactada con lo ocurrido el pasado 26 de abril en Coquimbo.

Esta vez, la víctima fue Ester Vilches Navarro, de 59 años, quien murió a manos de su cónyuge, Claudio Urbina (69). La mujer, quien era la dueña del quiosco del colegio Francis School de Coquimbo, se convirtió en la primera víctima de femicidio en lo que va del año en la zona y además de causar conmoción por el hecho en sí mismo, generó el repudio de la comunidad entera por la supuesta ineficiencia de las medidas cautelares empleadas por el sistema judicial en este tipo de eventos, ya que, al igual que la joven Natalia, Ester Vilches ya había denunciado anteriores agresiones por parte de su exmarido y el sujeto mantenía una orden de alejamiento o prohibición de acercarse, medida que había transgredido ya en varias oportunidades y que terminó con el peor de los desenlaces. Así lo detalló en su minuto la comisaria Lucila González, de la Brigada de Homicidios de la PDI. “Esta mujer se encontraba separada de hecho de su cónyuge y había además una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Pese a ello, el hombre fue al domicilio de la víctima, donde se registró una pelea entre ellos, que terminó con el trágico final de la mujer”, consignó.

Incluso, Vilches mantenía contacto con el SernamEG, desde donde le habían prestado asesoría tras conocer que el sujeto la seguía “hostigando”, pese a que se encontraban separados de hecho y existía la prohibición de acercarse. “Nuestros profesionales hicieron todo lo que está bajo nuestra facultad, pero claramente aquí falló la justicia”, precisa Ivon Guerra.

“MEDIDAS QUE NO SIRVEN”

Para Ivón Guerra no hay duda, “hechos como estos demuestran que las medidas cautelares no sirven y que se debe hacer algo más para salvaguardar la integridad de las mujeres cuando han sido víctimas de agresión”.

Pone acento en las cifras que indican, por ejemplo, que en 2017 en Chile se produjeron 44 femicidios y en 16 de los casos se habían decretado medidas cautelares que simplemente no sirvieron de nada.

La seremi enfatiza en que el sistema está dando una “pésima señal” a las víctimas que muchas veces demoran años en atreverse a recurrir a la justicia, y cuando lo hacen, ésta no les responde. “Qué sacamos con hacer campañas con el llamado a denunciar, si después nos encontramos con estas cosas. Acá hay que hacer un trabajo legislativo más de fondo”, precisa la autoridad, reafirmando que durante este gobierno uno de los focos estará en poner “más mano dura” en las medidas cautelares “que no se pueden controlar” y también, como algo que va de la mano, ampliar el delito de femicidio para que tipifiquen de esta forma los asesinatos a mujeres aunque no estén casadas ni mantengan una relación de hijos en común y convivencia con los victimarios. “Esto sanciona con mayores penas los delitos contra las mujeres y va de la mano con el respeto que los agresores tienen con las medidas cautelares, el que hoy es nulo”, sostuvo.

UNA CRÍTICA DESDE ADENTRO

Pero, ¿por qué no funcionan las prohibiciones de acercamiento? Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Chile y juez de garantía de Santiago, Jaime Salas Astraid, tiene que ver, en lo concreto, con las deficiencias que están establecidas para fiscalizar que se cumplan.

El magistrado, explica que las medidas cautelares, en particular las que ordenan el alejamiento temporal de las personas mientras dura la investigación, la dictamina el juez a solicitud del Ministerio Público, o la parte querellante, no sólo en casos de violencia de género, sino que en cualquier presunto delito en el que el denunciante corra algún tipo de peligro.

La medida se aplica una vez que la investigación es formalizada (como sucedió en el caso de Natalia). Sin embargo, cuando se trata de violencia intrafamiliar (como en el caso de Ester Vilches que estaba casada con su agresor) las partes no necesitan realizar un trámite especial ante el magistrado, sino que sólo solicitarla de oficio a través de correo electrónico o de manera telefónica. “Esto entendiendo que los casos son más urgentes y que las consecuencias podrían ser más graves que en delitos comunes de amenazas, etc…”, manifiesta el integrante del Poder Judicial.

Pero, claro, esto sigue siendo  una falencia para el Sernam, ya que la premura y agilización del trámite todavía no opera cuando se trata de violencia en el pololeo, lo que precisamente están tratando de cambiar en cuanto avance la denominada Ley Gabriela. Por lo pronto, según detalla Jaime Salas, los tribunales fallan y decretan las cautelares sólo en cuanto la ley les permite. “Si me preguntan a mí, evidentemente que parece ser que a veces una prohibición de acercamiento no tiene los resultados esperados. Pero mientras no exista otra legislación, el Poder Judicial no puede moverse dentro de otros parámetros”, expresó el juez Salas.

¿UNA FISCALIZACIÓN DÉBIL?

Según detalla el propio Salas, una vez que ellos dictaminan una orden de alejamiento, los encargados de velar porque se cumpla son las fuerzas policiales, en la mayoría de los casos Carabineros de Chile. Sin embargo, no está definido cómo deben hacer esta fiscalización, “por lo que todo va en la ambigüedad y lo relativo. Carabineros controla de manera aleatoria”, consigna Salas.

Consultado, el jefe de la IV zona policial, el general Rolando Casanueva, precisó que cuando ellos tienen conocimiento de las órdenes de alejamiento, su labor se enfoca en visitar periódicamente a las víctimas para constatar que no hayan tenido problemas ya sea en su domicilio o lugar de trabajo, dependiendo de la orden.

En relación a cada cuanto realizan estas visitas, Casanueva es categórico. “Todo va a depender de la gravedad por la cual el individuo está siendo investigado además de las agravantes que tenga y también de la capacidad policial que haya en el cuadrante respectivo”, detalla.

UN PASO HACIA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA

La seremi de SernamEG, Ivon Guerra cree que la única forma de hacer eficiente la medida de prohibición de acercamiento es a través del control efectivo, el que es imposible de ejercer en las condiciones actuales. Por ello, asegura que a nivel central ya están en conversaciones para utilizar el brazalete electrónico tal como lo utiliza Gendarmería con los individuos que cumplen algún tipo de condena en libertad.

En esa línea, valora la iniciativa presentada en su minuto por la senadora por la Región de Coquimbo Adriana Muñoz, quien propuso el tema hace un par de años. “Nosotros recogemos las ideas buenas desde cualquier sector y creo que el brazalete es la forma de dar mayor seguridad a nuestras mujeres cuando hay cautelares”, indica.

Y coincide el juez Jaime Salas. “El sistema a veces tiene ciertos aspectos que pueden ser perfeccionados y en este punto, es materia del legislador entregar mayores recursos, para que los imputados puedan ser monitoreados de manera telemática”, sostuvo.

QUIENES QUEBRANTAN LA CAUTELAR PUEDEN TENER GRAVES

PROBLEMAS

Hay indefensión para las mujeres, cierto. Pero el abogado de la Defensoría Penal Pública hace hincapié en que la legislación actual contempla penas para quienes violen las medidas cautelares y en ese sentido, asegura que no quedan en la impunidad, pudiendo meterse en graves problemas en caso de pasar por sobre la ley. Claro, más allá de los casos extremos de femicidio o violencia física en el pololeo, manteniendo órdenes de alejamiento, quien no la cumpla aunque sea inocente de los cargos por los cuales se le ha impuesto la cautelar estará cometiendo desacato, lo cual es sancionado por la ley. “Cuando un juez ordena esta medida debe cumplirse y eso es lo que le recomendamos nosotros a nuestros clientes como defensores, porque si existe un quebrantamiento, estaría cometiendo un segundo delito. Y esto desde luego que es más grave si viola la prohibición de acercamiento para cometer una agresión”, enfatizó el defensor.

UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Más allá de los cambios legislativos y el aumento de recursos que debiese existir para poder implementar el brazalete electrónico y establecer un control telemático, el diputado por la Región de Coquimbo, Matías Walker, propone derechamente un cambio en la institucionalidad y crear tribunales paralelos a los que ya existen. Estos serían los denominados tribunales de ejecución de las penas, que tengan como objetivo que las sanciones se cumplan y también las medidas cautelares. “En muchos países esto ha dado buenos resultados, y ante esta realidad donde las medidas cautelares como la prohibición de acercamiento no se están cumpliendo tener este tribunal que se haga responsable, sería una muy buena medida”, sostiene Walker.

Pero por lo pronto, todas son sólo ideas. Todavía no hay nada concreto para poder salvaguardar la integridad de las mujeres mientras se llevan a cabo las investigaciones por agresión y por más que exista la prohibición de acercamiento, tal como lo demuestran los ejemplos de Natalia y Ester Vilches, ésta no garantiza la seguridad de las víctimas. 4602iR

EQUIPARAR LA BALANZA RESPECTO A LA VIOLENCIA EN EL POLOLEO

La seremi del SernamEG, Ivon Guerra, es clara. “Queremos que quienes cometen crímenes contra sus parejas durante el pololeo tengan las mismas penas que quienes lo hacen durante el matrimonio, o en el marco de la convivencia. Es decir, que los delitos entren en la categoría de femicidio”, enfatiza. Y claro, en la actualidad, la ley sólo tipifica como femicidio cuando el agresor está casado o mantiene una relación de convivencia con su víctima.

Por esto se está impulsando la denominada Ley Gabriela, que pretende que se considere femicidio cualquier crimen de una mujer por razones de odio, menosprecio o abuso por parte de un hombre.

Y también existe una diferencia en cuanto a las medidas cautelares. Claro, según explica el abogado  y exseremi de justicia Carlos Galleguillos, “cuando se trata de una pareja que no convive o no está casada, no se puede dictar la medida cautelar de manera tan ágil como sucede cuando se trata de cónyuges. En ese caso la Fiscalía puede oficiar de manera urgente a través de cualquier medio. En eso también hay que equiparar la balanza”, indica Galleguillos.

 

 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...

 

 

 

 

 

 

Diario El Día

 

 

 

X