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Lautaro Carmona / Referencial
El área más complicada es la del servicio de urgencias, y para hacer frente al clima de violencia es necesario mejorar la capacidad de respuesta, reducir el déficit de camas a nivel regional y aumentar la cantidad de especialistas, explican desde el Colegio Médico.

El confuso incidente en el que se vio involucrada una especialista de urgencias en un recinto público de Santiago el viernes 2 de agosto, y su posterior detención por parte de Carabineros, -junto con la persona que la agredió-, motivó a los funcionarios de salud a movilizarse en todo el país para reclamar una vez más por mayor protección en su lugar de trabajo, pues las situaciones de violencia son “el pan de cada día”.

Una tendencia que en la región no es muy diferente. Solo este año, el Servicio de Salud ha contabilizado 128 agresiones, de las cuales 16 fueron físicas y 112 verbales.

Incluso, desde el Colegio Médico aseguran que más de un 90% del personal que labora en hospitales, Centros de Atención Primaria, Servicios de Urgencia y postas rurales de la zona, ha sufrido o presenciado directamente al menos una situación de violencia en los últimos años.

A juicio de Rubén Quezada, presidente del gremio en la región, existe un clima de violencia que se ha ido agudizando en el último tiempo a través de ataques verbales, maltrato físico y amenazas. 

“La gota que rebasó el vaso termina siendo la desafortunada acción que ocurrió en el Hospital Barros Luco de Santiago, donde no solo hubo violencia, sino que la respuesta de Carabineros y la Fiscalía fue sumamente inapropiada. Creemos que existe un descriterio por parte del fiscal quien asumió que esta agresión sería más bien una riña y ordenó la detención de la doctora, alejándola de sus funciones, entonces, lo que debiese ser solucionado por el sistema de manera mucho más expedita, termina siendo una complicación más a la hora de atender a la población”, sostiene.

Impacto en la atención de los pacientes

Quezada recalca que quienes laboran en el sistema de público de salud atienden en inferioridad numérica y con escasos recursos pese a la alta demanda. Si el funcionario es agredido verbalmente, escupido o derechamente golpeado, y esto no repercute en ningún tipo de sanción para el agresor, el desincentivo es muy grande. 

“Por eso como Colegio Médico estamos haciendo un llamado a generar un nuevo pacto social, a promover una discusión nacional que permita evaluar las causas de la violencia, porque esto no es algo simple, son muchos los factores que influyen”, indica. 

El vocero considera que el déficit de infraestructura y equipos, los problemas con las horas médicas y el uso de la urgencia en los Cesfam, -que muchas veces colapsa ya que no hay disponibilidad de este servicio durante la mañana-, interviene directamente.  

“Culturalmente se ha generado un fenómeno en el cual la persona se siente mal durante la mañana, y debe espera hasta las 5:00 de la tarde o salir del trabajo para ir a urgencia. Este servicio es para situaciones no planificadas, como accidentes, atropellos, infartos, accidente cerebrovascular, porque para todo lo demás el sistema debería otorgar una hora médica en menos de 24 o 48 horas. Desde ese punto de vista, la crisis del sistema de salud se está viendo reflejada en dicha área”, detalla. 

Además lamenta que se haya validado el mecanismo de la violencia contra el equipo de salud “como una respuesta legítima frente a la frustración que viven las personas”.

“Aquí quiero hacer una aclaración, porque nosotros comprendemos al paciente. Sabemos que si se sienten mal, merecen ser atendidos pronto y con la mejor calidad posible (…) pero para eso se debe mejorar la capacidad de los servicios de urgencia, reducir el déficit de camas existente a nivel regional, aumentar la cantidad de especialistas y mejorar la atención ambulatoria”, señala.

¿Qué se está haciendo al respecto?

Claudio Arriagada, director del Servicio de Salud Coquimbo, informó que desde marzo de este año se instaló una mesa de seguridad técnica en establecimientos de salud pública, conformada por representantes de los gremios, hospitales y la atención primaria. También participa el encargado de la seguridad pública de la Intendencia.

Desde la mesa se elaboró un formulario que contiene toda la información de lo que debe hacer un trabajador cuando sufre una agresión, y además de puede llenar, “de manera que también se puede usar como medio de prueba ante las denuncias que se interpongan en las policías, para fines estadísticos y evitar la revictimización”.

Gracias a este método, la institución ha podido llevar un registro más minucioso de las denuncias formales de los trabajadores en el 2019. Por el momento hay 128 agresiones.

De este número, 16 fueron físicas. 12 de ellas ocurrieron en hospitales y 4 en Centros de Salud Familiar (Cesfam).  El resto, 112, fueron en su gran mayoría verbales. 

Según Arriagada, en el corto plazo se colocarán pendones en los centros de salud para llamar al respeto de los funcionarios y se organizará una capacitación para formar monitores de seguridad que se encarguen de la contención y el manejo de las agresiones.

“De esta manera nosotros marcamos un hito a nivel nacional con tres actividades concretas (…) Además se han adoptado medidas que vienen desde el Ministerio de Salud como por ejemplo en el Cesfam Jorge Jordan  (Ovalle), donde se instalaron cámaras y botones de pánico, para poder tener un sistema de alerta ante agresiones”, apunta.  

Por su parte Mauricio Ugarte, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud de la Región de Coquimbo (Fenast), comenta que la mesa representa un gran avance, porque permitió elaborar una metodología de diagnóstico de las agresiones que sufren los funcionarios. 

“Nosotros sabíamos de casos de agresiones al personal de salud por parte de pacientes o de familias, pero era un problema que, aunque reconocido, no estaba documentado. Justamente lo que hemos hecho ahora es establecer un mecanismo que identifique y detalle cuántas agresiones ocurren en cada unidad”, precisa. 

Por último, adelantó que se está trabajando en un protocolo de seguridad para instalar de manera progresiva cámaras de vigilancia en los recintos hospitalarios y para ello, el Servicio de Salud se encuentra terminando las bases de licitación del proyecto.

"Por mi salud mental y mi integridad renuncié"

A finales de julio del año 2018 el caso de la doctora Natalia Villalón, que para ese entonces trabajaba en el Hospital San Juan de Vicuña, causó gran inquietud, tras ser golpeada con un computador que le lanzó el familiar de un paciente que se encontraba en espera en el área de urgencia.

A más de un año del hecho, la profesional conversó con El Día vía telefónica, pues tras el incidente renunció a su cargo al no lograr traslado para otro recinto de la región, y ahora se encuentra becada en la especialidad de medicina interna del Hospital Barros Luco de Santiago. 

“Era mi primer año de ejercicio y había entrado al turno de la noche un día viernes. Trabajaba en la urgencia y uno queda como el único médico de todo el Valle del Elqui. Fue un turno muy difícil porque había como 10 pacientes en espera, debía aprobar los traslados al hospital de La Serena, y además estar pendiente de los pacientes que llegaban en ambulancia”, rememora. 

Al mismo tiempo, una familiar de un paciente que consultaba por aparentes síntomas de resfrío consideraba que su hijo llevaba mucho tiempo esperando y entró sin ser llamada a la parte de atención. Aunque la doctora le explicó que no podía atenderla más rápido, ella pidió una recategorización para su allegado, que finalmente quedó en C-5, el menos grave.

La mujer se molestó y luego de increparla, tomó un computador de la estación de enfermería y se lo lanzó a la doctora, el cual impactó en su mentón, pecho y un brazo.

Natalia interpuso una demanda, a la que se añadió el Hospital de Vicuña y el Servicio de Salud Coquimbo. La sanción salió en febrero de este año y solo fue una multa que según ella es muy baja y que va en beneficio de un hogar de ancianos de la comuna. La persona tampoco se puede acercar a ella por el plazo de un año. 

“Claramente es insuficiente porque después de la agresión tuve un estrés postraumático, una licencia médica larga y además siento que mi empleador no se portó a la altura, más bien criticaron que quisiera cambiarme de mi puesto de trabajo y tuve que renunciar dado a la negativa, pese a que tenía indicación médica clara por psiquiatra y el psicólogo”, comentó.

 

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