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Afectados aseguran que aunque en algunos casos se ha resuelto de manera parcial, en otros los ha obligado a buscar respuestas en call center y en oficinas, donde aseguran se propondría sólo la posibilidad de “repactar “ en condiciones muy desfavorables.

En la edición de ayer de diario El Día conocimos la historia de dos adultos mayores de Tierras Blancas que denunciaron cobros excesivos de la empresa eléctrica CGE, con cuentas que llegaron incluso a los $9 millones. Norma Zarricueta y Gabriel Santander afirmaron que la distribuidora les estaría cobrando cuatro meses de consumo eléctrico, esto por la supuesta no lectura del medidor entre el 2 de abril y el 2 de agosto de este año.

Sin embargo, estos vecinos insisten en que no se habrían realizado lecturas del medidor, y las estimaciones no calzan con el uso del suministro.

Si bien desde la empresa reconocieron que hubo un error de facturación, se comprometieron a normalizar la deuda. Aunque, en la normativa eléctrica se señala que cuando no se logre obtener la lectura de un medidor, la empresa puede facturar provisioriamente el equivalente al promedio de los últimos seis meses de consumos mensuales registrados.

Leer también: Adultos mayores de Tierras Blancas denuncian cobro excesivo de CGE: cuenta llegó a los $9 millones



Pero, hay nuevos casos en que la situación se hace mucho más grave y ha persistido por largo tiempo, pese a que en algún momento se logró poner coto a una problemática que, de acuerdo a los antecedentes que maneja este medio, no se trata de hechos puntuales, sino de instancias más constantes.

 De largo aliento



Un vecino del sector de Sindempart, en Coquimbo, es otra de las víctimas que ha pasado por esta desagradable situación, y quien por diversos caminos ha intentado solucionar una problemática que se ha agudizado y que por momentos le mantiene altamente preocupado.

“Hace un mes me salió una cuenta de $900 mil y al mes siguiente otra de un $1 millón. La verdad es que no lo he podido solucionar, fui a la compañía y me ofrecieron repactar la deuda. Y yo les respondí que no era posible repactar una deuda que yo no he adquirido. Y es la solución que le dan a prácticamente todos los clientes”, aseguró este vecino que actualmente sólo vive con su hijo; por lo tanto, resulta bastante contrasentido que se produzcan este tipo de cobros. “En el fondo, te instan a reconocer la deuda y te dan plazo para pagar. Entonces, posteriormente aparece un consumo normal, más la deuda repactada”, agrega.

En ese contexto, este usuario señala que “la empresa no reconoce que hay un error técnico. La gente que te atiende son personas que no tienen mayor injerencia. Se trata de funcionarios que sólo pueden ofrecerte la alternativa de repactar”.

Respecto de su consumo actual, este vecino de Sindempart señala que “lo que más había pagado en el último tiempo en circunstancias normales es $25 mil o $30 mil como máximo. Yo le solicité a la empresa que revisaran mi historial, porque es imposible que haya pasado de cancelar esa cantidad de dinero a $900 mil y a un millón cien mil pesos”, acotó.

Otros clientes señalaron que también la empresa les sugiere que pueden haber problemas con el medidor. Pero argumentan que si quieren que se les vaya a revisar ese artefacto, se solicita un cobro adicional al cliente en cuestión. 

Qué hacer



En la edición de ayer de diario El Día se dio a conocer que se instruyó por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para el caso de Norma Zarricueta y Norma Santander realizar los procesos correspondientes de “recálculo” de los montos a cobrar en las boletas. A su vez, desde CGE señalaron que “se aplicaron los protocolos de evaluación que implicaron visitas a terreno para ver las condiciones en las que se encontraba su medidor, además de cotejar las facturaciones históricas”, informó por medio de un comunicado la empresa.

Sin embargo, el vecino de Sindempart considera que es muy difícil poder absorber toda esta problemática. “He intentado ir hasta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y ellos le envían una carta a la empresa, pero para concretar una respuesta pueden pasar muchos meses, mientras la cuenta te sube y te sube”, sostiene. 

Una realidad que no es nueva



Hace aproximadamente un año atrás, Silvia Arqueros vivía en una casa en las cercanías de La Cantera, en Coquimbo, y tuvo una problemática muy similar a la del vecino del sector de Sindempart. “En la Superintendencia de Electricidad y Combustibles siempre hay filas por esas problemáticas, yo también las hice”, aseguró esta vecina, quien actualmente vive cerca de Bosque San Carlos, y en la casa descrita inicialmente vive su nuera.

Luego de una serie de gestiones logradas a través de la gestión de medios de comunicación, Silvia logró que cuentas millonarias disminuyeran significativamente, y llegaran a valores aproximados a los $30 mil sobre el final del año 2020.

Pero la situación habría vuelto a “foja cero” y su hija, quien habita la vivienda en las cercanías de La Cantera ha pagado las consecuencias. “Una vez que se solucionaron los problemas, poco a poco comenzaron a aparecer cuentas de $40 mil, $50 mil, $70 mil y, en la actualidad, hasta los $150 mil. Es una abuso y cobran lo que quieren, realmente. Y mi nuera, que vive ahí, dice que jamás ha visto a alguien revisando o tomando datos del medidor. Además, no reconocen los pagos anteriores que se han hecho”, aseguró Silvia.

Apoyando a las víctimas



Quien conoce directamente de esta situación y de diversos testimonios es el concejal de Coquimbo, Guido Hernández, quien señala que se han realizado diferentes gestiones para intentar solucionar esta problemática.

“La empresa ya hecho un reconocimiento de errores que se han cometido, en relación con personas que han sufrido de cobros irregulares. En una primera etapa, se conoció de cerca de 3 mil casos en la región, cuando vino la etapa de transición a la actual compañía responsable. La empresa ha argumentado problemas de lectura, lo que se repitió hace un año y medio aproximadamente para una importante cantidad de usuarios. La compañía apelaba a la pandemia, y que debido a esa situación no se podían realizar las lecturas de medidores, pero la empresa se comprometió a subsanar esta situación, a través de una Corporación de Defensa al consumidor, donde se levantaron cerca de seis mil casos, en toda la región”, señaló el concejal de Coquimbo.

 Además, la autoridad consignó que “pudimos identificar que existe un sistema de call center y de Oficina de Atención, que no tiene ninguna capacidad de resolver un conflicto con el cliente. Básicamente, sólo obliga al cliente a repactar la deuda, lo que es injusto”.

A juicio de Hernández, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles “más allá de recepcionar reclamos y solicitar a la empresa su pronunciamiento no es mucho más lo que puede hacer”.

Lilian Via San Martín, presidenta de la Corporación de Defensa del Consumidor, señaló que “CGE se ha dormido en los laureles respecto a los pendientes que tiene con nosotros (Codefon). Actualmente tenemos en proceso denuncias por el cobro de cuentas prescritas, de más de 10 años con montos superiores a los 2.5 millones por persona. Cuando Conafe hizo la fusión y pasó a ser CGE, los convenios no fueron respetados, ya que no se descontaron intereses por mora y muchos convenios no fueron procesados”, concluyó.

 

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