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El parlamentario aseguró que el proyecto busca establecer una serie de resguardos para que los denunciantes no sean víctimas de futuros hostigamientos o represalias.

El diputado por la Región de Coquimbo, Sergio Gahona, valoró el avance que tuvo el proyecto de ley que establece una serie de garantías para que los funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) denuncien cualquier hecho o conducta contraria al principio de probidad administrativa sin el temor de recibir a futuro eventuales represalias por su acción.

En concreto, el proyecto aprobado por unanimidad la tarde de ayer y despachado al Senado a su segundo trámite constitucional dispone que las FF.AA. deberán contar con un sistema para la presentación e ingreso de denuncias que aseguren un debido proceso, una correcta confidencialidad y donde se evite una dilación en las distintas etapas legislativas.

“Este proyecto no sólo busca mejorar los sistemas de denuncia al interior de las FF.AA, sino que también entregarle una correcta protección a quienes tienen el valor de informar sobre alguna falta a la probidad que detecten al interior de su propia institución. Y por es que es tan importante que pueda ser aprobado lo antes posible, porque de esa forma garantizamos que la mayor cantidad de funcionarios se animen a denunciar eventuales irregularidades sabiendo que no serán víctimas de represalias u hostigamientos por la decisión que tomaron”, sostuvo Gahona.

“Este proyecto no sólo busca mejorar los sistemas de denuncia al interior de las FF.AA, sino que también entregarle una correcta protección a quienes tienen el valor de informar sobre alguna falta a la probidad que detecten al interior de su propia institución”, Sergio Gahona, diputado UDI

Para garantizar que tampoco se le dé un mal uso al sistema, el diputado por la Región de Coquimbo explicó que “va a quedar establecido que cuando se tenga conocimiento de que una denuncia es falsa, infundada o tuviera el ánimo evidente de perjudicar al denunciado, se va a considerar como una falta grave a la disciplina y el denunciante deberá ser sancionado, que es lo que corresponde”.

Por último, Gahona destacó que el proyecto le otorga el derecho a los funcionarios de recurrir también a la Contraloría General de la República para hacer presente el caso si así lo estiman conveniente, además de establecer que las personas individualizadas en una denuncia no podrán participar en instancias de calificación o apelación del denunciante, para así otorgarle mayor transparencia e imparcialidad al proceso.

 

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