• El dirigente de los habitantes de la Parcela 45, Sergio Márquez no es optimista en relación a los resultados del juicio y la regularización de los terrenos.
Crédito fotografía: 
Juan Carlos Pizarro A.
Nos trasladamos a la Parcela 45 de Pan de Azúcar, en Coquimbo, donde viven alrededor de 80 familias que pagaron por terrenos donde instalaron sus casas que todavía no pueden inscribir como propias debido a que se vendieron irregularmente. Tienen miedo de ser desalojados ya que el lugar mantiene una deuda con el fisco, y no saben si el proceso penal que se lleva a cabo en tribunales ayudará a regularizar su situación, o sólo condenará por estafa, loteo irregular y asociación ilícita a los tres imputados.

El séptimo día de alegatos se cumple hoy en el juicio de los loteos brujos. Se trata de un caso emblemático tanto por la cantidad de víctimas como por los dineros que se habrían defraudado cuyo monto estimado ascendería a los $4.000 millones

Hasta ahora, el único de los tres imputados que prestó declaración fue Juan Miranda. Los otros dos integrantes de la empresa Parcons Propiedades, Ximena Burdiles y el abogado Flavio Gómez hicieron uso de su derecho a guardar silencio.

Los delitos que se están imputando son, por una parte la subdivisión irregular de terrenos, que constituían suelo agrícola, y por otro lado la estafa, ya que vendían los sitios prometiendo una urbanización. Todo bajo engaño. Además, el abogado querellante Ramiro Moya, agregó la asociación ilícita, por lo que lo acusados arriesgan penas que van desde los 5 a los 25 años.

La parcela 45 de Pan de Azúcar

En total, la sociedad adquirió seis terrenos que posteriormente comercializó de manera ilegal tanto en La Serena como en Coquimbo entre el 2013 y el 2016, pero es sin duda el caso de la Parcela 45 de Pan De Azúcar el más emblemático. Allí se encuentra la mayor cantidad de personas afectadas quienes hoy forman parte del juicio, algunos representadas por al abogado Ramiro Moya, y otros directamente por el Ministerio Público.

Fuimos al lugar, correspondiente al denominado Proyecto Nueva Vida en el sector Vuelta El Martillo, y los habitantes, si bien celebran el que se esté dando curso al proceso legal, saben que una condena a los imputados no les solucionaría del problema del todo, pero tienen esperanzas, al menos, en que se allane el camino y finalmente puedan ser dueños de lo que compraron y se les permita inscribir sus viviendas.

Raúl Veas firmó un contrato de compromiso de compra de un sitio en el 2014, y ese mismo año decidió trasladarse a vivir en el lugar junto a su familia. Lo encontramos a la entrada de lo que los lugareños llaman “condominio”, el que cuenta con calles pavimentadas y amplias construcciones habitacionales. A simple vista, el sitio está urbanizado, sin embargo, nadie es legalmente el dueño de lo que tanto les ha costado levantar, y por lo que pagaron millones de pesos.

En el caso de Veas, la realidad es más dramática, ya que él tenía su vivienda, y la vendió precisamente para adquirir un sitio en este proyecto del que se “enamoró” en cuanto vio. “Nosotros, con mi señora pasamos un día y vimos los pendones que había afuera donde se ofrecían los sitios. Era todo muy bonito, entramos a ver y estaba todo subdividido, había una pequeña plaza y en los folletos que nos entregaron se hablaba de la electricidad y el agua que íbamos a tener garantizada. Además de eso, decía que existirían guardias privados etc… O sea, era todo ideal”, relata.

Cansado de la inseguridad del sector donde residía, y al ver la tranquilidad que podía tener en la Parcela 45, tomó la decisión y tuvo el primer encuentro con Burdiles, quien terminó de convencerlo. “Le planteamos la posibilidad de comprar un terreno e incluso nos ofrecieron facilidades de pago, así que accedimos, al final terminamos pagando 14 millones. Esto fue más o menos en marzo abril y comenzamos a construir inmediatamente. En septiembre ya estábamos instalados con mi mujer y mi hija”, relata el hombre quien recuerda que mientras levantaba su inmueble, Burdiles, a sabiendas de que lo que se estaba realizando era ilegal, le ofreció venderle también el material de construcción.

Una decepción

“Si nos llegan a sacar de acá quedamos en la calle”, cuenta un afligido Raúl Veas, quien en los próximos días estará declarando en el tribunal. Dice tener miedo por lo que pueda llegar a pasar, ya que sabe que el terreno tiene orden de remate por una deuda con el fisco, algo de lo que se enteró sólo cuando quiso realizar la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, donde la dijeron que no podía porque “esto tenía orden de embargo y remate.

De inmediato nos comunicamos con ella, pero nos decía que era normal, que se iba a regularizar, hasta que llegó un momento en que ya no dio para más y decidimos poner la querella”, cuenta. Luego de eso, la historia es conocida: un largo peregrinar para obtener apoyo de las autoridades y que se llevara a cabo el juicio oral. “Es importante lo que pueda pasar en el juicio, pero a mí a estas alturas no me interesa que ella (Burdiles) vaya presa, lo único que queremos es inscribir el terreno y tener mi título de dominio”, expresó el afectado.

Tensión

Hay nerviosismo y se nota. Al advertir la presencia de la prensa, un vecino se molesta e incluso uno de ellos se acerca violentamente a solicitar que nos retiremos amenazando con llamar a Carabineros. Sin embargo, la misma persona más tarde pediría disculpas reconociendo su mal accionar.

Paralelamente  otro afectado Juan Cepeda, se acerca amablemente y agradece la cobertura que se le ha dado el tema para que logre visibilizarse. Cepeda vive en la parcela y ha sido testigo de todo este proceso que han vivido los habitantes, incluido su cuñado, quien pagó por la propiedad.

La gente acá está muy afectada psicológicamente. Entonces, por eso se produce ese nerviosismo que tú vez, porque algunos invirtieron el capital de toda su vida, y eso es muy fuerte. Aquí han muerto cuatro vecinos esperando que esto se regularice y no se ha podido debido a la deuda fiscal que existe que estas personas estafadoras no quieren pagar”, explicó el lugareño, mientras mira la plaza de juegos infantiles abandonada a esa hora de la mañana. “No se ocupa, si no hay ánimo para eso”, dice Cepeda.

Justicia

El dirigente Sergio Márquez también se mostró reacio a hablar del tema en un principio, a diferencia de la mayoría de los vecinos. De hecho también nos pidió que nos retiráramos, sin embargo, posteriormente se explayó, y lo hizo como una forma de desahogarse.

Márquez no es optimista con lo que pueda ocurrir tras el juicio, ya que no solucionaría el problema de fondo que es la regularización de los terrenos. “Lo judicial a mí no me va a dar una solución. Yo he tenido conversaciones con los fiscales y me han aclarado el tema respecto a que la única solución a esto es hacer ruido y seguir viendo el tema con las autoridades. Se ha conversado con el ministro, se ha conversado con diputados, y con entidades que podrían resolver el embargo que tiene la propiedad, pero nadie toma la sartén por el mango. Aquí tiene que haber un acuerdo entre todos para que se solucione nuestra situación, porque a mí no me sirve que se condene a estas personas si yo no voy a poder inscribir la propiedad”, expresó el dirigente, quien también fue víctima de la estafa. A su vez, expresó que están haciendo gestiones con Bienes Nacionales, quienes ya les habrían abierto una puerta para una solución.

Nos contactamos con la seremía del rubro a nivel regional, sin embargo, manifestaron que no se referirían al tema de los loteos irregulares mientras no recibieran nuevos lineamientos de parte del ministerio a nivel central.

Abogado da esperanza

El abogado querellante Ramiro Moya, consultado específicamente respecto a la utilidad del juicio para que los vecinos obtuviesen su título de dominio y pudiese inscribir sus propiedades, indicó que en primera instancia ese no es el fin del proceso penal que busca condenar los delitos, pero “sí tiene efectos para poder inscribir después. Una sentencia condenatoria contra los imputados nos daría elementos para poder realizar la inscripción, no es algo inmediato pero nos da la base para pedirla”, precisó Moya.

Suelos agrícolas

A lo largo del juicio oral que se está llevando a cabo, se han develado detalles del modus operandi de la sociedad Parcons Propiedades. De acuerdo al relato del propio imputado Juan Miranda, se apelaba al desconocimiento de los compradores y se les vendían inmuebles o terrenos correspondientes a “loteos brujos”.

Es decir, sectores agrícolas adquiridos legalmente, pero que fueron subdivididos y vendidos de manera irregular, ya que a los hoy querellantes se les dijo que podían construir sus casas en el lugar, algo prohibido por ley. De esta forma, las personas pensaban que estaban comprando un título de dominio pero sólo estaban adquiriendo derechos, algo de lo que se enteraban sólo al momento de ir a realizar la inscripción de la propiedad.

Pero, ¿por qué no se podía urbanizar? Según explica el director del SAG (Servicio Agrícola Ganadero), Jorge Navarro, esto estaba dado precisamente por la calificación del uso de suelo. “Nosotros protegemos los suelos de actitud agrícola, es decir, los que tienen una capa digital donde se pueda sembrar o tener algún cultivo, porque hay muy pocos suelos de esas características, por eso los salvaguardamos”, precisó Navarro.

Agregó que si una persona por ejemplo, quisiera construir en estos terrenos podía hacerlo previa autorización del SAG. “Para hacer esto deben acercarse a nosotros. Ahí constatamos algunas condiciones que se deben dar, y si se quiere subdividir, por ejemplo, y después vender,  tiene que ser mayor a los 5 mil metros cuadrados. Si se subdivide en sitios menores, estaríamos dentro de lo ilegal”, enfatizó.

Edil apoya a familias

El alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira ha seguido de cerca el tema que afecta a los vecinos de Pan De Azúcar, y lamenta lo que está ocurriendo, por lo mismo, asevera que como municipio están llanos a prestar asesoría para avanzar en una regularización de los terrenos.

“Es lamentable por lo que atraviesan nuestras familias de Coquimbo, ya que prácticamente fueron estafados al adquirir un terreno con el fin de cumplir el sueño de la casa propia, lo que finalmente se transformó en una pesadilla que hoy los mantiene en un proceso judicial. Ante ello, desde el municipio estamos a disposición para ayudarles en el proceso por el cual atraviesan, y trabajar de la mano junto a un equipo técnico y jurídico que les permita avanzar en la regularización de sus terrenos y abordar la problemática, lo cual, es lo más urgente”, aseveró.

 

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