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Referencial / Fiscalía
La niña, quien tenía 10 años de edad, padecía la enfermedad de lupus erimatoso sistémico complejo.

Por el cuasidelito de homicidio, el Juzgado de Garantía de Los Vilos formalizó a una educadora de trato directo y a la directora de un centro colaborador del Sename ubicado en la mencionada comuna, por la muerte de la menor Rechel Contreras Vera el 11 de febrero de 2016.

Asimismo, la jefa de la residencia también se le imputó el delito de presentación de documentos falsos, según la información publicada en el sitio web de la Fiscalía,  

El Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow indicó que “con esto seguimos avanzando en las investigaciones que están a mi cargo para esclarecer las circunstancias en que fallecieron distintos niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección del Estado y particularmente del Servicio Nacional de Menores”.

En relación al delito de presentación de documento falso, la autoridad señaló que ese tipo de acciones forman parte de las dificultades investigativas con las que se han encontrado en este caso, en el que se han enfocado no solo en esclarecer las circunstancias del fallecimiento, "sino que también se investigan hechos relacionados u "otros hechos ilícitos que pudieran tener vinculación con el hecho principal investigado”.

En tanto, el Fiscal Jefe de Los Vilos, Claudio Venegas Basualto, comentó que “los hechos por los cuales formalizamos dan claros detalles de la dinámica de la ocurrencia de las imputadas en contribuir a generar las condiciones que llevaron en definitiva a la muerte de esta menor como asimismo con las conductas posteriores que dicen relación con la otra figura delictual por la cual se formalizó”.

LO QUE OCURRIÓ

De acuerdo a la comunicación realizada por la Fiscalía en la audiencia, desde el mes de noviembre del año 2015 hasta el mes de febrero del año 2016, la niña Rechel Naomi Contreras Vera (10 años), quien padecía la enfermedad de lupus erimatoso sistémico complejo, se encontraba bajo el cuidado de la Residencia REM PER Villa Padre Alceste Piergiovanni en la localidad de Quinta de Tilcoco (VI Región), organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores.

En Febrero de 2016, la directora del centro, María Teresa González Catejo, determinó trasladar a la menor a un centro vacacional ubicado en Pichidangui, comuna de Los Vilos, estando la niña a cargo de la educadora de trato directo Sonia Gaona Sotelo, sin las condiciones de salud necesariaS para prevenir una crisis o descompensación de su enfermedad, ante cualquier síntoma que ella tuviera, como es fiebre, vómito, diarrea o dificultad para respirar, lo que generó un riesgo en la víctima, según reseña el documento de la formalización.

Es así, como durante la noche del día 11 de Febrero de 2016, siendo aproximadamente las 4:00 hrs de la madrugada, la víctima y estando al cuidado de  la educadora de trato directo, sufrió un episodio de descompensación, siendo trasladada a un recinto de salud “tardíamente”, cerca de las 7.00 AM. 

En dicho centro de salud fue diagnósticada con cianosis (coloración azul o lívida de la piel que se produce a causa de una oxigenación deficiente de la sangre), por lo que falleció aproximadamente a las 11:35 horas en aquel lugar a consecuencia de una sepsis bronco neumonía.

“El traslado tardío de la niña a un recinto asistencial por parte de la imputada Sonia Gaona, a pesar de conocer la enfermedad de Lupus que padecía la niña y los riesgos y consecuencias asociadas a ella, agravó su estado de salud, restándole a la víctima posibilidades de sobrevida”, dijeron los representantes del Ministerio Público en la audiencia.

En tanto, el segundo hecho formalizado se relaciona con que el 8 de julio 2016, la imputada González Catejo “procedió a presentar e incorporar a sabiendas, ante el Juzgado de Familia de Rengo, un documento falso individualizado como “Entrega de medicamentos Pichidangui 2016 desde el 4 febrero al 25 de febrero de Rechel Contreras Vera”.

Este documento señalaba dosis de medicamentos que debían ser suministrados a la niña Rechel, que no eran las originalmente prescritas. Según expusieron los fiscales, “previo a aquella audiencia, les exigiera a aquellos funcionarios modificarlo y confeccionar uno nuevo, falso”, el que fue presentado ante el Tribunal. “Este documento falso fue ofrecido e incorporado por la imputada, conociendo su falsedad”, agregaron.

Al término de la audiencia se fijaron las medidas cautelares de firma periódica y arraigo nacional, otorgándose un plazo de 6 meses para la realización de diligencias investigativas, finaliza la nota de la Fiscalía.

     

     

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