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Un fallido comienzo tuvo el proceso penal por el caso de venta de loteos brujos en el que se acusa a tres personas por los delitos de estafa, comercialización irregular de terrenos, y asociación ilícita, que habría afectado a más de 200 víctimas por un monto de alrededor de $2.500 millones. En una audiencia a la que llegó un centenar de personas entre querellantes y víctimas, las magistradas detectaron una serie de errores en el documento de Auto de Apertura señalando que “no era confiable”. Durante la individualización, además, Ximena Burdiles, principal imputada, rechazó la representación del Defensor Penal Público lo que obligó a suspender el inicio del juicio que debiese efectuarse hoy.

Joselyn Traipe, quien el 27 de abril del 2019 perdió a su hijo y a su esposo mientras transitaba en su automóvil por el Puente Zorrilla, en Las Compañías, y éste fue impactado por una camioneta cuyo conductor iba en estado de ebriedad, entrega un duro testimonio de lo que han sido estos meses “sin justicia” y al cuidado de su hija menor quien quedó postrada. El abogado querellante, Raúl Castillo, adelanta que exigirán el máximo rigor de la ley (20 años) mientras la defensa, encabezada por el penalista Carlo Silva, insiste en la ilegalidad de la prueba y en la supuesta falta de resguardo que tenían el interior del vehículo los afectados.

Pablo Morales, y su padre, Sergio, conocido representante de futbolistas, fue denunciado por su hermana y la hermanastra de ésta en el 2017, y pese a que la causa fue sobreseída, la parte querellante realizó una nueva demanda, para que el tema vuelva a verse en tribunales. El empresario deportivo asegura que las presuntas víctimas buscan dinero, y que su relación antes de la batalla judicial “era entrañable”. De hecho, él iba a ser el padrino del hijo de una de ellas.

El Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva por riesgo para la seguridad y por la multiplicidad de delitos, lo que fue criticado por la representación del capitán Luengo.

El abogado defensor del exarzobispo de La Serena, Francisco José Cox, aseguró que el imputado por abuso sexual de menores, no está en condiciones mentales de enfrentar un trámite penal. En tanto, Hernán Godoy, uno de los afectados, remarca que si no se presenta a la audiencia del 19 de diciembre sentaría un mal precedente para el resto del proceso.