Fiscalía cede y acuerda entregar carpeta investigativa a exintendenta Pinto

Tras la audiencia de Cautela de Garantías solicitada por la defensa de Lucía Pinto, el Ministerio Público, que anteriormente se había negado a poner en conocimiento los antecedentes aduciendo que se trataba de una investigación reservada, esta vez, frente al juez de garantía, no tuvo inconvenientes en comprometer la entrega de documentos a la ex autoridad el próximo miércoles 11 de noviembre, en un procedimiento marcado por las ambigüedades en donde ni siquiera quedó claro si Pinto se encuentra en calidad de imputada en la actual etapa procesal.
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Fiscalía y exintendenta libran primera batalla en tribunales

La negativa del Ministerio Público de entregar una copia de la carpeta con los antecedentes por el presunto fraude al fisco en el que Lucía Pinto es indagada, llevó al abogado defensor de la otrora jefa regional, Samuel Donoso, a solicitar una Audiencia de Cautela de Garantías por considerar que en este acto se vulneran los derechos de su representada y perjudican el debido proceso. Intervinientes guardan silencio, pero se referirían a la situación una vez finalizado el trámite, cuando el juez determine si la entidad persecutora debe entregar o no la información requerida a la ex autoridad.
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A fines de noviembre se conocen sanciones a involucrados en Papaya Gate

La Contraloría entregó la fecha clave en que los sumarios estarán finalizados tanto en el Gobierno como en el Municipio de La Serena tras la compra de terrenos por los que el Gore pagó $9.800 millones a sociedades inmobiliarias sin la Toma de Razón del ente fiscalizador para financiar un proyecto deportivo de la casa edilicia. Las sanciones van desde una amonestación verbal hasta la destitución, con la consecuente inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años. La pena también aplica para quienes renunciaron y corre en paralelo con el proceso judicial que podría terminar con cárcel para los responsables.
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Las confesiones de Lucía Pinto a una semana del escándalo del “Papaya Gate”

A más de una semana de dejar su cargo en la Intendencia Regional, habló en exclusiva con El Día reiterando que la compra del cuestionado terreno en San Ramón se ajustó a derecho y que está trabajando en su defensa para demostrarlo. Reconoce, además, que saltarse la toma de razón “es un error administrativo” y que el sumario que lleva a cabo la Contraloría deberá determinar sanciones y responsabilidades, pero también dice que es justo considerar las urgencias de la comunidad. “No puede ser que las personas sigan esperando 15, 20, 30 años para tener un hospital o recibir su casa propia, tener luz o alcantarillado, eso no es dignidad”, detalla.
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Las penas que arriesgan los involucrados del GORE en investigación por fraude

Los expertos dan luces del panorama que enfrenta Lucía Pinto y parte de su equipo, investigados por el ilícito con daño al patrimonio fiscal. De comprobarse que existió delito, las penas ascienden hasta los 15 años de presidio en el peor de los escenarios. En caso que sólo se trate de una falta administrativa, la sanción podría sepultar la carrera de los involucrados. Pero esto recién comienza y el Ministerio Público debe realizar una serie de diligencias sopesando los antecedentes de la Contraloría con los que presente la defensa de los implicados para formalizar o desestimar los cargos.
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Diario El Día