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El Mercurio
En el caso que el plebiscito tenga un resultado favorable a la opción de una crear una nueva Constitución hay varios temas que deben afinarse y desmitificarse. En el caso de la aprobación del proyecto completo, sus capítulos y artículos, el 66% de los constituyentes tienen que estar de acuerdo. Expertos señalan que podría ser un incentivo para generar puentes y negociar con base en principios comunes y alcanzar acuerdos que representen de mejor forma a la ciudadanía.

La madrugada del viernes del 15 de noviembre será recordada como una fecha histórica ya que los parlamentarios de los principales partidos políticos –excepto el PC- firmaron el Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución para que la ciudadanía defina en abril de próximo año la posibilidad de redactar una nueva Carta Fundamental. 

El documento fue celebrado, sin embargo, hay algunos puntos que necesariamente deberán ser afinados dentro de los próximos días, o bien desmitificados. 

En el caso que el plebiscito tenga un resultado favorable a la opción de una crear una nueva Constitución y con ello el mecanismo que lo va a elaborar, Convención Constituyente o Convención Mixta, se dará paso a un órgano constituyente que tendrá el único objetivo de redactar el texto jurídico. 

A juicio de expertos aquí comienzan algunas dudas. En primer lugar se encuentra la confusión respecto al método con el que se elegirán a los constituyentes o asambleístas y, la del quórum que se requerirá para validar las decisiones y votar por el proyecto completo, sus capítulos y artículos en particular. Para ello necesitará una aprobación de 2/3 de los miembros.

Afinando detalles

El magister en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Marín Cabrera, dijo que hasta el momento sólo hay una aproximación de lo que será la cantidad o universo de ambos órganos.

“Podríamos prever que acá en la Región de Coquimbo habrán 7 asambleístas constituyentes para representar a la zona –al igual que el número actuales de los diputados-. De esta forma, el universo total será de un total de 155”, agregó. 

Según el documento firmado por las fuerzas políticas, la elección de ambas instancias será el mismo con el que se eligen a los diputados. En este punto Marín aclaró que este cuenta “con cierta representatividad territorial y que tiene que ver con el umbral de entrada de la cantidad de participantes por la cantidad de distritos, en este caso territorios”. 

Pese a ello, la duda continúa ya que el mecanismo no establece la igualdad de los ciudadanos al momento de participar e integrar las convenciones, ya sea la constituida 100% por ciudadanos o la mixta entre ciudadanos y parlamentarios, dejando fuera la igualdad paritaria y las minorías étnicas. 

“Hoy tenemos claro que la norma de elección será una que tiene que ver con el Sistema D’Hondt que es proporcional de cifras repartidoras. Pero lo que no tenemos claro es cómo se va a garantizar la igualdad de posibilidades, en el caso de aquellas personas que quieran participar y que puedan ser electas”, aseveró. 

El académico dijo que las actuales leyes electorales tienen ciertas trabas que deben regularse antes de iniciar el proceso, como por ejemplo la inhabilidad de los dirigentes sindicales a optar a cargos de elección popular, “en este proceso constituyente tener la visión de un sindicalista sería esencial. Esas son las dudas que se deben afinar”. 

Comisión técnica

El diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara baja, Matías Walker, aseguró que ahora comienza el trabajo de una comisión técnica que tendrá como propósito concretar un acuerdo que incluya este punto.

“Uno de los temas que vamos a discutir en la comisión de Constitución es cómo le podemos dar plena igualdad a los independientes de poder presentar candidaturas, de  cómo integramos una cuota de género y de pueblos originarios”, indicó. 

Propuesta personal 

Walker comentó que tiene algunas propuestas para estos puntos aunque aclaró que son a título personal. 

“Soy partidario que los independientes puedan presentar listas por temas, como medioambiente, derecho de agua. De esta forma se pueden agrupar y pueden sumar votos y estar en la convención. Así la gente que esté interesada en esas materias podrán votar y tener la certeza que sus inquietudes serán recogidas por el órgano”, explicó. 

En el caso de la cuota de pueblos originarios, el congresista dijo que se podrían incorporar usando los actuales registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Así las personas que estén en el documento podrían votar por sus representantes, “incluso podríamos tener dos padrones, uno general y el otro específico”. 

Respecto a la cuota de género, Walker dijo que no basta la existencia de paridad sólo para las candidaturas sino una cuota efectiva con un factor de corrección dejando a ambos en una posición de 50 y 50. 

La crítica de los 2/3

Algunos grupos de oposición han criticado el hecho de que sean 2/3 (66%) de quórum necesarios para aprobar cada artículo, esto significaría que 1/3 (33%) tendría derecho a veto, o sea, a frenar la aprobación.

Es decir, bastará con que 33% +1 de los delegados constituyentes presentes voten negativamente, en algún artículo discutido, para que este quede en blanco, impidiendo que se logren los 2/3 de quórum necesarios.

En este punto el doctor en Derecho Constitucional y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Kamel Cazor, aclaró que en la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorga un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo, muchas veces, que las mayorías democráticas la reformen. 

“Al contrario, en el proceso constituyente que se iniciará a finales de 2020, el quórum de 2/3 hace que la nueva Constitución sea el producto de las grandes mayorías porque se parte de una “hoja en blanco” (Poder Constituyente Originario) que no da ventaja a ningún sector político en particular. Lo que obligará a los miembros de la Convención alcanzar un ‘piso compartido".

El académico expresó que si no se logra un acuerdo, no se regulará en la actual Carta Magna, o si el acuerdo es parcial, se fijará un contenido mínimo en el propio texto constitucional.

“En ambos casos (puntos no “constitucionalizados” o solo parcialmente) será el legislador democrático el encargado de regular estas materias. Lo cual es destacable, pues fortalece la decisión democrática encarnada en la Ley, lo que también debiera estar acompañado por mecanismos de democracia semi-directa (plebliscito o referendum) en los cuales el pueblo tenga un rol activo en ciertas decisiones fundamentales”, comentó. 

Eduardo Marín agregó que el quórum dado por el Congreso dejará de manifiesto la capacidad de los actores políticos de entrar a negociar y gestionar el conflicto. 

“En estricto rigor esa es la esencia de la política, ya que siempre hay interacciones de conflicto, pero sin embargo, cuando se logra entender estamos haciendo política y eso es lo que ha hecho falta en estos tiempos de conflicto social”, cerró.  

 

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