Jueves 21 de Julio de  2022
FRENO A LA SUBDIVISIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS

Freno a la subdivisión de tierras agrícolas: ¿Cuántas son las solicitudes que se revisarán en la región?

A partir de la instrucción dada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela al SAG, de no autorizar más loteos de predios rústicos si no son para fines agrícolas, se anunció una mayor fiscalización a este tipo de desarrollo inmobiliario

Créditos: Lautaro Carmona
Escrito en ECONOMÍA el

Esta semana se dio a conocer la decisión de parte del Ministerio de Agricultura de restringir la entrega de certificados que autoricen una subdivisión por más de 5 mil metros cuadrados a loteos en áreas rurales si no son para fines agrícolas.

La decisión comunicada por el secretario de la cartera, Esteban Valenzuela, surge a raíz de la proliferación observada en los últimos años, de proyectos inmobiliarios en zonas rurales que transgreden la ley vigente, al simular que se mantiene el uso agrícola del terreno, pero destinándolo posteriormente a la construcción de viviendas, generando de paso, una degradación del ecosistema local.

El problema surge cuando estos proyectos inmobiliarios irregulares comienzan a crecer al margen de los instrumentos de planificación territorial, ocupando los mejores terrenos productivos existentes.

Al respecto, el seremi de Agricultura, Hernán Saavedra, explica que con esta medida se apunta a regularizar el procedimiento de certificación del proceso de subdivisión de predios rústicos, utilizando para ello, la propia normativa existente –decreto ley N°3.516 de 1980- para ello.

“Esta normativa permite la subdivisión hasta los 5 mil metros cuadrados, siempre y cuando se cumpla con el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que no se puede cambiar el destino de esta subdivisión a un destino distinto del original. O sea, si es suelo de uso agropecuario, ésta debe mantener ese fin”, indica.

 

¿Cómo va a operar?

Según la autoridad regional, a nivel local existen unas 130 solicitudes para parcelación de terrenos de hasta 5 mil m2, las cuales hoy, están siendo revisadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, -organismo encargado de entregar las certificaciones de subdivisión respectiva – para ver si cumplen o no, con la ley vigente.

“Lo que ha pasado en estos 42 años, es que el Estado ha actuado con mucha laxitud en este tema, provocando que a partir de la subdivisión de predios rurales se haya generado un florecimiento de núcleos urbanos al margen de la planificación. Y eso ha derivado, lamentablemente, en presiones sobre el sistema agrícola y sobre los municipios”, indicó Saavedra, ya que estos deben acudir con servicios a aquellos núcleos de vivienda que han surgido de forma irregular.

En ese sentido, el titular regional de Agricultura, clarificó que en este momento todas las tramitaciones están siendo analizadas por el SAG mientras se solicita a diversos servicios del Estado que se pronuncien sobre la situación de alguna subdivisión en particular. “Ello, porque se quiere resguardar el fin agrícola del terreno”, señala el seremi.

 

Apoyo de alcaldes

Dada la gran cantidad de loteos existentes al margen de la ley, desde hace un buen tiempo, los alcaldes se han transformado en los principales promotores de la regulación de estos proyectos fuera de la ley.

Rafael Vera, edil de Vicuña, aseguró a su juicio, que esta, “es una buena intención del ministerio porque, por un lado, se protege la actividad agrícola, la cual se ve amenazada por el aumento del valor de los terrenos y el entusiasmo de algunas personas por vender sus terrenos para hacer conjuntos habitacionales en lugares que no están autorizados para ello. Y al final, eso termina siendo loteos brujos y se engaña a mucha gente”.

En esa misma línea, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, afirmó que como municipio ya venían operando en esa línea. “Hay situaciones irregulares y que debemos frenar, mucha gente fue engañada e invirtió todos sus ahorros para vivir en el sector rural, con mayor tranquilidad, pero vemos que hoy sufren las consecuencias y esos son temas que debemos trabajar”.

Por su parte, el edil de La Serena, Roberto Jacob, puntualizó que producto de los loteos brujos, el municipio debe incurrir en gastos extra no contemplados, pues “tenemos que llevar agua, tenemos que estar arreglando caminos y otras cosas que no corresponden porque no están regularizados. De hecho, a ellos ni siquiera se les puede poner luz y agua porque no tienen un rol. Entonces me parece muy bien que se haga respetar la norma”.

Eso sí, advirtió Jacob, el problema ahora es qué hacer con lo que ya se vendió de forma irregular. “Ese es el gran tema, porque habrá que ver que ocurrirá con esos terrenos. En algún momento se va a tener que tomar alguna acción que tienda a corregir la estafa que han hecho”.

 

Dudas

No obstante, no todos comparten esta misma mirada, pues por ejemplo, para la Sociedad Agrícola del Norte, el foco para solucionar este problema debiera ser otro.

Según la gerente de la SAN, Daniela Norambuena, afirmó que este tema “no es agrícola, sino más bien de ordenamiento territorial. Creemos que faltó mayor explicación sobre lo que el gobierno quiere establecer y cuál es el programa u apoyo ante esta situación”.

A juicio de la actual concejala de La Serena, el Ministerio de Agricultura debiese trabajar este tema con su par de Vivienda, municipios, y otras entidades, “ya que según lo expuesto vendría a perjudicar a aquellas personas que quieren vivir en el sector rural, puesto que sería inviable que pudiesen acceder a un terreno de 5 hectáreas como lugar de residencia, por lo tanto, esperamos mayor claridad de las autoridades”.

Afirmó además que existe un trabajo pendiente que se debiera realizar con los municipios, pues son estos quienes tienen la planificación del desarrollo comunal a través de los Pladeco. “Ahí es donde se debiera poner el énfasis en el desarrollo habitacional sobre el cambio de uso de suelo. Las personas que disponen de una superficie mayor de terreno, según la ley, están en su derecho de generar parcelas de agrado o proyectos rurales que mantengan el uso agrícola según la normativa vigente”, puntualizó.