principalmente en las provincias de limarí y choapa

El 2022 se abrieron 113 expedientes por extracción ilegal de agua en la región

El territorio se posicionó como la segunda región en Chile con más apertura de expedientes, sin embargo los regantes insisten en que falta mayor fiscalización por parte de la DGA.
domingo 12 de febrero de 2023

La extracción ilegal de agua superficial y subterránea no es un delito nuevo en la Región de Coquimbo, al menos así lo han denunciado en numerosas ocasiones a este medio, dirigentes de las Juntas de Vigilancia de la zona.  


En detalle,  durante el año 2022 la Dirección General de Aguas (DGA) contabilizó un total de 202 expedientes de fiscalización abiertos, de los cuales 124 fueron resueltos con 49 multas cursadas, por un monto que asciende a 10.329 UTM. 


Esto se traduce en que a nivel país, la Región de Coquimbo se posicionó como la segunda región con más apertura de expedientes.


En concreto, 101 de ellos se abrieron por denuncias y 101 por oficio, siendo la causa principal la extracción no autorizada de agua, -con 113 expedientes-, y obras no autorizadas en cauce, con una cifra equivalente a 36.


Desde la DGA de Coquimbo, también se especificó que las comunas donde más se han abierto expedientes de fiscalización son: Illapel con 38 expedientes; Monte Patria con 34; Salamanca con 34; y Los Vilos con 21.


Al respecto, el seremi de Obras Públicas de Coquimbo, Javier Sandoval, hizo hincapié en que “nuestra DGA trabaja constantemente en fiscalizar y dar seguimiento a las infracciones al Código de Aguas, ya que para nuestro Gobierno, el agua es una prioridad”.


La autoridad también señaló que “sabemos que este elemento es indispensable para la vida y el desarrollo de los territorios, por lo que ejercer nuestra labor de manera eficaz, para velar por el correcto uso del agua, va en la línea de lo que pretendemos y debemos hacer, que es cuidar el agua”.


Cabe destacar que en el 2022 se sumaron 2 funcionarios a la Unidad de Fiscalización regional, quedando con 5 analistas: 1 en Elqui, 1 Limarí y 3 en Choapa, más la jefa de la unidad. Sumado a esto, este año se pretende duplicar el equipo de fiscalización, pasando de 70 personas en todo el país a 140.                    


Al ser consultado por este tema, el representante de la Comunidad de Aguas de Los Tapia de la comuna de Monte Patria, Floridor Solar, -quien además es agricultor de uva-, aseguró que “el tema de la fiscalización es un problema que se arrastra desde hace años, no es de ahora y tiene que ver con que la DGA tiene muy poco personal para cubrir todo el territorio”. 


En base a esto, el dirigente afirmó que “en el sector de Chañaral Alto se fiscaliza muy poco, incluso hasta antes del año pasado, habían hasta 2 o 3 maquinarias sacando agua del río y la DGA no aparecía, por lo que nosotros preferíamos trabajar con la municipalidad para fiscalizar”.


“El robo de agua no ha parado, pero no se nota, porque la gente no reclama ni denuncia, y es porque gracias a las lluvias del año pasado, ahora no tenemos problemas con los turnos, pero la verdad es que los grandes empresarios están sacando agua como locos y eso lo sabe todo el mundo”, argumentó Solar.


Respecto a esto último, el dirigente advirtió que “si este año es malo para las lluvias, se va a ver que el robo de agua sigue latente, porque cuando se acabe este veranito de San Juan, la gente va a empezar a denunciar”.  


Por su parte, el presidente del Canal Molino de Tranquilla de la comuna de Salamanca, Malaquias Araya, manifestó que el problema de la fiscalización del robo de agua, se debe a que en la administración anterior, la DGA no investigaba lo suficiente.
Debido a esto, Araya comenta que se fortalecer el rol fiscalizador del Estado, ya que según él, la DGA debería estar mucho más presente dentro de la cuenca y en el territorio mismo.

“Últimamente he visto que la DGA ha estado mucho más presente en cómo se distribuye el agua, tanto en la parte alta como en la parte baja del Choapa, de manera que el reparto del recurso sea más equitativo y preciso”, señaló Araya.


Sin embargo, el dirigente reconoció que “este es un delito común en nuestra provincia, pero no se nota, porque hay gente que tapa estas cosas, sobre todo porque las personas tienen miedo a denunciar, porque el proceso es muy burocrático, además de costoso, ya que hay que pagar abogados y un agricultor chico, frente a un fundo de grandes empresas, tiene todas las de perder”.


“El meollo del asunto es la influencia de las empresas grandes dentro de la cuenca, no solo en cuanto a cómo se distribuye el agua, sino que en el robo del recurso, y al final quienes pagamos las consecuencias somos nosotros, porque nos tenemos que conformar con lo que va quedando”, lamentó el dirigente.
 

Cabe destacar que como parte del Plan de Fortalecimiento de las Fiscalizaciones que realiza la DGA, el Departamento de Fiscalización de la misma Dirección Nacional capacitó a los funcionarios regionales en el uso de instrumentos y elementos tecnológicos que permitan realizar un trabajo más acabado en cuanto a fiscalización.


Los funcionarios tuvieron dos capacitaciones, la primera de ellas trató sobre el uso de drones para realizar una mejor fiscalización, mientras que la segunda fue sobre el uso de flujómetros, para medir caudales. 


En la región, hay 3 drones al servicio de las fiscalizaciones, uno en cada provincia, los que cumplen diversas funciones, pero principalmente se utilizan para ingresar a lugares de difícil acceso o con mucha vegetación, y así llegar a puntos de captación.