Acreditación al banquillo

Con la formalización del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y los ex rectores de la Universidad del Mar y Pedro de Valdivia comenzó el revuelo por el descrédito en que caía el sistema de certificación de calidad de los planteles de educación superior. Esta situación motivó que el Presidente Sebastián Piñera anunciara el pronto envío de un proyecto de ley para hace cambios profundos a la CNA
Acreditación al banquillo
Acreditación al banquillo
domingo 23 de diciembre de 2012

Un verdadero terremoto se vivió en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) con la formalización por cargos de cohecho, soborno, lavado de activos y negociación incompatible a Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, y los ex rectores, Hernán Zúñiga, de la Universidad del Mar y Ángel Maulén, de la Universidad Pedro de Valdivia. Es que, al parecer, era un secreto a voces las supuestas irregularidades que se habrían registrado en las certificaciones de algunos planteles de educación superior.
Durante la formalización de los tres imputados, el fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, indicó que el sistema de acreditación universitaria “está en serio riesgo y crisis” por las conductas de Díaz, Zúñiga y Maulén. Estos hechos configurativos de delito están siendo investigados y los tres detenidos quedaron en prisión preventiva. Sin duda esta compleja situación provocó un gran revuelo desacreditando el sistema de acreditación.
Sin embargo, para el rector de la Universidad de La Serena, Nibaldo Avilés, “la entrega de acreditaciones responde a actuaciones personales y no debieran poner en tela de juicio todo el sistema”.
Esta visión que se contrapone a la del vicepresidente del Consejo de Rectores y rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, quien indicó hace algunos días que los hechos denunciados “ponen en entredicho la acreditación de todas nuestras universidades. Ésta no es una cosa que afecte sólo a la Universidad del Mar, porque cualquiera puede pensar que todo está arreglado... Es un tema muy grave desde el punto de vista de la credibilidad de la institución del aseguramiento de la calidad”, asegura.
La preocupación de Zolezzi va más allá y plantea que habrá un efecto boomerang que “nos pasa a llevar a todos, todos hemos sido afectados en el tema de la credibilidad”, precisó. Por su parte, Avilés indica que los planteles que hayan cometido irregularidades en el proceso de acreditación deben “responsabilizarse por ello”.

REALIDAD ERA CONOCIDA. En julio de este año, la Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión investigadora de la educación superior en que se denunciaban, no sólo las vulneraciones de algunas universidades privadas a la ley que prohíbe el lucro, sino también diversos vicios que acrecentaban la entrega de una enseñanza desigual y de mala calidad.
Uno de los puntos abordados por los parlamentarios es el que hoy está siendo fuertemente cuestionado: El sistema de acreditación. “El informe señaló oportunamente todas las debilidades del sistema de acreditación, pero el señor ministro (Harald Beyer) hizo caso omiso de ello, desconociendo y desacreditando públicamente su valor, llegando a reconocerlas sólo con ocasión del estallido del escándalo de la Universidad del Mar”, señaló hace algunos días el diputado Rodrigo González, un integrante de la comisión.
Es que las advertencias no solamente colgaban al final del informe, sino que se escucharon en diversas intervenciones mientras duró el proceso de audiencias; como la que realizó del vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, quien señaló, refiriéndose a 2011, que hubo un “sinnúmero de acreditaciones muy rápidas. Sería bueno revisar cuántas acreditaciones hubo durante ese período. No tenemos ninguna posibilidad de intervenir y, por lo demás, se vería mal intervenir como Consejo de Rectores. El contralor sólo puede examinar a las 16 universidades del Estado, es decir, a 16 de 60. Las otras no tienen ningún tipo de control, no obstante que algunas reciben mayor cantidad de recursos fiscales que las del Estado”.
En esa oportunidad, el propio Íñigo Díaz, entonces presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), sostuvo que en la entidad existían conflictos de intereses, “y como presidente me duelen mucho, porque hay inhabilidades establecidas por la ley y una cantidad de otras inhabilidades que deben ser definidas por las personas”.
En este sentido Díaz, entregó ejemplos: “Tenemos el caso de los profesores de la Universidad Mayor, que eran socios y dueños de una agencia acreditadora. Esa relación no está limitada por ley, no obstante, la agencia en cuestión no puede acreditar a esa institución”, indicó dentro de su intervención.
La comisión parlamentaria que investigó la educación superior desarrolló 25 sesiones, entre el 9 de agosto de 2011 y el 18 de junio de 2012. También, recibió en audiencia a más de 70 invitados y dentro de las conclusiones menciona varios puntos que hoy están sobre la mesa: “En particular, la acreditación hace crisis porque se estableció como condición para acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE) -enorme fuente de recursos- y, además, la obligatoriedad de la acreditación para las carreras de Medicina y Pedagogía. Esto generó enormes presiones para que las instituciones de educación superior”, señala el documento.
Otra de las conclusiones que arrojó la investigación fue que el “Ministerio de Educación no ha ejercido sus funciones legales en relación a solicitar, entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación superior que deben entregar para la transparencia del sistema, por ejemplo respecto a los conflictos de intereses existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación”.
Las principales falencias con las que cuenta el sistema de acreditación actual y, por lo mismo, es uno de los focos en el que el Ministerio ha puesto principal énfasis. Por ello, a principios de junio, el ministro Harald Beyer, le pidió al CNA crear un código de ética que limitara la relación de los comisionados con las instituciones de educación superior.
El documento contiene las normas legales e internas que deben cumplir quienes son parte del sistema. En total hay una declaración de 10 principios, entre los que se encuentran la “imparcialidad” en que “deberán abstenerse de manifestar, en otros ámbitos que no sean las sesiones de la CNA, preferencia o rechazo, o efectuar otros juicios de valor sobre procesos de acreditación respecto de los cuales se encuentre pendiente alguno de los plazos de reposición o apelación previstos en la legislación”, dice. 

LA NUEVA PROPUESTA DEL GOBIERNO
••• El pasado jueves, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Educación Harald Beyer anunciaron el envío de un proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de acreditaciones que terminaría definitivamente con la controvertida labor de la CNA.
Se trata de la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que, entre otros cambios, contará con cinco consejeros, de los cuales cuatro deberán ser escogidos vía Alta Dirección Pública, y uno de ellos será electo por el Presidente de la República. Todos estarán inhabilitados de pertenecer o mantener vínculos con planteles educativos, a fin de no revivir los conflictos de interés que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público.
Por otro lado, a la hora de acreditar, se evaluarán todos los estándares solicitados en su conjunto y las instituciones sólo podrán optar a la aprobación completa de sus programas por 6 años, aunque da un periodo de gracia de tres a aquellos planteles que demuestren algunas debilidades. Si estas falencias no se superan, simplemente quedarán sin el reconocimiento estatal.
Piñera aseguró que con este proyecto de ley “estamos dando un paso importante para que la educación superior en nuestro país sea una educación de calidad”, de modo que sólo las instituciones que estén acreditadas y que den pruebas de la calidad de la educación que imparten “van a tener acceso a los recursos públicos, préstamos a los estudiantes, becas u otros beneficios”.