La Moneda evalúa sanciones por contrataciones irregulares de la Presidencia

A pesar de que la Contraloría General de la República solicitó sanciones específicas, es la Presidenta quien decide si se aplican o se toman otras medidas de castigo.
viernes 01 de diciembre de 2017

A través de una resolución, la Contraloría General de la República reprochó los millonarios contratos vía trato directo de la presidencia.

La entidad, investigó las relaciones entre los colaboradores de la Presidenta y las empresas proveedoras de servicios luego que se conociera la relación del exadministrador de La Moneda, Cristián Riquelme, con proveedores del área de la salud en el 2016. 

Luego de ésto, la Contraloría comenzó una investigación de más de un año, donde se revisaron boletas y facturas que determinaron que hubo abuso de contrataciones directas, por ejemplo, en la compra de flores para adornar el palacio gubernamental, que pasaron de 36 millones de pesos anuales durante la administración de Piñera, a 76 millones de pesos en 2014, cuando Bachelet retornó a La Moneda.

Riquelme, además, estuvo involucrado en el Caso Caval ya que fue quien autorizó el formateo del disco duro del computador del hijo de la Presidenta, Sebastían Dsávalos, cuando éste  era director sociocultural de La Moneda. 

La investigación de la Contraloría General de la República informó también sobre irregularidades en la contratación vía trato directo de Gaviola y García Producciones de Cine y Tv Ltda, quienes fueron contratados para realizar un documental sobre la memoria presidencial a través de un correo electrónico de la jefa de Gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte. 

Sin más, la gravedad del asunto aumenta, ya que la productora ni siquiera estaba inscrita en el registro de Chile Proveedores. 

De acuerdo a los resultados del sumario, Bermúdez propuso al gobierno aplicarle a Cristián Riquelme, una multa del 50% de su sueldo mensual y la suspensión de un mes de su cargo. No obstante, dejó su puesto el 23 de febrero de 2016 por lo que la propuesta de sanción no puede aplicarse.

Sin embargo, otros funcionarios de la Dirección Administrativa de la Presidencia que aún se mantienen en funciones en el gobierno, podrían ser sancionados. Se trata de Óscar Sandoval, actual director de la repartición; Natalie Vilches, exjefa del departamento de Abastecimiento; y Germán Yovane, jefe del departamento Jurídico.

Aunque, debido a que el sumario no es vinculante, será la presidenta Michelle Bachelet y el propio Óscar Sandoval, quienes deben decidir si aceptan lo que recomienda la Contraloría o finalmente, si queda archivado.

De este modo, y a través de un comunicado, La Moneda informó que aún está evaluando la resolución de la Contraloría General de la República, que reprochó los millonarios contratos vía trato directo de la Presidencia.