La pena y la muerte

El debate se ha tomado la agenda durante la última semana. Luego de la horrible muerte de Sophie, pequeña de un año once meses que fue brutalmente asesinada en el sector de Alerce en Puerto Montt presuntamente a manos de su padre biológico, las voces a favor de restituir la pena de muerte en Chile no se hicieron esperar.

Nadie se podía explicar cómo alguien fue capaz de cometer tal atrocidad con su propia hija, golpeándola en reiteradas oportunidades hasta hacerla perder la vida. Por ello el repudio fue masivo y, de hecho, a lo largo del país las manifestaciones sociales emergieron exigiendo el mayor de los castigos para el responsable.

UNA SANCIÓN DE LARGA DATA

Fueron diputados de la UDI quienes dieron el primer paso. Le enviaron una carta al Presidente electo Sebastián Piñera para que llamara a una consulta ciudadana respecto a la necesidad de sancionar con la pena capital los crímenes como el ocurrido con Sophie.

Bajo la premisa de que “hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados”, los parlamentarios expresaron su apoyo al restablecimiento esta Ley.

A partir de ese momento las opiniones vinieron de lado y lado. Algunos concordaron en que esta era la única forma de terminar con la delincuencia, pero hubo quienes, pese a comprender a las familias de las víctimas, aseguraron que volver a implementar la pena de muerte sería un retroceso.

Este tipo de castigo, para muchos el peor de todos, ha estado presente durante toda la historia de Chile, desde sus inicios, cuando los españoles pisaron territorio nacional, y fue precisamente en el sector de El Palqui, en Ovalle, donde se aplicó por primera vez bajo la legislación moderna, en 1889.

El condenado era un campesino llamado Emiliano Tapia Zapata, conocido ladrón del lugar quien ingresó a un fundo y al ser descubierto le propinó 14 puñaladas a la dueña, Florinda Herrera Eguiluz, acabando con su vida.

¿AVANCE O RETROCESO?

Fue sólo el primero. Desde el fusilamiento de Tapia Zapata, la aplicación de la pena de muerte, aunque con modificaciones, se siguió llevando a cabo y fueron en total 57 las personas ajusticiadas. Esto, hasta el 25 de enero de 1985 cuando Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Topp Collins, ambos funcionarios de Carabineros conocidos como los psicópatas de Viña del Mar, fueron al paredón tras cometer 10 homicidios y tres violaciones. Ellos fueron los últimos ejecutados en el país hasta la derogación definitiva de la pena capital en el 2001.

Para esa fecha la tendencia mundial era a ir erradicando esta medida y, de hecho, en la actualidad sólo 57 países todavía la contemplan en su legislación. Aquello fue considerado por las autoridades de la época y tras una intensa discusión en el Congreso, el 28 de mayo de ese año (2001), el presidente de la República Ricardo Lagos, junto al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, firmaron el decreto de Ley 19.734, con el que Chile se sumó a los cerca de 120 Estados que han eliminado la pena capital.

¿Sería un retroceso, entonces, volver a implementarla? Para el abogado penalista Ramiro Moya, definitivamente sí.

El profesional conoce de cerca el tema, ya que en una oportunidad le tocó defender a un cliente que arriesgaba la fatal condena, la cual finalmente no se le pudo imputar. En ese sentido, asegura que lo que está en juego es el prestigio como país a nivel internacional y la credibilidad del Estado puesto que retractarse de algo que en su minuto fue ampliamente discutido no tendría mayor sentido. Eso sí, no le parece mal que se esté produciendo la discusión, que tiene, ante todo ribetes éticos. “Hoy en día son muy pocos los países que tienen vigente la pena de muerte, precisamente porque se ha aceptado que no es la mejor forma de castigo, en general, y se ha considerado que el Estado no tiene el nivel ético para quitarle la vida a un conciudadano, independiente del delito que haya cometido”, expresa Moya.

UN MÉTODO DISUASIVO: REALIDADES ENCONTRADAS.

Es una de las ideas que más se replica entre quienes están a favor de restablecer la pena de muerte. Se dice que ésta funcionaría como un método disuasivo para los criminales, pero aquello no ha podido ser comprobado.

De acuerdo a un estudio realizado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, no existe ninguna evidencia de que este castigo reduzca los crímenes. Sin embargo, hay ejemplos que probarían lo contrario, como en el caso de Singapur, lo que es resaltado por el abogado experto en Derecho Penal y expresidente regional de la UDI, Reinaldo Villalobos.

Según consigna el penalista, desde que se comenzó a aplicar esta sanción en determinados delitos, como el tráfico de drogas, éstos disminuyeron considerablemente. “Prácticamente se erradicó la delincuencia, pese a que los índices eran tremendos”, asegura Villalobos.

Por tanto, cree positivo que se discuta sobre restablecer la pena, aunque existan algunos contras como la irreparabilidad en los casos de errores jurídicos, ya que, indica, el sistema estaría preparado para que estas equivocaciones se minimicen. “Han existido asuntos de violación, por ejemplo, en que las personas no son culpables, pero el tribunal se equivoca. Si existe pena de muerte es imposible la reparación, pero hoy en día con la cantidad de personas que intervienen, no me parece una razón tan fuerte como para no restablecer la pena de muerte”, expresa el abogado.

“NO ES LA SOLUCIÓN”

Pese a que gran parte de la comunidad está de acuerdo con la pena capital, sobre todo tras los hechos ocurridos en Puerto Montt con la pequeña Sophie, la defensora penal jefe regional, Inés Rojas, enfatiza en que de ninguna manera sería una solución para combatir la delincuencia. De hecho, pone a Chile como ejemplo de ello, ya que el país fue uno de los últimos que la ha suprimido. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo vigente los delitos más violentos nunca se redujeron. “Ya existen penas como la de presidio perpetuo calificado que son mucho más disuasivas que la pena de muerte”, asegura.

En ese misma línea, el abogado José Miguel Riquelme plantea que sería un error comenzar a legislar “en caliente” tras la muerte de la menor en el sur del país ya que proyectos como este deben analizarse y estudiarse a fondo. “Uno entiende la efervescencia que hay, por un hecho atroz, pero las leyes que se elaboran en estos contextos nunca han resultado”, expresa.

UNA CUESTIÓN POLÍTICA.

El diputado Matías Walker también repudia lo sucedido con la menor, pero asegura que no existe posibilidad alguna de que en Chile la pena capital se pueda restablecer y que quienes lo están proponiendo lo hacen simplemente con un afán populista. “Es natural que cuando tienen lugar acontecimientos de esta naturaleza haya quienes quieran sacar algún tipo de rédito político”, manifiesta.

No tiene problemas en reconocer que es totalmente contrario a la medida, ya que asegura que en su partido (DC) defienden el derecho a la vida y no les parece “presentable” que el Estado pueda atentar contra una persona y, además, insiste en que todavía nadie ha podido demostrar que funcione como un método disuasivo contra los crímenes. “Nadie ha podido establecer concluyentemente, en ningún país del mundo, que los delitos disminuyan con la pena de muerte. Es cosa de ver a Estados Unidos donde hay pena de muerte y tienen índices mayores de delincuencia”, asevera.

Desde la UDI, el presidente regional Juan Carlos Aguirre, descarta que la reposición de la pena sea una política general del gremialismo, pese a que han sido fundamentalmente parlamentarios de esa colectividad los que han instalado el tema. Aunque asume que lo que ellos han expresado es el sentir de muchas personas. “Es un tema muy complejo, que hay que estudiar bien. Pese a que como UDI siempre hemos estado por la vida, cuando pasan estas cosas uno piensa enseguida cómo puede haber gente así”, aclara Aguirre.

DISTINTAS INTERPRETACIONES.

Pero en definitiva, ¿es posible restablecer la pena capital? La respuesta no es única y hay diferentes interpretaciones jurídicas al respecto.

En ese sentido, hace algunos días, la Presidenta (S) de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Teresa Mora, aseguró que sí podría ser viable bajo ciertos parámetros, que en Chile se cumplirían.

Según la autoridad del Poder Judicial, pese a que, en principio, un país que la ha derogado no debería echar pie atrás, existe una instancia para reponerla cuando ésta sigue vigente en alguna normativa interna, lo que en nuestro país se da en el Código de Justicia Militar, donde en determinados delitos sí opera la pena capital.

Sin embargo, hay opiniones y tesis contrapuestas entre los expertos, ya que, tal como señala el diputado Matías Walker, existen tratados internacionales vigentes a los que el Estado ha adherido como el Pacto de San José de Costa Rica, que Chile aprobó y ratificó en agosto de 1990.

En el artículo número 4 del capítulo II se consigna explícitamente que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

¿Podría Chile desobedecer el tratado? El abogado Ramiro Moya indica que sí, pero si así fuera, la imagen que dejaría el país a nivel internacional sería pésima. “Nos convertiríamos en parias, porque estaríamos renegando de tratados ya formados. Es decir, el Estado incumpliría la ley internacional”, expresó.

Más categórico aún es el diputado Walker quien asegura que desde el punto de vista jurídico es “absolutamente inadmisible ya que no podemos pasar por sobre los tratados internacionales”, indica.

UN TEMA NO RESUELTO.

Sin duda un tema que todavía no está resuelto, sobre todo porque hay diferentes visiones jurídicas y el clamor popular se ha hecho sentir más fuerte que nunca tras el terrible asesinato de Sophie, que enlutó a un país entero y que puso sobre la mesa uno de los debates más intensos del último tiempo que cruza lo ético, lo político y lo social.