Por demandas históricas: Museos y Bibliotecas de la región se mantienen cerrados por paro nacional

En un paro indefinido se encuentran los trabajadores de las direcciones regionales del Servicio del Patrimonio, que involucra a todos los museos y bibliotecas de la región.

De acuerdo a lo señalado por dirigentes gremiales, desde hace años que acarrean una serie de deficiencias y situaciones las que se agudizaron a partir de 2018 con la ley que los creó como servicio y que buscaba regularizar el proceso de encasillamiento, y de paso, pasar a planta a sus funcionarios. Además, se contemplaba una serie de mejoras, como la nivelación de profesionales a ciertos grados y otras garantías que no se cumplieron, y que, con la pandemia, precarizaron aún más su situación.

Según sostuvo Isabel Cortés, vicepresidenta nacional de  la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, “lo que hoy estamos pidiendo tiene que ver con un acuerdo no cumplido, porque en 2022 la ministra Julieta Brodsky firmó un acuerdo en donde salían fechas y plazos para una serie de cosas que venían atrasándose, y al ir avanzando en mesas de trabajo para ir concertándolos,  nos dimos cuenta que no venía amarrado con presupuesto. Las autoridades de ese momento presentaron interés en resolver la situación crítica del servicio, pero sin presupuesto y con pura voluntad no podíamos avanzar de manera concreta”, explicó la dirigente.

Por ese motivo, a fines del año pasado, se movilizaron de manera indefinida, porque el presupuesto 2023 para abordar estos temas, no consideraba las demandas de los funcionarios. Tras esa movilización, en el Parlamento se logró conseguir 168 millones de pesos, lo que significa para ellos el mínimo de sus históricas demandas y sólo alcanza para ir en apoyo de los más precarizados y que son sólo 160 de un total de 1.700  funcionarios.

En ese sentido, los dirigentes señalaron estar conscientes de que la situación de los trabajadores no la van a solucionar con un sólo presupuesto. Ante ello, las dos asociaciones de funcionarios trabajaron en una priorización para el presente año que contemplaba 220 millones de pesos, pero al ver cómo salía el presupuesto del servicio, aseguran que, nuevamente, éste no atiende sus demandas, situación que los ha llevado nuevamente a paralizar sus actividades.

“El Estado nuevamente nos obliga a ir al legislativo a discutir, y nuevamente llevar las demandas que son justas y dignas, porque no sólo tienen que ver con materias remuneracionales. También tienen que ver con que nos hagamos cargo de la situación crítica en que se encuentra el patrimonio y cómo el Estado está garantizando este derecho a la ciudadanía”, dijo Isabel Cortés.