Dos reclusos LGBTI de Huachalalume denuncian acoso y apremios ilegítimos

Dos personas, LGBTI, que están recluidas en el centro penitenciario Huachalalume de La Serena, presentaron una querella en contra de la alcaide de la cárcel, Elizabeth Ramos, y en contra de otras dos profesionales, la abogada de Gendarmería regional y la directora de control penitenciario en Santiago.

Al respecto, el abogado querellante, Rodolfo Bórquez explicó los motivos de la acción judicial, señalando que sus representados, un hombre y una mujer, pusieron un recurso de amparo luego que el pasado 5 de septiembre se realizara un procedimiento al interior de la cárcel con el objeto de intervenir el pabellón en donde están los LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual) y a sus dos clientes los acusaron de ser los líderes de ese espacio.

“El Juzgado de Garantía de La Serena ordenó realizar una audiencia el 27 de septiembre y mientras se discutía esto le señaló a Gendarmería que a ellos no los podía trasladar a ninguna parte del país. Todo quedó en una aparente tranquilidad y el 20 de septiembre, feriado regional, en un mismo día Gendarmería de Chile elabora un informe técnico, una resolución de traslado y sabiendo que estaba esta orden del tribunal, deciden desobedecerla y trasladar a estas dos personas, uno a Arica y otro a Concepción”, afirma el abogado Bórquez, quien más adelante sostiene que el tribunal ordenó que los trajeran de vuelta a la brevedad, pero Gendarmería se habría negado, interpuso algunos recursos que perdió y finalmente el tribunal ordenó que tenían que volver a Huachalalume.

“Ellos estuvieron un mes y medio ilegalmente afuera en condiciones infrahumanas, aislados, incomunicados, sin ropa, sin accesorios básicos mínimos de aseo, sin contacto con la familia y finalmente son devueltos a fines de octubre por orden del tribunal, basándose en esto es que estos internos decidieron tomar cartas en el asunto y por primera vez un grupo de personas LGBTI decide querellarse contra la jefa del recinto penitenciario, contra la abogada regional de Gendarmería y contra la directora del Departamento de Control Penitenciario, pues ellas tres, sabiendo que existía la orden del tribunal, decidieron contravenirla, no obedecerla y trasladaron ilegítimamente a estas dos personas a partes de Chile de manera irregular”, señala el abogado Bórquez.
Además, el profesional asegura que hubo apremios ilegítimos, ya que uno de los querellantes llegó con lesiones al lugar donde fue trasladado y que habría sido golpeado por funcionarios de Gendarmería, lo que estaría siendo investigado.

De acuerdo a lo sostenido por Rodolfo Bóquez, esperan que el Ministerio Público acelere la formalización de las querelladas, “toda vez que el desacato es un delito objetivo, no hay mucho que probar, si hay una resolución del tribunal, me guste o no, yo tengo que obedecerla como ciudadano, como funcionario, como institución, porque si no me gusta tengo el derecho a ejercer los recursos legales, no desobedecerlas. En Chile hay muchas personas condenadas por desacato”, aseveró.

De acuerdo a lo precisado a los argumentos del profesional, lo ocurrido con el desacato es muy grave, porque se trata de funcionarios públicos encargados de la custodia penitenciaria de las personas que están condenadas, en prisión preventiva, y no pueden hacer caso omiso a las órdenes de un tribunal de la República.

Por lo anterior, cree que la querella terminará con resultados positivos y que se establecerán las responsabilidades penales de quienes estuvieron involucradas en el desacato.

Por otra parte, Rodofo Bórquez, dice que resulta curioso que sus defendidos hayan sido trasladados en un día feriado, como es el 20 de septiembre en la región, pero que además, se produjo un incidente en otro módulo de la cárcel, donde hubo un homicidio de un interno. “Nos llama la atención por qué un alcaide puede estar preocupado de trasladar a dos personas LGBTI que no lastiman a nadie, siendo que había un escenario complejísimo ese día, porque había una riña masiva y con un muerto en el módulo 52”, señala.

Según afirma, acá ha habido discriminación contra sus clientes por ser LGBTI. “Ellos fueron tratados muy peyorativamente, cada vez que Gendarmería informa no reconoce la calidad de mujer trans y siempre le dicen el interno, le ponen el nombre de hombre, lo menciona siempre con su nombre anterior y lo tratan en términos masculinos”, afirma el abogado, quien de paso subraya que ella tiene nombre de mujer en forma legal, con cédula de identidad, además se intervino quirúrgicamente, se ha aplicado hormonas y tratamientos para ser mujer

Lorraine Salvo, dirigenta de Traves Chile y delegada de Trans Chile en contacto telefónico con diario El Día, dijo que dicha organización está al tanto de lo que estaría ocurriendo con estas dos personas LGBTI, a quienes estaban apoyando, porque “está bueno de, los abusos en general a la población trans dentro del recinto penitenciario”.

Señaló que han tenido contacto con el abogado y calificó de inaceptable que no se estén respetando las decisiones adoptadas por un tribunal.

“Ella estuvo un mes 20 días en Concepción, pese a que había un recurso de protección en su favor y eso no lo respetó la alcaide, eso es lo más grave de esta situación, porque se supone que un alcaide está para cumplir las órdenes de un tribunal”, indicó.

Hechas las consultas a la Dirección Regional de Gendarmería señalaron que dichas medidas se aplicaron, porque “las internas en cuestión fueron derivadas a otros recintos penales, ante las reiteradas conductas refractarias al régimen interno, de acuerdo a la normativa vigente y debido a conflictos denunciados por sus propios pares.

Independiente de lo anterior, Gendarmería expresa su total disposición a colaborar con la investigación”.