Incautan computadores desde oficinas del MINVU y SERVIU por "caso convenios"

En una acción coordinada, personal especializado de la Policía de Investigaciones llevó a cabo un operativo durante este jueves en las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como en las dependencias del SERVIU en La Serena. 

La diligencia, que tuvo una duración de alrededor de 5 horas, forma parte de las investigaciones en curso relacionadas con el denominado “caso convenios”, la cual, se desarrolló simultáneamente en ocho regiones del país. En ese contexto, la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI La Serena fue la encargada de ejecutar el operativo, esto bajo una orden emitida por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. 

De esta forma, los funcionarios policiales ingresaron principalmente a las oficinas donde se desempeñan los funcionarios de la Unidad de Asentamientos Precarios de la región y efectuaron la incautación de computadores, discos duros y teléfonos celulares.

Según la información a la que tuvo acceso El Día, un grupo de alrededor de 10 funcionarios policiales habría llegado a las 10 horas al edificio, dividiéndose en dos grupos: uno se dirigió hacia las oficinas de la seremi del MINVU  y otros hacia las dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanismo. 

Los efectivos policiales indicaron - de forma sorpresiva - que los funcionarios pusieran sus teléfonos celulares en modo avión y facilitaran sus computadores para la revisión. De esta forma, los detectives de la PDI realizaron un minucioso escaneo de archivos, buscando información relacionada con las instituciones cuestionadas. 

Por lo mismo, durante la mañana se observó un ir y venir de los funcionarios policiales con documentos y cajas con archivos, liderados por el jefe de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de La Serena, el subprefecto Carlos Paz Palacios. 
Durante el operativo, al seremi de la cartera, José Manuel Peralta y al  director del SERVIU, Ángelo Montaño, se les observaba realizando llamadas y conversando con los investigadores. 

El resto de los funcionarios de las reparticiones del ministerio se mostraban  sorprendidos y sostenían que no conocían el por qué de la presencia de los detectives.

Las diligencias culminaron alrededor de las 15 horas, momento en el que se vio a los policías retirarse con al menos cinco computadores. Entre los equipos analizados, dos serían de las dependencias del SERVIU, pertenecientes a Lidia Faura, ex jefa de la Unidad de Asentamientos Precarios, y de Cesar Hevia, arquitecto de la misma unidad. 

En tanto, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los funcionarios de la PDI se habrían llevado la computadora utilizada por el seremi, José Manuel Peralta, y la de Yordana Araya, jefa de Planes y Programas, quien en ocasiones asumía como subrogante en la seremi. Incluso, a la ex jefa de la Unidad de Asentamientos Precarios, le habrían revisado su teléfono celular en busca de algún tipo de información relacionada con el caso.

Si bien no existió una versión oficial a nivel regional tanto de la PDI como del MINVU, fue el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien se refirió a los distintos operativos llevados en dependencias de sus oficinas regionales.

“La PDI está solicitando información sobre dos instituciones, EnRed y Enlace Urbano, que son las instituciones que el propio ministerio denunció en el caso de Tarapacá, porque descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y tenía que hacerlo el Ministerio Público”, aclaró la autoridad.

En ese sentido, el secretario de Estado recalcó que “desde el primer momento, a todas las instituciones del ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. Personalmente fui, a los pocos días que explotó el caso en Antofagasta, a entregar toda la información que teníamos al respecto, antes que la solicitaran, porque creemos que en esto hay que descubrir el fondo y que sean sancionadas las personas que han cometidos los delitos”.

Cabe recordar que las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones abarcan desde el año 2021 en adelante.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre de 2023, El Día dio a conocer los resultados de la fiscalización efectuada por Contraloría a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, en relación a las transferencias de recursos en el marco de los programas de Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023. 

En esa oportunidad, fue el propio contralor nacional, Jorge Bermúdez, quien dio a conocer los resultados de la fiscalización, que incluyó a las 15 secretarías regionales ministeriales del MINVU, entre ellas, la de nuestra región.

En el documento de Contraloría, al que tuvo acceso El Día, se detalló la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, las que se involucra a fundaciones como EnRed con $17.728.570 entregados en el año 2021, la Fundación Aldea, Arquitectura, Ciudadanía y Aprendizaje con 39.500.000 pesos en 2022, la ONG Enlace Urbano, con tres transferencias: $58.491.200 en 2021, $100.552.600 en 2022, y $56.684.200 durante este año, sumando un total de $215.728.000. También se menciona a la Fundación Un Techo Para Chile, con $23.500.000 en el año 2021. 

De estas organizaciones mencionadas se cuestiona principalmente los recursos entregados a EnRed y a la ONG Enlace Urbano, las mismas que ayer, el ministro Montes, reconoció que se centró la investigación efectuada en ocho regiones.
Respecto a las conclusiones del informe de Contraloría sobre el MINVU de Coquimbo, éste arrojó una serie de observaciones, como la falta de motivación de actos administrativos que aprueben los convenios de transferencia, falta de experiencia de la fundación ONG Enlace Urbano al momento de ejecutar las iniciativas encomendadas y la misma situación con la fundación EnRed. 

Ante estas conclusiones, la Contraloría regional instruyó un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas.

Al conocerse esta información de los allanamientos a las oficinas del SERVIU y MINVU de Coquimbo, los parlamentarios de la zona valoraron las indagaciones y esperan que se pueda llegar a la verdad del asunto, de manera de clarificar la entrega de recursos a estas fundaciones.

Así lo señala el diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien sostiene que estos allanamiento a nivel nacional son parte de la investigación que se realiza por el “caso Democracia Viva”, que es una sola de las aristas que se operan en el “caso convenios”. Por lo tanto, se tienen que investigar todos los otros traspasos.

“Obviamente estos traspasos formaban parte una arquitectura donde estaba todo Chile. Es la punta del iceberg porque falta todavía lo que será la investigación de los traspasos que se hicieron desde las gobernaciones regionales. Así que vamos a tener el ‘caso convenios’ para rato. Acá lo importante es que el Ministerio Público haga su trabajo y descubra no sólo a los ejecutores, que ya tiene formalizados, si no también, a los autores intelectuales de este desfalco donde estas organizaciones políticas disfrazadas de fundaciones le sacaban recursos al Fisco para provecho político propio”, manifestó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Sulantay afirmó que esto es un tema de máxima gravedad.

“Esto no se sostiene más. Un ministro que está a cargo de una repartición que periódicamente es allanada como en este caso y que incluyó esta vez a La Serena”, aseveró Sulantay.

El diputado UDI explicó que en junio del 2023 planteó, con antecedentes, que en el SERVIU regional habían sospechas fundadas que también estaban involucrados en el “caso convenios”.

“Este allanamiento se hace para incautar computadores y teléfonos de funcionarios porque están tras la pista de Enlace Urbano, que es una de las fundaciones  que a nivel regional estaba siendo periciada e investigada bajo la sospecha de tener el mismo modo de operar que Democracia Viva. Acá nuevamente el ministro Montes está en entredicho y debe renunciar”, aseguró Sulantay.