Papaya Gate: Nuevos casos encomendados a fiscal siguen retrasando investigación por millonario fraude

Fue durante el año 2019 cuando el Gobierno Regional de Coquimbo, entonces liderado por la intendenta Lucía Pinto (UDI), decidió comprar una serie de terrenos en el sector oriente de La Serena, específicamente en San Ramón, por más $9.800 millones para la construcción de un complejo deportivo, adquisición que generó polémica debido a que la tasación de las propiedades apenas sobrepasaba los $4 mil millones y, sobre todo, porque se realizó sin la toma de razón por parte de la Contraloría. 

De este modo, el caso, bautizado posteriormente como “Papaya Gate”, salió a la luz pública durante septiembre del 2020, y desembocó en la renuncia de la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por las eventuales responsabilidades políticas y administrativas, y en la apertura de un proceso por parte de la Fiscalía de Valparaíso por presunto fraude al Fisco.
En ese sentido, según indicaron desde la Fiscalía Regional de Valparaíso a Diario El día, “es una investigación que está en carpeta y que se encuentra vigente y con diligencias en curso”.

Por instrucción del entonces fiscal nacional Jorge Abbott, se instruyó que la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, liderara las investigaciones en el contexto del Papaya Gate. No obstante, por el hecho de tener toda una región a cargo, ha debido ir priorizando algunas causas por sobre otras. 

En esa línea, ha abordado el trabajo de la Unidad Anticorrupción que lleva investigaciones por delitos funcionarios y fue designada por el fiscal nacional para estar a cargo de importantes causas de relevancia nacional como SQM, la venta del proyecto Dominga, en donde incluso había citado a declarar al ex Presidente Sebastián Piñera, e incluso por causas de lesa humanidad en el contexto del estallido social.

Y más recientemente, le delegaron la investigación los dantescos incendios que se registraron en la Región de Valparaíso. 

Frente a la alta carga laboral de la fiscal Perivancich, la diputada Nathalie Castillo afirmó que “he sido muy clara, incluso antes de asumir como parlamentaria, que el Papaya Gate debe tener responsabilidades por parte del Ministerio Público, por lo que es lamentable que, en su momento se haya trasladado la causa a la Quinta Región y ahora que la fiscal a cargo asuma otras causas que implicaría, posiblemente, demoras en el avance de las investigaciones de un caso que sin duda debe ser resuelto”. 

Castillo recalcó que podría entender que existan muchas otras solicitudes y requerimientos para una institución como es el Ministerio Público, “pero este caso tiene que avanzar para que no se siga profundizando las desconfianzas de la ciudadanía que ve que no existen avances ni responsabilidades por parte de los involucrados, considerando que este año hay elecciones en el Gobierno Regional”. 

“El Papaya Gate corresponde ser abordado en nuestra jurisdicción, con los recursos necesarios para que un caso de varios años pueda tener resultados”, remarcó.

En esa línea, Castillo adelantó que le van a transmitir esta inquietud al fiscal nacional cuando se reúnan, algo que ocurriría prontamente. “Ahí le vamos a señalar que los casos de corrupción, en particular este que es emblemático, pueda continuar y desarrollarse aquí en el territorio. Insistiremos con el fiscal para que la causa se traslade al Ministerio Público de la región”, puntualizó.

Por su parte, la diputada Carolina Tello, aseguró que es importante que el Ministerio Público avance y pueda dar prioridad a la investigación sobre el Papaya Gate. “Efectivamente es preocupante que a pesar del tiempo transcurrido no existan formalizaciones y tampoco avances sustantivos conocidos”, acotó.

“Esperamos que durante este año podamos ver avances pues no podemos correr el riesgo de que no persevere una investigación en este caso significa un enorme perjuicio a los dineros públicos de la región y a la labor que debe desempeñar el Gobierno Regional”, subrayó.

A su vez, el diputado Víctor Pino, sostuvo que “sigue avanzando el tiempo y aún estamos sin respuestas en la investigación del caso Papaya Gate. Espero que los estamentos investigadores puedan acelerar el paso para definir responsabilidades y dictar sentencias sobre quienes resulten responsables”. 

“Este fue un verdadero escándalo, que debe ser solucionado y que los responsables paguen, caiga quien caiga”, enfatizó.
En esa línea, Pino aseveró que “me preocupa que aún no hayan responsabilidades ni formalización, porque este fue un caso realmente vergonzoso para nuestra región, en donde los recursos públicos una vez más quedaron en manos de delincuentes de cuello y corbata”.

En cuanto a gestión de la fiscal Perivancich, el senador Matías Walker argumentó que se considera respetuoso de la autonomía del Ministerio Público en las investigaciones. “Creo que no hay que descartar que no existan hechos constitutivos de delitos y eso es parte de los escenarios, pueden haber cuestiones reprochables en el proceso, aquí en su momento hubo un informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados”, dijo. 

“En esto, insisto en el punto que hice en su tiempo, donde creo que no debió hacerse el pago sin la toma de razón por parte de la Contraloría, ya que hubo una irregularidad en modificar la escritura de compra-venta y la carta de instrucciones y hacer la entrega de los vales a la vista del pago del precio”, agregó.

Al respecto, recalcó que “esto no quiere decir necesariamente que sean hechos constitutivos de delitos penales y esa es una cuestión que le corresponde al Ministerio Público determinar, por lo que entre menos recados se le manden desde el poder político es mejor ya que el fiscal nacional determina quien se hace cargo de las investigaciones”.

“Existe una práctica que cuando hay autoridades involucradas en una investigación, el fiscal que lleva las diligencias es uno de mayor rango, en este caso un persecutor regional de otra zona”, cerró.