HACEN UN LLAMADO a ACELERAR LAS SOLUCIONES

“No podemos quedar sin agua”: Mundo rural del Limarí pide frenar paro de camiones aljibe

La deuda a proveedores por parte de la Delegación Presidencial del Limarí, ha generado alerta en los líderes sociales de las zonas rurales de la provincia, quienes acusan que los principales afectados de este problema serán los vecinos y vecinas de las distintas localidades.

En la edición de Diario El Ovallino de ayer viernes, se dio a conocer una preocupante situación con respecto a la entrega de agua potable en las zonas rurales de la Provincia del Limarí, ya que una deuda de la Delegación Presidencial con los proveedores de los camiones aljibe desencadenaría en una paralización de los trabajadores.

La protesta se materializaría durante la próxima semana, ya que hasta el momento no se han llegado a acuerdos ni a soluciones por parte del Gobierno.

Los alcaldes fueron los primeros en manifestar su inquietud por esta grave problemática, y ahora se suman también los dirigentes sociales de la ruralidad, quienes lamentan el eventual paro que dejaría a miles de familias sin agua potable, y en medio de una cruda sequía.

Al respecto, Luis Alfaro, presidente de la Asociación Gremial de APR de la Provincia del Limarí, expresa que “es dramática esta situación, es un problema que los responsables políticos ya tendrían que haber encontrado una solución. Nosotros tenemos cerca de 15 APR que están siendo abastecidos por camiones aljibe, lo que toca a miles de usuarios. Yo entiendo a los alcaldes que estén inquietos, porque con el paro, todos los usuarios van a llegar a las municipalidades para pedir ayuda. Entonces acá hay un gran problema que la delegada provincial y el delegado regional tienen que solucionar hoy o mañana, no podemos seguir esperando más”.

Por otro lado, Alfaro hace hincapié en la importancia de que tanto el ámbito público como privado pongan de su parte en estas problemáticas sociales. “Los proveedores de los camiones tienen que ser un poco tolerantes en medio de esta sequía, pero también es cierto que no es posible que les deban tres meses, no hay empresa que resista eso, sobre todo porque acá hay pequeños empresarios. También hay algunos grandes que se han enriquecido con los camiones aljibe, y eso también hay que denunciarlo. Entonces hay que encontrar un equilibrio”, apuntó.

 

LITROS DE AGUA POR PERSONA

Otra de las dirigentas sociales que manifestó su preocupación es Mirtha Gallardo, presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas de la Provincia del Limarí, quien también extendió un llamado a las autoridades.

“La gran mayoría de las comunidades son abastecidas por camiones aljibe, ya sea por los municipios o por el Ministerio del Interior. Las delegaciones provinciales tienen un rol fundamental en no permitir estas condiciones, no puede haber siquiera el riesgo de que en una comuna un camión aljibe no salga a trabajar, porque es algo vital que se debe solucionar, la gente no puede quedar sin agua”, sostuvo.

Sin embargo, aprovecha la ocasión para hacer un segundo llamado de atención, “en Chile no se cumple con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que establece 100 litros diarios por persona. Esto es algo que se ha planteado a los parlamentarios, y se logró un acuerdo para una política a nivel nacional, pero todavía no se ha promulgado”.

 

PRIORIZACIÓN DEL AGUA

Por último, la presidenta del Consejo Regional Campesino, Leticia Ramírez, declara desconocer las causas de este atraso en el pago del servicio por parte de la Delegación Presidencial, ante lo cual asegura que no puede dar una opinión más certera al respecto.

En este contexto, su mensaje es a aclarar la situación, “el Gobierno tiene que decirnos qué es lo que está pasando, ¿alcanza o no alcanza la plata? Y por mi parte también tengo desconocimiento del petitorio de los dueños de los camiones, no sé si se estarán elevando los costos por el traslado, entonces falta aclarar el fondo de todo esto, saber por qué no les han pagado”, indicó.

En esa línea, la dirigenta oriunda de Combarbalá enfatiza en que el Estado debe hacer cumplir el Código del Agua, lo que podría ayudar a disminuir los costos. “No hay presupuesto que resista la situación de sequía que estamos viviendo. En ese sentido, el Código del Agua dice claramente que hay una priorización de usos, privilegiando el consumo humano, pero eso no se está cumpliendo”, concluyó.