a través de una resolución exenta

DGA restringe uso de agua en embalse La Paloma para garantizar consumo humano

El organismo dependiente del MOP, indicó que la Junta del Vigilancia del Río Limarí deberá garantizar un caudal mínimo para la sanitaria, evitando así, el racionamiento hídrico en comunas como Ovalle o Monte Patria. A la fecha, dicho tranque cuenta con 45 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a un 6% de su capacidad.
jueves 04 de abril de 2024

Considerando el crítico estado de los embalses y cómo la sequía ha afectado a la Región de Coquimbo, especialmente al sector secano, la Dirección General de Aguas (D.G.A.), emitió una resolución exenta, en que aprobó, con observaciones, el acuerdo de redistribución presentado por la Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes.

En ese sentido, se ordena a dicha organización a ajustar los caudales a redistribuir, corrigiendo el volumen acumulado actual y el límite de aguas muertas, según la curva de llenado del embalse. En relación a lo anterior, el caudal promedio diario medido en la descarga del embalse La Paloma, no podrá exceder los 570 litros por segundo.

Por otro lado, se indica que deberá garantizar la entrega de manera permanente en las plantas de agua potable de Ovalle y Sotaquí, de un caudal instantáneo promedio de 300 y 6 litros por segundo respectivamente.

Al respecto, Galo Luna, delegado presidencial regional, explicó que “con esta resolución, la DGA está haciendo uso de sus atribuciones, y una vez conocido los volúmenes de agua en el embalse La Paloma, ha restringido el uso permitiendo asegurar en primer lugar el consumo humano y en segundo término, el agua para riego considerando la vocación productiva de la provincia (del Limarí)”.

Asimismo, agrega que “este es un acuerdo que también incorpora exigencias para la sanitaria y será revisado permanente y adecuado según la necesidad”, añadió.

En esa línea, entre dichas exigencias corresponde presentar un plan de acción que incluya, al menos, las obras de captación, conducción, regulación y acumulación de emergencia, tanto temporales como definitivas, que sean necesarias para el resguardo del abastecimiento de agua para la población.

 

JUNTA DE VIGILANCIA CUESTIONA CENTRALISMO

Ante la resolución de la DGA, José González, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, comentó que “nosotros siempre para consumo humano entregamos el recurso a la sanitaria Aguas del Valle y a los APR desde el embalse, porque nosotros acumulamos agua ahí y la vamos entregando. Lo que pasa es que entregábamos esto de forma gratuita”, aseguró. 

“Como Aguas del Valle tiene derechos insuficientes para cubrir la ciudad, nosotros de manera diferenciada se lo estábamos entregando, en el entendido de que la sanitaria no cobra ese adicional en la tarifa. Pero nosotros le hemos exigido durante harto tiempo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que nos confirme aquello”, añadió.

A su vez, sostuvo que a partir de la resolución que salió, deberían cobrar esa agua o de lo contrario, que la sanitaria pueda demostrar que no lo han incluido en las tarifas a los usuarios, o bien, que lo devuelvan si es que la han facturado.

“Entonces, ese es el cambio porque nosotros siempre hemos entregado agua del embalse a Aguas del Valle y para riego”, recalcó.

Frente a la situación actual, el dirigente sostuvo que “el racionamiento se ha hecho para el riego, no para el consumo humano, lo que a nosotros nos parece que no es adecuado y es algo que nos gustaría conversar con las autoridades, porque los usuarios de agua para riego quedan prácticamente secos. La sanitaria usa el recurso y la cobra, y nosotros quedamos sin  este elemento para poder financiar nuestra organización”, afirma. 

“Entonces, esta es una situación que queremos conversar, ya que no buscamos hacer un mayor escándalo, porque creemos que en esto hay que ser justos, porque a la sanitaria se le dan todas las facilidades y garantías y a nosotros no”, aclaró.

En ese sentido, insistió en que el decreto repercute en los regantes, porque prácticamente los deja sin agua.

“Afecta a toda la actividad económica del Limarí, porque esta cuenca no tiene gran minería ni tampoco otro rubro importante fuera de la agricultura, y al haber falta de agua muchas empresas ya han abandonado los predios, otros están a duras penas, por lo que es algo que se debe conversar. Generalmente estas medidas se toman desde el nivel central y las autoridades locales no son como antes, que eran las primeras que estaban preocupadas de que la provincia no colapsara. Pero se ha visto poco actuar de ellos y muy dependientes de Santiago, que es donde se resuelve todo”, cerró.