“Es un calvario”: Adultos mayores temen perder propiedades por deuda de contribuciones

El año 2018 se efectuó el reavalúo de bienes raíces no agrícolas para más de 7,4 millones de propiedades en el territorio nacional, proceso que consideró la actualización masiva y simultánea de los valores fiscales individuales de diferentes superficies habitacionales.

En detalle, en el reavalúo se reflejan las alzas y bajas que han experimentado las propiedades durante los últimos cuatro años, asociados a temáticas tales como la implementación de servicios o, en el sentido inverso, a la instalación de basurales o sitios eriazos en el entorno de un área determinada.

Pero no todos quedan conformes con estas evaluaciones, y así lo indica un grupo de vecinos de La Serena que afirman que las contribuciones que pagan por sus propiedades han subido de una manera exorbitante.

Y es que existen casos de dueños de propiedades del sector de Vega Sur, Chile-Italia y Ceres, los que indican que los cobros habrían aumentado de forma desmedida por su valor de tasación.

Para uno de los afectados, Javier Godoy, este problema se debe a que el SII establece unilateralmente áreas de zonificación y los valores del avalúo fiscal de las propiedades.

“Uno de los sectores que está tremendamente afectado es el de las Vegas Sur, en la ciudad de La Serena, en el cual la mayoría de las personas que viven ahí son personas de avanzada edad, jubilados y con limitado poder adquisitivo”, asegura.

Según relató el vocero de la Organización Vecinal de Vegas Sur estos terrenos antiguamente eran terrenos sin valor alguno, “y los padres y abuelos de los actuales propietarios fueron haciendo mejoras a estas propiedades, instalando ahí sus casas, y generando terrenos agrícolas sin luz pública, alcantarillado, agua potable, o pavimentación”, sostuvo Godoy.

RECLAMO EN TRIBUNAL

En ese sentido, el dirigente argumenta que el año 2018 los vecinos de Vegas Sur se unieron e hicieron una reclamación al TTA (Tribunal Tributario y Aduanero), el cual acogió el reclamo y respondió el año 2019 de manera positiva, estableciendo que no se fundamenta el desproporcionado aumento de sus contribuciones, siendo que los servicios e instalaciones del sector seguían igual que hace 50 años.

Sin embargo, en marzo de 2024, el Tribunal Especial de Alzada (TEA) dio a conocer su dictamen en el cual, no respaldó el fallo del Tribunal Tributario y Aduanero, por lo cual, la sentencia validó la orden de cobro inmediato de las contribuciones no pagadas durante los cuatro años anteriores.

Esta nueva resolución tiene algunos vecinos de avanzada edad sumidos en la depresión tras los avisos de remate.

“Elevan indiscriminadamente las tasaciones de nuestros terrenos para poder recaudar más, En definitiva, nos están obligando a vender para pagar deudas de contribuciones. Suben tanto el valor que es imposible venderlos a particulares, ya que es un sector que se encuentra en zona de inundabilidad, con un plan regulador que establece normas urbanísticas muy restrictivas, sin factibilidad de alcantarillado, agua potable y vías de acceso sin urbanizar, lo que lo hace comercialmente poco atractivo”, señala Godoy.

Por ello, los vecinos de este sector dicen sentirse hostigados y perseguidos con el envío permanente por parte de la Tesorería General de la República de oficios con avisos de embargos y de remates de sus propiedades.

NO COINCIDE CON LA REALIDAD

Una de las afectadas es Jacqueline Chandía (75) quien junto a su esposo, de 82 años, dicen estar viviendo un calvario ante el temor de perder su terreno ubicado en el sector de Chile-Italia en La Serena.
La propietaria indica que en septiembre de 2018 pagaba 380 mil pesos de contribuciones y en la actualidad está pagando $1.230.900.

“Es una brutalidad considerando que somos dos adultos mayores y que yo recibo una pensión de invalidez. Además, el Tribunal Especial de Alzada señaló que la fijación de precio no guarda relación con los antecedentes que justifiquen el valor asignado para el cobro”, manifiesta la afectada.

Chandía reitera que dicho cobro no coincide con la realidad, ya que sus caminos no están pavimentados, no tienen alcantarillado y ni siquiera las vías de escape tienen luz.

“Nosotros realizamos una acción legal y se suspendió el pago. Ahora nos quieren cobrar estos cuatro años que no pagamos por estar en el proceso judicial. En mi caso es una deuda de más de $26 millones que no tengo como pagar”, afirmó.
La adulta mayor relata que no pueden vivir tranquilos ante los cobros que realiza la Tesorería.

“Vivimos con el temor de que nos rematen por las deudas y todos los meses nos llegan cobros. Nadie nos brinda una mano ante esto, y por eso queremos reunirnos todas las personas que han sido afectadas por esta alza injustificada y poder hacer presión”, afirmó la afectada.

Otro de los adultos mayores que vive en el sector es Antonio Madalosso quien dice que el alza de contribuciones fue un duro golpe para él.
“En un principio pagaba $197 mil pesos. Hoy es más de $1.330.000 el cobro de las contribuciones. De un año a otro nos subió a 400 mil pesos, luego a $700 mil y ahora, sobre el millón”, expresa el propietario.

SIN GANAS DE VIVIR

Al igual que Jacqueline Chandía, Antonio Madalosso sostiene que su sector tiene una serie de limitaciones que los hace tener un escenario muy diferente a las construcciones cercanas como son las de la Avenida del Mar. Pero al hacer la tasación los miden con la misma vara.

“No tengo alcantarillado, no tengo agua potable y nos abastecemos de una noria. Además tengo que comprar agua para beber y hacer la comida. El puente que tenemos, hace cuatro años quedaron de arreglarlo y nada”, afirmó.

Madalosso sostiene que es una persona jubilada de 75 años, que tiene una pensión de $340 mil y le cobran un millón de pesos en contribuciones, por lo que es imposible de pagar.

“No entiendo por qué subieron los valores, si no tenemos nada. Lo que quiere el Estado parece es que nos vayamos y quitarnos nuestra propiedad que con esfuerzo logramos tener”, asegura el afectado.

Respecto a su deuda, explica que en la actualidad es de 18 millones de pesos y que avisos de remate le llegan todos los meses.

“Imagínese cómo vive uno con eso, no me dan ganas de vivir más. Trabajé toda una vida para tener algo. Me he sacrificado por esto y ahora nos quieren sacar con estos cobros que no vamos a tener de dónde para pagar. Uno sabe que debe pagar, pero de acuerdo a sus condiciones. A veces pienso no pelear más y que rematen no más, e irme a vivir bajo un puente, porque parece que eso es lo que quieren”, expresó don Antonio.

FAMILIAS DE CERES

Otro de los lugares que se ha visto afectado por el alza de contribuciones es el sector de Ceres en La Serena el cual, con el avance de las inmobiliarias ha visto como sus contribuciones se han disparado.

Para Ivoneth Labarthe, dirigente vecinal del sector, el 80% de la localidad se ha visto afectada por esta situación.

“Esto viene desde que se hizo el cambio de suelo de Ceres, que pasó de agrícola a terreno urbano, donde le dieron el ancho a las inmobiliarias. Había muchos vecinos que estaban exento de pagos y ahora estarían con cobros sobre los 400 mil pesos trimestrales“, sostiene la dirigente.

Labarthe afirma que la único que les dicen es que si ellos eligieron vivir en ese sector tienen que pagar.

“Son personas sobre 60 años en su mayoría. No es justo que ahora tengan que pagar. Es casi lo mismo que un arriendo al Estado por una propiedad que es de uno. Está bien pagar un impuesto, pero que sea razonable”, afirmó.

MEDIDAS ADECUADAS

Desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), en tanto, sostienen que la situación de los vecinos de Vega Sur se originó porque ellos efectuaron una reclamación en el Tribunal Tributario y Aduanero por el alza y que siguieron todos los procedimientos normativos. Sin embargo, al igual que los otros casos, el Tribunal de Alzada revirtió la resolución inicial del TTA.

“Luego, el apoderado de estos vecinos presentó un recurso que no es contra la sentencia misma, sino que contra los jueces que fallaron en esa instancia, que es un proceso separado, pero que también tenía que ver con que había sido aplicada mal la norma. Eso es un recurso de queja que se resolvió en la Corte Suprema y confirmó que los jueces actuaron dentro de sus facultades”, indicó la abogada del Departamento Jurídico del SII, Marcela Julio.

Por su parte, Jaime Godoy, jefe regional de Evaluaciones del SII, dice que al judicializar los cobros de contribuciones existe la posibilidad de que mientras se esté revisando la medida se pueda suspender el cobro de esos giros, pero eso no implica la eliminación.

“En este caso estamos hablando de un tema que viene de 2018, es decir, varios años y que no fueron pagados. Hoy el problema es que esta deuda se acumuló con los reajustes y respectivos intereses”, sostuvo el directivo del SII.

Desde la institución aclaran que si ellos hubiesen pagado las contribuciones y luego hubiera una disposición que fallara a su favor, ellos podrían haber solicitado la devolución de sus recursos.

Agrega que para hacer las tasaciones se utilizó el antiguo plano regulador de la comuna y que con el nuevo se cambiaron las condiciones del sector de Vega Sur.

“Los tasadores fijan y proponen cómo se está subdividiendo la ciudad respecto a tres condiciones que son uso, categoría y densificación. Finalmente, como son valoraciones masivas, se establece qué es lo predominante de ese sector. Siempre está abierta a revisión, ya que dentro de esta masividad existen situaciones particulares y que merecen una revisión uno a uno”, señaló el funcionario.