Fiscal revela que gendarmes detenidos aumentaron su patrimonio “hasta un 270%” de manera ilícita

Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia de formalización de los funcionarios de Gendarmería e internos de distintos penales del país, sindicados por el Ministerio Público como miembros de una red de corrupción y tráfico de armas que operaba desde el centro penitenciario de La Serena.

La investigación, que se desarrolla desde hace un año con instrucciones de la Fiscalía y diligencias de Carabineros y la misma institución penitenciaria, terminó con nueve gendarmes y un exfuncionario detenidos en la Región de Coquimbo, los que se suman a otros 10 implicados en diversos delitos.

Así, del grupo de gendarmes, tres fueron enviados a prisión preventiva. Entre ellos se encuentra un capitán de la institución sindicado como líder de la asociación criminal.

Cabe mencionar que dentro de los detenidos también se encuentra su esposa, quien fue dejada en arresto nocturno, con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados. De acuerdo a lo informado, el tribunal consideró para esta decisión el hecho de que la mujer está al cuidado de los hijos de la pareja.

El resto de los gendarmes terminaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros implicados.

Sobre esto, el Ministerio Público anunció, tras el término de la audiencia, que la Fiscalía Metropolitana Oriente “apelará a dicha resolución dentro del plazo legal”.
Los delitos formalizados en el caso de los funcionarios fueron cohecho, lavado de activos y tráfico de droga para uno de ellos.

En el hecho también figuran civiles, de los cuales, dos de ellos fueron detenidos en flagrancia y formalizados por microtráfico, pero fueron sujetos a la medida de arresto domiciliario, frente a lo cual la Fiscalía apeló verbalmente, lo que debiese definirse en la Corte de Apelaciones correspondiente. El resto de los civiles quedaron con distintas cautelares.

En cuanto a los internos, que provienen de cinco penales distintos, tres quedaron con “prisión preventiva anticipada”, es decir, que deberá ser cumplida una vez extinguidas las medidas con las que se encuentran en la actualidad. Sobre los otros tres, se informó que están con distintas cautelares a la espera de realizar diligencias que se encuentran pendientes.

Fiscal responde a emplazamiento

En el contexto de la audiencia de formalización, el fiscal Marcos Pastén respondió frente a los cuestionamientos realizados por la defensa de los funcionarios de Gendarmería detenidos.

Esto, a raíz de las declaraciones del abogado, Carlo Silva, quien cuestionó la imputación del Ministerio Público tras la conclusión de la primera parte de la formalización.

“¿Cómo se le va a asignar ser el líder de la asociación criminal, si el capitán trabajaba en el módulo de imputados y todo este proceso se llevó a cabo en el módulo de condenados? Es una tremenda mentira de parte del Ministerio Público. Lo que pasa es que buscaron cuál es el funcionario de más alto cargo y lo pusieron de líder, lo que es una tremenda falta a la verdad”, acusó en su oportunidad, el profesional.

Al mismo tiempo, y luego que el tribunal accediera a su incidencia para que se le entregaran los antecedentes de la investigación, Silva aseguró que “todo el gran escenario que ellos (Fiscalía) montaron respecto que se trata de una organización gigantesca, vinculado al tráfico de armas, vinculado al tráfico de drogas, nada de eso hay en contra de mis defendidos”.

En ese sentido, sostuvo que el tráfico de armas se dio en los penales de la Región Metropolitana, lo mismo que el tráfico de drogas. “Esos hechos no están absolutamente vinculados a ninguno de los funcionarios del penal de Huachalalume”, enfatizó el defensor.

Frente a esto, el fiscal Pastén recalcó que se trató de una investigación seria y acuciosa.

“Esta es una investigación que se inicia en el año 2023, que da cuenta de una serie de antecedentes que se hicieron presente al tribunal en una orden de detención que cuenta con 277 paginas. Con esas pruebas el tribunal decreta la orden de entrada y registro a los domicilios de los funcionarios de Gendarme. Se ingresa a los domicilios y en ellos se encuentra, en total, alrededor de 4 kilos de droga (...). Se encuentran mas de 12 millones de pesos en efectivo, se encuentra un arma de fuego en la casa del líder de esta organización criminal (...), y además se contó - y por eso el tribunal concede esta orden - con una serie de antecedentes previos que dan cuenta de cómo (...), valiéndose de su condición de funcionarios penitenciarios en algunos casos y funcionarios de custodia en otros, solicitaban a los respectivos familiares de los internos dinero para hacer ingreso al establecimiento penitenciario distintas especies de carácter ilícito”.

El persecutor aportó que los imputados tenían “un abultamiento de sus patrimonios, en algunos casos,  de hasta un 270% del valor de sus ingresos”. 

Por lo tanto, agregó el fiscal, “asegurar livianamente que esto se trata de un montaje es la estrategia que ha adoptado la defensa. Es su derecho establecer cuáles son sus líneas de investigación, pero me parece que a esta altura del procedimiento, con los contundentes antecedentes que se hicieron valer en la audiencia (...), podrá el tribunal apreciar que bajo ninguna circunstancia se trata de un montaje como señala el abogado defensor”, finalizó.