El detalle del oficio a Fiscalía que busca acelerar formalización en caso “Papaya Gate”

En una amplia presentación por parte del abogado Luis Acevedo Espínola, en representación del senador Daniel Núñez - quien es querellante en el llamado caso “Papaya Gate” - se dieron a conocer detalles de la participación que habría tenido cada una de las partes involucradas en la transacción de terrenos del sector oriente de La Serena, por un valor de 9.800 millones de pesos, casi el doble de su última tasación, la que alcanzaba algo más de 4 mil millones de pesos.

Y es que gran parte del escrito presentado por el abogado querellante a la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, pidiendo la formalización de los imputados, se basa en los antecedentes que recoge la carpeta investigativa a la que tuvieron acceso como parte querellante. En ese sentido, Acevedo solicitó la formalización de las ocho personas implicadas en el caso, bajo los delitos de estafa, fraude al Fisco y tráfico de influencias, en uno de ellos.

Así, en el caso de los funcionarios públicos, Lucía Pinto Ramírez, exintendenta de la Región de Coquimbo, Eduardo Iván Espinoza Rodríguez, exjefe del Departamento Jurídico del gobierno regional, y José Eduardo Cáceres Rojas, exjefe del Departamento de Planificación y luego administrador regional del GORE de Coquimbo, se solicitó que sean procesados por el delito de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en grado de consumado. Pero además, en el caso de José Cáceres, se le suma el delito de tráfico de influencias.

En tanto, respecto de los particulares Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Karim Ale Daire Daud, Manuel Alejandro Daire Daud y Pablo Bracchitta Krstulovic, se solicita su formalización por la responsabilidad que les cabe como autores del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 473 del Código Penal, en grado de consumado, y como delito base del fraude al Fisco.

EL ACTUAR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

De acuerdo a los argumentos del abogado querellante, el actuar de los tres funcionarios públicos es la siguiente. Un total de 9.800 millones de pesos se pagó por terrenos que finalmente terminaron en una acusación de fraude al Fisco y estafa, transacción que le costó el cargo a la exintendenta regional Lucía Pinto.

EL DÍA

Con respecto a la exintendenta Lucía Pinto, a finales del año 2018 e inicios de 2019, junto a José Cáceres, propone ante el concejo municipal de La Serena la donación de un terreno que ocupaba hasta esa fecha la Corporación de Deportes de la Cámara Chilena de la Construcción (CORDEP), en favor del Servicio de Salud de Coquimbo, para la construcción del Hospital de La Serena, siendo aprobado y autorizado tal traspaso. Posterior a eso, se señala en el escrito, comunicó su idea de adquirir terrenos de propiedad de los particulares implicados en el caso - quienes, en ese momento, los tenían en venta - a modo de compensación por la donación del municipio para el hospital.

Así, en octubre de 2019 se firmó el contrato de compraventa entre las partes, representadas por Pinto en representación del GORE y Bracchitta en representación de las sociedades, por el monto de 9.800 millones de pesos. En julio de 2020, se agrega en el documento presentado por el abogado querellante, la exintendenta firmó un nuevo contrato de compra con Bracchitta, puesto que la Contraloría General de la República le había rechazado en varias ocasiones dicha adquisición. Esta vez, sin embargo, lo hizo sin la venia del ente contralor y pocos días después, el 20 de julio de 2020 se retiraron los vale vista, distribuyendo los recursos entre los socios en partes iguales.

Respecto a José Cáceres, se explica que éste, junto a la exintendenta regional, a fines del 2018 e inicios del 2019 impulsó ante el municipio de La Serena el traspaso de terrenos para construir un nuevo hospital, exponiendo incluso en la sesión ordinaria N°1129 del concejo municipal sobre el análisis preliminar de alternativas de terreno, incluyendo imágenes y el proceso del llamado público. Una vez que el municipio hizo la donación del terreno para el nosocomio, Cáceres utilizó esto - según la presentación del abogado querellante - como pretexto para justificar la necesidad de compensar ese terreno con la adquisición de otros sitios que serían usados para un Centro Deportivo en San Ramón, los que serían vendidos al GORE por sus entonces socios y hoy imputados Karim Ale y Manuel Alejandro Daire Daud, Nicolás Bakulic Govorcin y Lorenzo Iduya Ortiz de Luzuriaga.

Según el documento presentado a la Fiscalía de Valparaíso el lunes por el abogado querellante, Luis Acevedo, el 11 de junio de 2019 Cáceres impulsó la aprobación del proyecto de compra, ahora ante el Consejo Regional de Coquimbo, sin información suficiente y en forma rápida, en un solo día, abusando de su influencia con los consejeros en cuestión, y obteniendo la aprobación del CORE mediante engaño al faltar el conocimiento total de la realidad. Se agrega que, cuando la Contraloría rechazó en cuatro ocasiones la compraventa del terreno, entre 2019 y 2020, por el excesivo valor y varias observaciones más, Cáceres, junto a Lucía Pinto, Iván Espinoza y Pablo Bracchitta, realizaron diversas rectificaciones al contrato, pero finalmente, ante la negativa de la Contraloría, redactaron un nuevo documento, esta, vez saltándose al ente contralor.

En cuanto a la actuación de Eduardo Iván Espinoza, si bien, en el escrito presentado por Acevedo, no aparece tan activo como Cáceres, se asegura que estaba al tanto de toda la gestión y listo para intervenir. De hecho, participa activamente en los cambios establecidos al primer contrato con el objetivo de que Contraloría pudiera visar el documento. Al no lograrlo, sin embargo, con fecha 3 de julio de 2020, se señala que Espinoza, en su calidad de jefe del Departamento Jurídico del gobierno regional, decidió resciliar el contrato en cuestión firmado por Pinto y Bracchitta, para suscribir uno nuevo, el que finalmente se rubricó pasándose sin la venia, como se detalló anteriormente, de la Contraloría.

EL ROL DE LOS PRIVADOS

En tanto, de los cinco particulares implicados en el caso, se identifica a Pablo Bracchitta como protagonista, al ser quien actúa en todo el proceso como representante de los otros cuatro involucrados, con quienes conforma el grupo empresarial Casas Para Siempre (CPS) - en donde actúa como administrador - y que es integrado por las inmobiliarias Guayacán SpA, La Herradura SpA, La Serena SpA, El Faro SpA, Pan de Azúcar SpA y Cerro Grande SpA respectivamente. De hecho, es quien firma los dos contratos que se suscribieron por los terrenos por 9.800 millones, siendo el segundo el que llegó a puerto. Según la parte querellante, Bracchitta figura desde un comienzo en el proceso y ligado a José Cáceres, a quien conocía bien por ser éste socio de los privados que él representaba en la transacción que se materializó y que hoy los tiene implicados en el caso.

Además, es quien hizo el retiro de los vale vista. Dada su activa participación en todo el proceso y por el vínculo que mantenía con Cáceres, es que el abogado que representa al senador Daniel Núñez como querellante, solicitó en el escrito, que sea formalizado por estafa, especialmente junto a Cáceres, pues la participación de ambos, asegura, es más clara y directa. “Es el que opera en toda esta defraudación en representación de las sociedades, retirando incluso los vale vista”, se señala en parte del documento que busca formalizarlo. En la misma línea, y en otro párrafo, aludiendo a los numerosos antecedentes que hay, señala que “consideramos que la carpeta investigativa ya da cuenta de los hechos objeto de la presente causa, constituyendo el delito de fraude al fisco en relación con todos los imputados, y en especial en los casos de Cáceres y Bracchitta, en quienes su participación es más nítida y directa, debiendo procederse a su formalización”.