Licencias, permisos y órdenes de arresto: La ausencia de Galleguillos en últimos meses como alcalde de La Higuera

Días bastante complejos se viven al interior del municipio de La Higuera, luego de que se diera a conocer que su alcalde, Yerko Galleguillos, se encuentra con una orden de arresto por 35 días como medida de apremio por no cumplir con la dictación de un decreto de pago por una factura, en el marco de la causa caratulada como “Banpro Factoring S.A./ I. Municipalidad de La Higuera”. Esta situación lo habría llevado a ausentarse del cargo - ausencia que ya se extiende por más de 80 días - según sostienen los concejales, apelando a diversas herramientas, como permisos sin goce de sueldo, comisión de servicios en la capital y una licencia médica por 21 días. Ante esta prolongada ausencia del alcalde Galleguillos, desde el municipio indican que en este momento está, precisamente, con licencia médica, afectado por un estrés laboral producto de la situación que lo aqueja actualmente.

A esto se suma el despido de funcionarios de confianza, como el exadministrador municipal, Carlos Flores, quien habría decidido presentarse como candidato a alcalde de forma independiente, lo que fue tomado como una “traición” por el entorno más cercano del actual alcalde, quien siempre afirmó que la continuidad de la gestión de Galleguillos recaía en su esposa, Dinka Herrera. Sobre la decisión de los despidos de al menos cuatro trabajadores, desde la administración municipal indicaron que obedecen a situaciones financieras que responden a menos ingresos que está recibiendo el municipio, principalmente por concepto de permisos de circulación y juzgado de policía local. “Hay que abaratar costos y lo que se hizo es disminuir algunos cargos y reemplazarlos por otros que ya existen en el municipio, para evitar así generar más gastos”, señalan. En cuanto al caso del administrador municipal, se limitaron a señalar que es un cargo de confianza, “que puede entrar y salir” cuando el alcalde lo estime conveniente y, en esta oportunidad, el edil Galleguillos estimó que era el momento de que saliera porque no gozaba de su confianza.

PLATAS DE EDUCACIÓN

Sobre lo decretado por el Primer Juzgado de Letras de La Serena a favor del factoring Simpli S.A., por un monto de $176.642.961, que afectaría directamente a la subvención estatal destinada al Departamento de Educación Municipal, desde el ente consistorial sostuvieron que estos recursos “son más bien una solicitud de embargo, una decisión de solo un tribunal”, y, por tanto, tienen la convicción de que los bienes y dineros municipales son inembargables, más allá de que exista un fallo judicial que diga que fueron embargados. “Cabe recordar que la subvención escolar ni siquiera alcanza a cubrir todo el gasto que el municipio tiene en el Departamento de Educación, por lo tanto, es imposible que esos recursos sean embargados. Estas solicitudes de embargo están siendo apeladas, repuestas en términos jurídicos por el abogado de la municipalidad. Por ejemplo, el mes pasado, cuando también se pidió el embargo de $165 millones, los dineros fueron depositados a la cuenta del municipio sin ningún inconveniente. Por lo tanto, estas solicitudes son mediáticamente muy potentes, pero mientras no se ejecuten las sentencias, son simplemente eso, solicitudes”, respondieron desde el municipio. Al respecto, el concejal Urbano Morales confirmó que los dineros no han sido descontados, permitiendo el pago a los profesores de la comuna. “Hace un par de semanas, me reuní con la entonces seremi de Educación y no se había notificado del embargo de esos dineros por parte de la empresa al ministerio”, señaló Morales.

PROBLEMAS CON FACTURAS

En tanto, ayer, en un concejo extraordinario, los concejales de La Higuera, con la ausencia de Galleguillos, aprobaron llegar a un avenimiento con el empresario Rubén Berrios Ávila para establecer que las facturas que había entregado a empresas de factoring, y que hoy tienen demandado al municipio, no corresponden a la administración municipal.

En ese sentido, el abogado asesor del municipio, Gregorio Rodríguez, explicó en el concejo municipal los detalles de dicho avenimiento. “Son facturas que, según la información que se ha podido recabar, no responden a ningún servicio que se haya efectivamente prestado a la municipalidad. Son facturas emitidas dentro del marco de dos contratos de obra, pero que se duplican en los estados de pago. Es decir, se emitió una factura por un estado de pago y se pagó por parte de la municipalidad, mientras que el contratista emitió otra factura paralela que factorizó, o sea, la dejó en garantía a una empresa financiera por un préstamo”, indicó el abogado durante la sesión del concejo de esta semana. Rodríguez afirmó que estas empresas financieras tienen demandado al empresario Berríos Ávila por este crédito.

Cabe recordar que cuando alguien o una empresa factoriza, lo que hace es dejar títulos mercantiles en garantía del crédito y, si no paga dentro de un plazo, los factoring están autorizados a cobrar las facturas en contra del supuesto deudor de ese contratista, que en este caso sería la municipalidad de La Higuera. “Acá lo que se detectó, e incluso existe una auditoría interna, es que estas facturas fueron duplicadas. O sea, que no corresponden a los estados de pago correspondientes. Y eso es lo que estamos pidiéndole al tribunal: que se declare la inexistencia jurídica, la nulidad absoluta de esa factura porque no responden a un servicio. Frente a esto, el abogado de la parte contraria se contactó conmigo y señaló que ellos están de acuerdo en reconocer que las facturas no responden a un trabajo efectivamente cursado”, sostuvo el abogado asesor del municipio.

Eso explica la aprobación ayer, con tres votos a favor y tres en contra, decidiendo la concejala Ivana Godoy como presidenta del concejo, del acuerdo para alcanzar un avenimiento para evitar las costas judiciales que implica tramitar el juicio, ya que eso beneficia a la municipalidad en el sentido de que se ahorrarían un año y medio, o dos años, de juicio y poder tener así, una declaración de que la factura efectivamente no corresponde a un contrato con la municipalidad y poder, por lo tanto, discutir la validez de esas obligaciones en los juicios en los que actualmente está demandada la municipalidad. Al respecto, el concejal Urbano Morales - quien se mostró contrario a aceptar la medida - indicó que fue el pasado lunes cuando se presentó el avenimiento de la empresa de Berrios y la municipalidad. “La empresa asume toda la deuda, reconoce el error y que se van a hacer cargo, pero no existe una sanción por ello. Rechazamos (el acuerdo) porque no nos queda claro y existen puntos como el que la municipalidad de La Higuera renuncia a percibir indemnización de perjuicio contra Berrios por el monto facturado de 200 millones. Ellos también pagarán las costas del juicio, por los alzamientos de embargo y los juicios perdidos. Es algo que nosotros habíamos solicitado más tiempo para asesorarnos”, sostuvo el concejal.

AUSENCIA DEL ALCALDE

Ahora bien, respecto a la larga ausencia del alcalde Galleguillos en particular, y las críticas realizadas por parte de algunos concejales, desde el municipio sostuvieron que nunca el Concejo Municipal “estará 100% de acuerdo con algunas decisiones y eso es legítimo”. “Efectivamente, hay algunos concejales, sobre todo en tiempos de elecciones, que se politizarán más de la cuenta”, afirmaron desde el municipio. Sin embargo, para el concejal Morales la ausencia de la cabeza del municipio genera que los funcionarios se preocupen porque no reciben información clara respecto al tema de las demandas y facturas, e incluso, por la propia ausencia del edil desde hace más de 80 días.

Para el senador Daniel Núñez, esta situación es escandalosa. “Hace varias semanas denuncié que él (Galleguillos) no se presenta a trabajar. Ha inventado una licencia médica para eludir su responsabilidad y eso está teniendo como efecto que sigue este proceso de cobranzas al municipio por deudas impagas, que se están ejecutando de manera judicial, incluso ahora también embargando dineros que se usan para Educación”, señaló el senador.

Por su parte, ante la posibilidad de abrir un proceso en contra del alcalde por un eventual abandono de deberes, el abogado Joseph Rivera señala que la ley establece expresamente que esta causal se declara por el Tribunal Electoral Regional, a requerimiento de, al menos, un tercio de los concejales en ejercicio o por un concejal o concejala. O cuando el alcalde haya sido denunciado y se haya verificado en procedimiento de sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República en su contra. “En el caso particular, no se dan los presupuestos, ya que se desconoce si han existido requerimientos de los concejales. Solo es de público conocimiento que el alcalde se encuentra con licencia médica, lo que justifica su inasistencia en funciones”, manifestó Rivera.

Por su parte, María José Lira, abogada y académica de la carrera de Derecho de la U. Central, indica que, si bien, siempre se debe actuar de buena fe, se podría presumir en este caso, que esta ausencia es una forma de evitar las órdenes de arresto en su contra. “En términos de ausencia o impedimentos temporales en que subroga el administrador municipal o quien esté señalado, son menos de 45 días y en caso de enfermedades, son hasta 130 días. Sobre ese plazo tendrían que elegir a un alcalde suplente. La normativa solo habla de días y no hace distinción si son continuos o discontinuos, lo que sí ocurre en el tema de salud incompatible que habla de un periodo de tiempo. Como el legislador no hace la distinción, uno entiende que son días corridos, pero en este caso no ha ocurrido, ya que el alcalde pide permiso de lunes a viernes, trabaja sábados y domingos. A veces va un día a la semana o asume el cargo fuera de la región. Con eso interrumpe los plazos y por eso no se puede nombrar a un alcalde suplente”, explica.