Gremio de jueces por Caso Narcos: "Son hechos aislados que claramente deben revisarse”

En medio de la polémica que se ha desatado por la decisión del juez de garantía de Ovalle, de dictar medidas cautelares en favor de 23 imputados por narcotráfico, y fijar el pago de una fianza de $2 millones -lo que les permitió obtener la libertad - el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM), Alejandro Vera Quilodrán, señaló, en entrevista con Diario El Día, que se trata de un “caso aislado” pero que igualmente debe analizarse.

En ese sentido, valoró el esfuerzo que hacen los magistrados por ofrecer equilibrio jurídico a la sociedad, y adelantó que su organización, en conjunto con la Academia Judicial, se encuentran redactando un Manual Ético de Buenas Prácticas para Jueces, que será aplicado en el futuro cercano.

Vera Quilodrán también se refirió a la posición que ha manifestado el Poder Ejecutivo en los últimos casos, y repasó los objetivos de la organización de magistrados, que busca una objetiva administración de justicia en todos los niveles.

-Hace algunos días el juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño, desestimó que 23 imputados por narcotráfico fueran un peligro para la sociedad y les aplicó medidas cautelares por otras razones. Consideró además, una fianza de 2 millones de pesos para cada uno, lo que pagaron de inmediato, quedando en libertad. ¿Han analizado esta situación en la Asociación de Magistrados? ¿Cómo se le explica a la sociedad esta situación?

“Tanto este caso como otros que han tenido una alta repercusión pública los estamos siguiendo de cerca e internamente hemos conversado al respecto. Por nuestra parte, más allá de emitir opiniones de este caso puntual, nos preocupa que las instituciones y el Estado de Derecho funcione. En lo particular a este caso, fue revisado por otro tribunal y se fijaron nuevas medidas cautelares. Son situaciones que no nos gustan, pero siguen siendo casos aislados que claramente deben revisarse. Quiero destacar el tremendo trabajo que realizan los jueces y juezas que están día a día conociendo cientos de miles de causas. Sin perjuicio de esto, entendemos que nuestra conducta debe ser intachable. Tenemos una responsabilidad que es muy importante para el país. Sabemos que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto profundo en la vida de las personas y en la sociedad en su conjunto. Nuestra conducta debe estar por encima de toda sospecha y nuestras decisiones deben ser imparciales, conforme a derecho y transparencia, guiadas únicamente por la ley y los hechos. Como asociación recalcamos nuestro compromiso con la probidad y la ética que deben tener las magistradas y magistrados en todo el país y el apego estricto al fiel cumplimiento de la ley. Es por esto, que la asociación junto con la Academia Judicial se encuentra trabajando en un Manual Ético de Buenas Prácticas para Jueces. Éste, ya se encuentra en su etapa final y será comunicado internamente y también a la opinión pública”.

-La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que cuesta entender una situación como ésta. ¿Les preocupan declaraciones como éstas de parte de representantes del gobierno?

“La ministra Tohá está cumpliendo su rol como autoridad y si decide hacer dicha acción u otra, debe revisarse conforme al Estado de Derecho. A su vez los parlamentarios también están constantemente emitiendo declaraciones y presentando mociones parlamentarias en temas de seguridad. Desde nuestro rol, más que responder dichas declaraciones, quiero estar presente en el debate teniendo presencia en las distintas instancias donde se nos convoquen y podamos hacer ver nuestros planteamientos, que bajo mi manera de ver están bien claras, y están publicadas en nuestros canales oficiales y también las he expuesto en entrevistas que he dado a distintos medios de comunicación. Por ejemplo, hace un tiempo sostuvimos una reunión con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y hace pocos días, asistimos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, para hacer valer ante las autoridades con prerrogativas legislativas, para pedirles que se hagan los adecuados mejoramientos legales”.

-¿Qué intereses tienen junto a los miembros de la Asociación de Magistrados?

“La ANMM tiene más de 50 años de existencia, y estamos enfocados en procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial y de cada uno de los jueces y juezas que integran la organización de la Magistratura, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional. También nos debemos a cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional e instar y velar por el constante mejoramiento de la administración de justicia en todos sus ámbitos y por el bienestar y dignidad de sus asociados y asociadas. Y en el sentido de independencia judicial, se viene reclamando hace más de tres décadas la necesidad de modificar el régimen de nombramientos de jueces y juezas y otras autoridades del ámbito judicial, ya que creemos que es incompatible con un Estado Democrático de Derecho. Se los hemos pedido a todos y por todos los medios. A los ministros de Justicia de gobiernos de todos los colores. A la Corte Suprema, para que de la mano de su facultad de representar al poder político las deficiencias normativas, se hiciera parte esta imperiosa necesidad de excluir a los jueces de este escenario y de someter su promoción a reglas objetivas y meritocráticas. También, en una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora último, se lo planteamos a la relatora especial de Naciones Unidas. Lo planteamos, también, en los dos procesos constituyentes. Nos interesa promover desde nuestro espacio de acción, que la función judicial sea ejercida con integridad y, sobre todo, ajena a cualquier sospecha de corrupción. En este último tiempo, nos interesa extender nuestras capacidades para lograr un mayor diálogo y una mayor participación de entes técnicos para modificar el sistema de nombramientos”.

-¿Cómo funciona la organización y los objetivos que los mueven?

“La asociación cuenta con una directiva nacional que es elegida cada dos años y tiene 17 presidentes regionales. Todos los años organizamos una convención anual en la que participan todos los asociados y sus representantes, como también dos juntas nacionales en donde participan los presidentes regionales, en donde como directiva nacional damos cuenta de nuestra gestión y recogemos las inquietudes de nuestras bases”.

-¿Qué tipo de sanciones pueden aplicar en caso de quejas en contra de sus afiliados?

“Tenemos instancias internas que son canalizadas por las direcciones regionales, en una primera instancia, conocidas y resueltas a nivel central por el Tribunal de Honor y luego una instancia de apelación a la directiva nacional”.

-¿Son frecuentes las quejas?

“No, no son frecuentes los reclamos formales. Esto, en parte, porque existen mecanismos externos de fiscalización de juezas y jueces, dados por los mismos procedimientos que establecen instancia de reclamos o apelaciones, que son conocidas en cada uno de las regiones del país”.

-¿Cuál es el proceso para la aplicación de un eventual castigo?

“Por nuestro lado, tenemos instancias internas, que son canalizadas por las direcciones regionales, en una primera instancia, conocidas y resueltas a nivel central por el Tribunal de Honor y luego una instancia de apelación a la directiva nacional, ya mencionadas. Además, las cortes de apelaciones tienen procedimientos de responsabilidad funcionaria y administrativa, donde conoce un Fiscal Judicial, luego resuelto por todos los ministros de una Corte de Apelaciones, y luego una instancia de apelación a la Corte Suprema. Es importante recordar que la ciudadanía puede hacer la denuncia ante el Poder Judicial para que se inicien las investigaciones disciplinarias o administrativas pertinentes para determinar responsabilidades funcionarias. O bien, pueden acudir al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal. Actualmente, es de público conocimiento, existen investigaciones tanto administrativas como penales en curso, y compartimos lo planteado por la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, en orden a dar una pronta resolución a estos casos por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema. Es importante poner un punto en esto. Como asociación queremos que cada caso que se esté investigado, tenga una pronta resolución y sea de público conocimiento”.

-¿Es partidario de que la tuición ética vuelva a los colegios profesionales?

“Esto desde lo personal, creo que los colegios de profesionales o las asociaciones de profesionales, deben tener una tutela ética de sus miembros o asociados, y eso supo también eventuales sanciones sólo éticas. Si no es exclusivamente ética, como la responsabilidad funcionaria o administrativa, o de otra naturaleza, que suponga un castigo consistente en la privación de derechos o el término de calidad profesional para los investigados, estas sanciones deben aplicarlas otros órganos que establezca la ley o la Constitución”.

-¿Cómo analizan el llamado “caso audios”? ¿Les preocupa que aparezcan involucrados algunos de sus colegiados en los chats del abogado Luis Hermosilla?

“Hace unas semanas estuvimos reunidos en Tongoy los 17 presidentes regionales y la directiva nacional. Existe unanimidad en afirmar que esperamos que los órganos de persecución investiguen con máximo celo y sin exclusión alguna, todos los hechos que pudieren configurar tales ilícitos, independiente de la gravedad que tengan”.