Carlo Silva: “No hay ningún registro que compruebe lazos entre mis defendidos y Carabineros”

Sobre el bullado caso Diamante Verde, que involucró a 23 personas que fueron imputadas por delitos relacionados a la Ley 20.000, sobre narcotráfico, y que recibieron la medida de libertad bajo fianza, que luego fue revocada por la Corte de Apelaciones, se han encendido todos los focos, incluso a nivel nacional. Al respecto, el abogado Carlo Silva Muñoz, abogado Director de Defensores Norte, y representante legal de 12 de los imputados, rechazó la revocatoria de cautelares, al advertir “errores garrafales” en los informes policiales. En entrevista con Diario El Día, cuestionó la posición del Gobierno de opinar sobre el caso, que según dice, debe ser resuelto netamente desde el campo jurídico.

-¿Pertenecen sus defendidos al mismo grupo familiar?

“La verdad es que represento a un total de 12 personas imputadas en este procedimiento, hombres y mujeres, la gran mayoría de ellos varones, y que sí, efectivamente tienen entre ellos vínculos parentales, de familia, padres e hijos, parejas. Uno de los argumentos que estamos desarrollando es que ellos son sin duda personas que se unen a través de vínculo de parentesco y que trascienden a la existencia del delito, o sea hay un punto bastante claro que se debe entender por parte del tribunal, para poder desechar la propuesta de agrupación criminal. Obviamente que entre un padre y un hijo deben comunicarse, entre una pareja que tiene hijos en común también, entre hermanos evidentemente tiene que haber comunicaciones y lazos. Ahora que esos lazos sean sustentados solo en la existencia de un delito y la intención criminal para desarrollarlo, me parece que eso no está presente en el marco de la investigación”.

-¿Qué papel les imputa la Fiscalía a sus clientes? ¿Cuál sería su rol?

“En cuanto a los cargos que la Fiscalía formula a mis defendidos, estos trascienden sobre la formalización. Se formalizaron cargos por agrupación criminal para cometer delito de tráfico de droga, agrupación criminal para cometer el delito de lavado de activos, que son delitos distintos, tráfico de drogas como tal, y además el lavado de activos, y delitos particulares para aquellos allanamientos de los domicilios donde se encontraron armas o municiones, que serían como delitos independientes”.

-¿Se puede decir que forman parte de una organización criminal como asegura la Fiscalía?

“Creemos lo que dijo el magistrado de Primer Grado, quien controló la detención, que pudo conocer la formalización y las medidas cautelares, que desestimó la existencia de la gran mayoría de los delitos. Desestimó que existieran agrupaciones criminales para cometer los dos tipos penales imputados, el lavado de activos también fue desechado y solo se quedó con el tráfico de droga. Pese a que nosotros tampoco estamos de acuerdo en esa calificación, porque creemos que en el peor de los casos existe una siembra, cultivo y cosecha, como lo tipifica el artículo octavo que tiene una menor penalidad. No se han podido acreditar en el marco de la investigación que existan actos de facilitamiento a terceros, solo se ha logrado establecer fases de siembra, cultivo y cosecha, así que por tanto vamos a discutir también la recalificación del tipo penal base”.

-¿Hay nexos de algunos de sus defendidos con Carabineros del Limarí?

“De los antecedentes de la investigación, no fluye ningún registro directo que compruebe que existan lazos entre mis defendidos y los Carabineros del Limarí o de la jurisdicción. La verdad que esos antecedentes han sido filtrados, hemos escuchado algunos relatos sobre ellos, pero la verdad es que no han sido objeto ni de afirmaciones del Ministerio Público en el Tribunal de Garantía de Ovalle, ni tampoco en la Corte de Apelaciones este viernes, cuando se revisaron las medidas cautelares”.

-¿Se declararán inocentes o asumirán algunos de los cargos?

“La presentación de mis defendidos y el acto posterior de declaración, va a depender de cada uno. Nosotros como abogados recomendamos a cada uno de ellos la mejor perspectiva que puedan tener del caso y las mejores opciones informadas que mantengan. Nosotros no somos quienes decidimos si ellos quieren declarar o no declarar, asumir o no asumir el delito, presentarse o no presentarse. Nosotros somos los encargados de mostrarles cuáles son todas las vías, caminos, plazos y condiciones posibles, que se pueden generar dentro del proceso. Aceptar un cargo o no aceptarlo va a depender obviamente de la realidad personal que cada uno de ellos tenga. Algunos por supuesto, sobre los cuales se encuentran acreditados los hechos, vamos a ser los primeros en impulsar que se logre una declaración colaborativa y que ellos puedan esclarecer los hechos reconociendo su imputación. Vamos a ser los primeros en hacerlo. Pero también seremos duros en poder desarrollar una teoría de prueba y desarrollar una teoría desde la contradicción, para poder ir a un juicio oral y probar la inocencia de todos de aquellos que no están vinculados al hecho”.

-Con respecto a la orden de prisión preventiva, ¿Les recomendará su entrega voluntaria? ¿Se conoce su paradero? ¿Están en sus casas?

“Respecto a lo resuelto el viernes por la Corte de Apelaciones no estamos conformes, primero porque la resolución en sí no se desarrolla ni trasciende sobre fundamentos y argumentos profundos. La resolución solamente diría que revoca la resolución del Juez de Garantía, pero no se hace cargo de los largos alegatos que se desarrollaron por más de seis u ocho horas en la Corte de Apelaciones este viernes, o sea, no hay un cargo profundo respecto a explicaciones. Por lo tanto yo tendría que comunicarle a mis defendidos que el día de hoy, razones precisas, determinadas de por qué la corte revocó la resolución, no las conozco. Por ejemplo, hay errores garrafales, errores profundos en los informes de lavado de activos de la policía, que fueron evidenciados en la audiencia. Quienes estuvieron conectados lo escucharon, y la resolución de la Corte de Apelaciones no se hace cargo de ello, ni me entrega una explicación a mí y a mis clientes para poder decidir si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con la defensa, y por qué razones. Toda resolución judicial tiene que estar fundamentada y debe ser tan clara, lógica y completa, que pueda ser entendida por cualquiera de los intervinientes. La verdad es que la resolución no dice nada, por tanto no estamos muy conformes con su decisión y creo que la Corte debió hacer una distinción, ya que las medidas cautelares son de carácter personal, o sea, recaen sobre cada persona como si fuera la horma del zapato del sujeto infractor, hecha a mano para cada persona. Y eso no fue así; se aplicó un criterio generalista, sin especificaciones, sin imputaciones directas, y la verdad es que no estamos conformes con la resolución de la Corte de Apelaciones”.

- ¿Qué viene ahora?

“Se nos viene un trabajo bastante arduo, porque vamos a tener que desarrollar la teoría del caso y la teoría de la prueba. Esto significa definir para quienes vamos a aceptar responsabilidad, para quienes vamos a discutir, provocar declaraciones de ellos y por supuesto generar diligencias, tanto al Ministerio Público como diligencias autónomas, por ejemplo de peritos contables y financieros para determinar que nuestros defendidos y sus sociedades no ejercen labores ilícitas”.

-¿Por qué decide usted asumir la defensa de este grupo?

“La decisión de asumir la defensa en este proceso, muchas veces puede ser comentada, vista desde un punto de vista altamente cuestionable al abogado que defiende a personas vinculadas al narcotráfico. Quiero hacer presente que en mi carrera profesional he defendido policías, funcionarios públicos, alcaldes, jueces y a una serie de personas que se encuentran vinculadas eventualmente a infracciones penales. Nos dedicamos a hacer defensa de personas, más allá de cómo se llame el delito, de cómo se llame la imputación. Lo importante es ejercer este rol con fiabilidad a los intereses de nuestros clientes, respetando la ley, respetando todas las garantías que la propia Constitución establece a nuestros defendidos”.

-¿Qué opinión le merece el anuncio del Gobierno de solicitar la inhabilidad del juez de este caso?

“Me parece muy grave que no se respete la separación de poderes en esta materia. Es un caso que se debe resolver desde lo judicial. Creo que no deben existir, más allá que sea de una simple opinión por parte del Gobierno respecto al fenómeno que está ocurriendo. Debemos centrarnos básicamente en las decisiones judiciales y no deben ser influenciadas por la postura política, ni siquiera por la opinión pública. Creo que debe haber siempre el respeto del ejercicio jurisdiccional de los tribunales de justicia, y en ningún caso la opinión política debería marcar la resolución de un conflicto como este. La solicitud o la propuesta de inhabilitación del magistrado Muñoz Caamaño me parece que no tiene fundamento legal, la verdad es que las inhabilidades de los jueces están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y la norma establece causales específicas y taxativas para su aplicación. La resolución fue ajustada a derecho porque fueron precarios los antecedentes, inconclusos y contradictorios que se le presentaron para su decisión, y por tanto él tomó una decisión conforme a lo que se le expuso en la audiencia. No hay ninguna causal que esté situada en el Código Orgánico de Tribunales para poder inhabilitar al magistrado Muñoz Caamaño para seguir conociendo respecto de estos hechos”.