diputados subrayan que es parte de sus funciones
Parlamento enfrenta históricas acusaciones constitucionales contra ministros de la Suprema
Nunca había ocurrido que el Parlamento chileno tuviese que enfrentar cuatro acusaciones constitucionales en el mismo período de tiempo y casi en simultáneo.
Además, es histórico que tres ministros de la Corte Suprema estén siendo acusados constitucionalmente por notable abandono de deberes en una misma semana.
Es el caso de los supremos Ángela Vivanco Martínez; Sergio Muñoz Gajardo y Jean Pierre Matus Acuña a lo que se suma la acusación en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá la cual, sin embargo, fue rechazada este martes por la comisión revisora.
En tanto, el destino de los magistrados fue otro, pues en el caso de la ministra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, ambas acusaciones fueron aprobadas y pasaron al Senado, que tiene entre 4 y 6 días para pronunciarse.
En la misma línea, resta revisar la acusación constitucional en contra del supremo Jean Pierre Matus.
Por lo anterior, y respecto a lo que ha estado ocurriendo los últimos días con cuatro acusaciones constitucionales siendo analizadas por el Parlamento, han surgido una serie de críticas a dicha situación, pues se estaría desviando la atención de los parlamentarios, dejando de lado su trabajo legislativo.
Sobre esto, se pronunciaron diputados de la región, quienes, por una parte, señalan que estas fiscalizaciones también son parte del trabajo parlamentario y por otra, reconocen que sí se pierde el foco sobre materias de interés de la comunidad.
En esa línea, la diputada Carolina Tello (FA) sostuvo que en las acusaciones relativas a los magistrados “hemos ido estudiando uno a uno sus antecedentes, entendiendo que lo central aquí es ceñirnos a las pruebas reunidas para evaluar su mérito, más aún cuando nos parece central con los antecedentes conocidos públicamente y que ya han llevado a la suspensión de la magistrada Vivanco, algo que valoramos, entendiendo la gravedad de las acusaciones”, dijo.
Además, se refirió a la rechazada acusación en contra de Carolina Tohá, indicando que se debe hacer una diferencia con la de los ministros de la Suprema, porque “no responde a los criterios que debe reunir una acusación de esta magnitud. Me parece que si bien es una herramienta que nos faculta a utilizar la Constitución, hemos visto en la práctica que el uso sostenido solo en factores políticos y no directamente inconstitucionales claramente pueden establecer un desvío de la actividad legislativa”, afirmó.
FISCALIZACIONES
En tanto, el diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, puntualiza que dentro de las facultades que tienen como diputados, está, precisamente, la actividad fiscalizadora y “los hechos que se han conocido respecto de las actuaciones de los ministros de la Corte Suprema, máxima instancia jerárquica dentro de nuestro país, requiere que se conozcan y juzguen estas situaciones”, planteó.
Si bien, reconoce que hay una pequeña interrupción de la actividad legislativa “en el Congreso se están tomando todas las prevenciones para poder seguir avanzando en lo que es esa actividad. De hecho, vamos a tener sesiones dobles para ir recuperando los días que se destinaron a las acusaciones constitucionales que también forman parte de nuestra función”.
Por otra parte, el diputado Marco Antonio Sulantay, también de la UDI, reconoce que la situación no es la ideal, y si bien, este tipo de acciones son importantes desde el punto de vista de las correcciones que deben hacerse al sistema judicial, “en las actuales circunstancias que vive nuestro país, con una crisis de seguridad y económica sin precedentes, lo deseable es invertir todos los esfuerzos en resolver los problemas que realmente le pueden cambiar la vida a las personas. En términos administrativos, este tipo de sesiones podrían realizarse en forma extraordinaria, fuera del calendario legislativo”, subrayó.