Presentan querella contra Roberto Jacob por crisis en la corporación

Dos querellas por presuntos delitos ocurridos en la Corporación Gabriel González Videla, durante la administración del exalcalde Roberto Jacob, presentó ante el Juzgado de Garantía de La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena y parte del concejo comunal.

Según detalló la autoridad municipal, la primera acción legal va dirigida directamente contra el exedil por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, y por declararlas y retener esos mismos pagos. 

Además, una segunda querella va en contra de quienes resulten responsables por giro doloso de cheques, malversación por aplicación pública diferente y fraude al Fisco. 

“Apenas fuimos notificados desde la Contraloría General de la República y la auditoría realizada por Fuenzalida Consultores, en mi calidad de presidenta de la Corporación Gabriel González Videla me dispuse a interponer estas querellas”, señaló la máxima autoridad comunal. 

En detalle, se le acusa al exalcalde de incumplir su deber de control sobre la instancia en cuestión, generando, hasta diciembre pasado, una morosidad previsional por un total de $4.018.637.656. Esto, sin considerar intereses. 

En este sentido, las acciones judiciales se fundamentan en hechos objetivos y de conocimiento público, evidenciados por documentos oficiales junto con las declaraciones correspondientes. 

“Estas querellas se van a sumar a los otros supuestos fraudes detectados en la instancia como, por ejemplo, los 800 millones de pesos que se habían observado hace un tiempo”, agregó la alcaldesa de La Serena. 

CUESTIONADA EMPRESA 

La alcaldesa serenense apunta a la existencia de una serie de irregularidades, como la indicada en la querella contra la empresa Telmar, y cuyo representante legal tendría vínculos políticos con el Partido Radical del que es militante Roberto Jacob. 

“Ellos eran una ATE, que son una especie de OTEC, que se le entrega capacitación para educación a todo lo que son los equipos educacionales. Hoy día, sin embargo, no existe evidencia alguna de que hayan realizado estas capacitaciones las que, además, son de alto costo: más de 600 millones de pesos anuales que se le pagó a esta empresa. O sea, se priorizaba el pago a ésta en desmedro del no pago de las cotizaciones”, señaló Norambuena. 

Además, la alcaldesa sostiene que las licitaciones para realizar estas labores de Telmar nunca se llevaron a cabo, es decir, fueron tratos directos “elegidos a dedo”. 

“Esta empresa en el fondo lo que hacía era cubrir diferentes áreas, desde lo que es esta ATE que eran capacitaciones, pero también cámaras de televigilancia, que las desconocemos. No sabemos dónde están. Incluso, cubría el tema de pintura. Ayer (jueves) descubrimos que incluso tenía un contrato por casi 9 millones de pesos solamente para tres guardias de seguridad. Son cifras vergonzosas y en definitiva, esto hace que uno, por lo menos, tenga la duda y ante esto tienen que conocerse las responsabilidades y en este caso la supervigilancia de lo que es la corporación. Le corresponde al presidente de la corporación que en ese tiempo fue el exalcalde Roberto Jacob y a todos los secretarios generales correspondiente”, aseveró Norambuena. 

MEDIDAS CAUTELARES 

Por su parte, Rodrigo Álvarez, abogado de la municipalidad de La Serena, explicó que Roberto Jacob “tenía la calidad de presidente de la corporación municipal y quien por estatutos debía supervigilar la correcta administración de la misma, cosa que no hizo”, indicó. 

Álvarez explicó que la pena respecto del delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales “llega a los 3 años y un día, a 5 años. Acá estamos hablando respecto de dos delitos, por lo que eventualmente en su oportunidad vamos a solicitar medidas cautelares en contra del exalcalde y poder llegar a alguna pena que sea privativa de libertad. Lo más complejo es el delito de fraude al fisco, donde estamos derechamente con un delito que tiene penas de crimen. Es decir desde los 5 años y un día, y hasta los 15 años, por lo que se puede pedir la prisión preventiva sobre todos aquellos que resulten responsables”, precisó. 

Para la concejala, Rayen Pojomovsky, en tanto, las cifras de endeudamiento de la corporación municipal no le sorprenden. 

“A partir de este cambio de administración, tenemos ya la información concreta, real, de cuáles son y cuáles han venido siendo las situaciones en la corporación. Creo que siempre es necesario tomar acción. Junto a la alcaldesa justamente nos hacemos parte y responsables, tal como lo hicimos algunos concejales y concejalas en el periodo anterior”, señaló Pojomovsky. 

Sin embargo, el concejal Camilo Araya, aseveró que el exalcalde Roberto Jacob no es el único responsable pues, a su juicio, se actuó de forma conjunta. 

“Como bien se señalaba en boca de la alcaldesa, es una situación que no solamente estaría involucrado el alcalde como cabeza, sino que más personas. Ahora, lo que corresponde es que esta investigación siga su curso e investigar estos presuntos delitos”, indicó Araya. 

DEUDA DE 50 MIL MILLONES 

Cabe recordar que en una sesión extraordinaria del concejo comunal, el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Claudio Arriagada, informó que la deuda acumulada hasta 2023 por conceptos previsionales y pago a proveedores ascendía a $30 mil mi- llones, proyectándose incluso, hasta los $50 mil millones. 

En ese contexto, Arriagada reveló la existencia de una serie de irregularidades como 250 líneas de celulares asignadas a funcionarios no identificados, convenios publicitarios por $130 millones anuales, y $700 millones en retenciones de honorarios sin pagar. 

También existen deudas de cuotas sindicales por $133 millones afectando beneficios gremiales, y deudas con proveedores por $10 mil millones, por lo que se tomaron acciones judiciales. 

Se investiga, además, la emisión de 16.943 boletas de honorarios, de las cuales 6.546 fueron anuladas, posiblemente por pagos indebidos, lo que podría derivar en una querella. 

Por lo mismo, la alcaldesa Daniela Norambuena anunció la reestructuración del organigrama de la corporación, mediante la fusión de áreas administrativas, revisión de contratos para optimizar gastos, venta de activos en desuso y generación de ingresos a través de CESFAM, cementerios y la Botica Popular.