hecho que está prohibido desde 2022, por la ley N° 21.389

En La Serena entregan más de 100 licencias de conducir a deudores de pensión

Así lo indican desde Contraloría que detectó que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores.
viernes 28 de febrero de 2025

La Contraloría General detectó una serie de infracciones a la normativa al analizar el otorgamiento por parte de los municipios del país de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022, por la ley N° 21.389, la cual crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Entre estos municipios destaca el de La Serena, según el cual el cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC) informó que en su departamento de tránsito se entregaron 114 documentos a peronas que tenían deuda de pensión de alimentos.

SITUACIÓN EN EL PAÍS

Cabe destacar que el órgano de control detectó que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, por adeudar la mensualidad de 4.706 alimentarios por un monto total de $17.473.007.109. Es decir, un 70% de los municipios a nivel nacional han incumplido la norma desde su vigencia.

En ese sentido, la Contraloría reitera que el funcionario municipal a cargo de la solicitud es quien tiene la obligación de confirmar si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Deudores y, en caso de que así sea, no otorgar el documento. De lo contrario, incurre en una responsabilidad disciplinaria que será sancionada con una multa entre el 10% y 50% de su remuneración.

FUNCIONARIOS Y FAMILIARES

Además, el documento evidenció que 65 funcionarios municipales habrían obtenido/renovado su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, estando en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia.

En este sentido, también expuso que 482 personas deudoras son familiares de funcionarios que trabajan en la municipalidad en donde habrían obtenido/renovado su licencia de conducir a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores por Pensión Alimenticia.

INVESTIGACIÓN SUMARIA

Sobre la situación en el municipio serenense, la actual alcaldesa Daniela Norambuena, afirmó que esto se ha realizado en el periodo de la administración anterior, desde noviembre del año 2022 a septiembre del año 2024. Sin embargo, afirmó que en su administración no va a permitir este tipo de hechos. 

“Vamos a generar una investigación sumaria para buscar las responsabilidades por parte de los funcionarios que tienen la obligación a través de un decreto de poder evidenciar que todas las personas que soliciten su carnet de conducir estén sin este tipo de situaciones”, aseveró la edil.

En ese sentido, Norambuena señaló que además están realizando una investigación exhaustiva para conocer, y todavía también esperar la información por parte de la Contraloría General de la República, para saber quiénes son esas 114 personas.

“Aquí vamos a hacerles cumplir, porque esa es nuestra labor, sobre todo yo, una mujer, al mando de esa ciudad”, señaló la alcaldesa Norambuena.

CUMPLIR CON LA LEY

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, aseveró que es preocupante que se reporte que al menos 242 municipios entregaron licencias de conducir a personas que estaban en el registro de deudores, siendo que la ley lo prohíbe. 

En ese sentido, Orellana explicó que desde el Ministerio de la Mujer han trabajado arduamente en una mesa de coordinación con distintos actores para dar a conocer la normativa y capacitar al respecto. 

“Además, hemos estado permanentemente fiscalizando que todas las instituciones que tienen las obligaciones que cumplir, que detalla la ley, tengan acceso al registro. Eso se ha cumplido y por lo tanto esperamos que los municipios, así como todas las instituciones, cumplan con lo que les obliga la ley, que en este caso es una medida de apremio que es no renovar la licencia de conducir a quien está con deuda en el registro”, concluyó la ministra.