Detienen en Perú a sujeto acusado de violar a menor de 14 años en Vicuña

En la ciudad de Huancayo en Perú, fue encontrado Daniel Soto Vargas, sujeto buscado por el delito de violación contra la adolescente Anaís Godoy, de 14 años, ocurrido en el año 2018 en la comuna de Vicuña.

Según información proporcionada por los medios de comunicación de ese país, el hombre vivía en un cuarto alquilado junto a su familia y se había mantenido durante varios años oculto. 

En ese contexto, el Ministerio Público logró gestionar la llamada notificación roja internacional para la detención del imputado el cual, cabe recordar, había escapado de manera irregular a Argentina en una primera instancia.

Tras su detención en Perú, la Fiscalía de Vicuña solicitó la audiencia de formalización de la investigación en ausencia, la que se desarrollará este miércoles, mientras se desarrollan las gestiones de extradición para que el imputado sea trasladado al país.  

Dicha audiencia se solicitó al Juzgado de Garantía de Vicuña, mientras que la solicitud de extradición del imputado será elevada a la Corte de Apelaciones de La Serena. 

Cabe recordar que el caso por el que este sujeto está imputado se remonta al mes de septiembre de 2018, cuando la joven Anaís Godoy fue agredida sexualmente durante las celebraciones patrias en la pampilla de San Isidro, en Vicuña, hecho que, recordemos, fue archivado por la Fiscalía por falta de pruebas.

Pero no es lo único pues, se debe señalar que Soto Vargas estaría siendo incluso investigado por otras dos causas de delitos sexuales.

VIOLACIÓN Y DEPRESIÓN

La adolescente Anaís Godoy, luego del brutal ataque que sufrió, se le desencadenó una depresión que la persiguió por años. Y es que el autor era cercano a los amigos de la menor, por lo que le era una persona conocida. 

En su oportunidad, se afirmó que el individuo la habría amenazado, diciéndole que si hablaba con alguien de lo ocurrido, él lo negaría, y diría que se trató de un hecho consentido. 

Por ese entonces, la adolescente de 14 años manifestó tener vergüenza y sobre todo, miedo, pues su victimario, en ese tiempo de 23 años, cuenta con un amplio prontuario policial y condenas por delitos violentos. 

De hecho, en la fecha en que ocurrió el ataque sexual contra la menor, éste tenía un brazalete y se le había ordenado reclusión nocturna en su hogar.

La joven guardó silencio hasta un mes después de la agresión sexual, pero rompió su silencio cuando le relató lo sucedido a su profesora jefe, quien se comunicó con la madre de Anaís, quien a su vez, presentó ese mismo día la denuncia en contra Soto Vargas.

La acusación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, iniciándose una investigación. Sin embargo, no se obtuvieron resultados y el caso se archivó provisionalmente en el mes de mayo del año 2019, siete meses después de haberse iniciado.

Esto habría gatillado una gran depresión de la menor, quien terminó quitándose la vida al ver que no obtenía la justicia que tanto anhelaba y su agresor se mantenía sin sanción.

Un més después, en julio del año 2020, y tras diversas manifestaciones de la comunidad de Vicuña exigiendo justicia para la joven, la fiscalía local decidió reabrir el caso. 

Cabe señalar que en esa época, Soto se encontraba en el centro penitenciario de Huachalalume cumpliendo condena por otras causas, pero con el correr de los meses salió en libertad.

DESGASTE EMOCIONAL

Consultada por El Día, la familia de Anaís Godoy declinó referirse a la detención de Soto en Perú, hasta que se realice hoy la audiencia de formalización en ausencia y su solicitud de extradición.

Quienes sí se refirieron al tema fueron las integrantes de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidios, organización que ha apoyado a la familia y amigos de Anaís Godoy desde el inicio de su complejo caso. 

Al respecto, Camila Aracena, vocera regional de la agrupación, explicó que han seguido con especial atención el desarrollo del caso de Anaís Godoy.

“Una de nuestras preocupaciones era que el acusado del delito estaba prófugo. Esperamos ahora que se aplique el mayor rigor de la ley, porque en este caso la justicia fue negligente cuando la víctima contó lo ocurrido y no detuvieron al culpable, siendo que tenía otro caso pendiente”, señala Aracena.

La vocera confirmó que el imputado tiene un amplio prontuario policial y al momento de cometer el abuso sexual contra Anaís usaba una tobillera (grillete), y ya había sido sentenciado, “por lo cual nos preguntamos si sirve realmente tener un grillete. Esto fue gravísimo. Como agrupación estamos siempre acompañando y apoyando a la familia, pero el desgaste emocional de ellos es enorme por lo cual pedimos que la justicia actúe. Recordemos que Anaís hizo la denuncia contra el autor del delito pero no fue escuchada y aproximadamente dos años después, ella toma la decisión de atentar contra su vida dejando una carta donde explica que este hecho es la razón de su decisión. Por eso este hecho es un suicidio femicida, porque no hubo justicia en su caso”, puntualizó Camila Aracena.