El Olivar: un tesoro milenario enterrado bajo promesas incumplidas y congestión vial

Descubierto hace ya casi una década, en julio de 2015, durante las faenas de construcción de la doble vía entre La Serena y Vallenar, el sitio arqueológico El Olivar fue aclamado de inmediato como uno de los hallazgos más importantes de Chile, e incluso de Sudamérica. Ubicado a pocos kilómetros al norte del área urbana de La Serena, este lugar extraordinario es una “maravillosa ventana a diferentes culturas y tiempos”, conteniendo vestigios de las culturas Molle, Las Ánimas, Diaguita y Diaguita-Inca, que representan más de 1.500 años de ocupación continua.

Su enorme extensión, alta densidad ocupacional y profundidad temporal lo han consolidado como el sitio arqueológico más importante para el estudio de la cultura Diaguita. Ha revelado una “riqueza incalculable” y un “potencial de información inédito” sobre la prehistoria del Norte Chico, con hallazgos que van desde más de 200 cuerpos humanos exhumados hasta enero de 2018 (con una estimación de más de mil entierros potenciales), sacrificios de camélidos, ofrendas de peces, objetos de oro, cerámicas de “factura maravillosa”, hasta asentamientos.

Se le ha descrito como una “necrópolis”, un complejo tejido de estructuras culturales. El Museo Arqueológico de La Serena lo considera, de hecho, una “piedra angular” para el conocimiento de la prehistoria regional. Sin embargo, este tesoro de incalculable valor, que debería estar aportando un conocimiento fundamental sobre nuestro pasado, se encuentra atrapado en un laberinto de gestiones excesivamente lentas y promesas incumplidas, lo que ha generado un conflicto persistente entre el desarrollo vial y la conservación patrimonial.

El descubrimiento ocurrió en un complejo contexto, no académico, sino bajo la lógica de mitigar el impacto ambiental de una gran obra de infraestructura vial. Esta situación, que se ha calificado de falso dilema, debió haber sido considerada en el diseño original de la obra y no abordarse a presión, a la fuerza, cuando solo faltaba terminar el último tramo de la carretera.

Sin embargo, la consecuencia más visible para los habitantes de la región es la paralización de un tramo de la ruta 5, dejando una sola calzada de la vía y generando una gran congestión vehicular por años en el acceso norte a La Serena. Esta situación ha sido calificada como un nudo que nos tiene ya atrapados desde hace 10 años, un “cuello botella” que genera atochamientos y, según algunos gremios, incluso riesgos de accidentes.

CRÍTICA AL CENTRALISMO: “SI HUBIERA SIDO EN SANTIAGO (...)”

La prolongada paralización, que se extiende por casi una década, ha provocado duras críticas desde diversos sectores regionales. Representantes de gremios han denunciado una “demora inexplicable” y un “nulo avance”, expresando una profunda frustración.

Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE, fue enfático al afirmar que “nadie podría sostener que en diez años es imposible resolver un problema de vialidad urbana como este”. Su crítica más aguda apunta directamente a la percepción de un trato diferenciado motivado por el centralismo. “Claramente, si algo parecido hubiera ocurrido en Santiago o en cualquier otra gran ciudad de mayor peso político o mediático, se habría solucionado en un par de meses nada más”, asegura.

Esta comparación refleja la sensación en la región de que la resolución de problemas cruciales como éste no recibe la misma prioridad ni celeridad que tendrían en la capital o en zonas de mayor influencia política, lo que se vincula indirectamente con una percepción de baja preocupación por el desarrollo regional.

La lentitud ha sido tal que tres períodos presidenciales han visto las gestiones y anunciado acciones, pero sus anuncios se dilataron tanto, que el tiempo se agotó para cada gobierno y tuvieron que entregar el mando con el mismo compromiso incumplido. Por lo mismo, los gremios insisten en la necesidad de soluciones reales y cuestionan que los organismos técnicos no hayan podido ofrecer una salida viable a este colapso vial.

LA VOZ DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

En paralelo a la problemática vial y la gestión institucional, la relación con las comunidades Diaguita ha sido central. Como parte fundamental de la diversidad y la riqueza cultural del país, han criticado las pocas acciones que se estaban tomando para preservar correctamente el lugar, buscando mantenerlo como un recinto de ceremonia y respeto.

Una demanda clave ha sido el reconocimiento de su voz y la garantía de su participación a través de una consulta indígena en la toma de decisiones. Recientemente, la propuesta oficial de construir un museo de sitio, anunciada por el ahora exdirector nacional de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, fue rechazada por varias organizaciones indígenas. De hecho, se mostraron sorprendidas por no haber sido informadas y sostienen que iniciativas de este tipo deben decidirse mediante consulta.

Para ellos, el lugar tiene una energía espiritual y debe protegerse más allá de un museo, como un centro ceremonial en el que se pueda compartir y rescatar lo que se llevaba a cabo de forma ancestral o un parque ceremonial, ritual y centro de estudios. Además, han solicitado la devolución de los cuerpos que se han extraído del lugar, apuntando al derecho inalienable de los pueblos originarios al respeto y puesta en valor de su patrimonio.

Y es que la presencia de restos humanos en el área central del hallazgo convierte a este lugar en un sitio sagrado para ellos, que demanda sumo respeto en su tratamiento.

AVANCES LENTOS Y DESAFÍOS PENDIENTES

Desde la institucionalidad, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha respaldado, sin embargo, la idea de un museo de sitio como medida de protección y acceso. El MOP, por su parte, se ha comprometido a respetar la dignidad y cosmovisión de las culturas tradicionales y ha evaluado opciones técnicas para la carretera, como la construcción de un viaducto o el uso de geobloques para evitar excavaciones profundas.

Sin embargo, la idea de un viaducto con un parque museo debajo tampoco prosperó. La detención de los trabajos de rescate en 2018 dejó huellas expuestas, generando un riesgo latente de deterioro.

La complejidad del caso involucra a múltiples actores como el municipio, diversos ministerios, leyes de patrimonio, el plan regulador y procesos administrativos demasiado burocráticos para el traslado y resguardo de los restos, lo que ha contribuido a la extrema lentitud.

En un intento reciente por destrabar la situación, se conformó la Mesa El Olivar, liderada por el gobernador regional e integrada por servicios y, un paso crucial, representantes de las comunidades Diaguita. Se ha comprometido un financiamiento de unos 500 millones de pesos por parte del gobierno central para que universidades de la región realicen un estudio que defina qué es lo mejor para ese lugar. Este estudio, según se ha informado, será conversado por supuesto con las comunidades Diaguita.

La mesa cuenta además con la participación del INDH como veedor del proceso, buscando asegurar que no es una conversación con la comunidad a puertas cerradas. Pese a estos recientes esfuerzos y la conformación de la mesa, la percepción general, especialmente entre los gremios, es que la demora ha sido excesiva y que se requieren soluciones reales y urgentes tanto para el patrimonio como para el flujo vial.

El sitio El Olivar, considerado uno de los más grandes y más importantes de Chile, continúa esperando una solución definitiva tras casi una década de incertidumbre, atrapado entre la necesidad de finalizar una obra vial crucial para la calidad de vida de los habitantes y la impostergable tarea de preservar un patrimonio milenario de valor incalculable.