Rechazo transversal genera la denominada “ley mordaza 2.0”

En abril ingresó al Senado una moción parlamentaria que ha sido bastante cuestionada dado que podría poner en riesgo a la libertad de prensa, e incluso los periodistas arriesgarían caer en prisión producto de esta iniciativa legislativa que busca evitar filtraciones de procesos penales, para lo cual, se busca modificar diversos cuerpos legales y así tipificar la divulgación indebida de determinados antecedentes.

La propuesta ha sido bautizada como “ley mordaza 2.0”, en alusión a un intento fallido de 2016 que buscaba limitar la publicación de información en situaciones de alta connotación pública. Los autores de dicho proyecto son los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS). Según sus impulsores, existe una tensión creciente entre el derecho a la intimidad de los involucrados y el derecho a la información y transparencia en el proceso penal.

Al respecto, Fernando Miranda, presidente del Colegio de Periodistas Consejo Coquimbo, expresó, a nombre del gremio, “nuestra más firme preocupación ante la tramitación de la ley denominada ‘mordaza 2.0’, una iniciativa que tal como está planteada para nosotros amenaza gravemente los principios fundamentales de la libertad de y del derecho a la información, pilares esenciales de toda democracia”.

Según explica Miranda, “el proyecto que establece sanciones penales para quienes difunden contenidos provenientes de investigaciones judiciales en curso genera una peligrosa colisión de derecho. Por una parte la legítima necesidad del Estado de proteger el debido proceso y la confidencialidad de ciertos antecedentes en investigaciones criminales, y por otra, el derecho irrenunciable de la ciudadanía a estar informada sobre hechos de interés público y el ejercicio legítimo al periodismo de investigación”.

En esa línea, dijo, “nos alarma que a este proyecto le cuesta equilibrar estos derechos en tensión y se incline por criminalizar a periodistas y medios que, en cumplimiento de su deber ético y profesional, den a conocer hechos relevantes que afectan a autoridades, instituciones o a la propia ciudadanía. Pretender sancionar a quien informa es una forma encubierta de censura, una señal inequívoca que puede abrir paso a la autocensura, el miedo y la opacidad, justo en un momento en que se demanda más transparencia, rendición de cuentas y fiscalización social”.

Asimismo, llamó al Congreso “a abrir un debate amplio donde se escuchen no solamente juristas y parlamentarios, sino también a las organizaciones y, por cierto, a nuestro gremio periodístico. La criminalización del ejercicio informativo es inaceptable en una sociedad democrática. Defender el periodismo no es defender un oficio, sino que es defender el derecho de todos y todas a saber y a tener acceso real a la información”, puntualizó.

Por su parte, Cristian Gálvez, presidente nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), sostuvo que “nosotros hicimos un comunicado, las tres instituciones que forman la Federación de Medios, que es la radio, la televisión y los diarios y obviamente estamos totalmente en desacuerdo con esto con esta ‘ley mordaza’. Nosotros en nuestro próximo consejo nacional, que será esta semana que viene, vamos a dar nuestra postura como gremio, pero efectivamente estamos en desacuerdo con esta ley”, puntualizó. 

Al respecto, explicó que, en caso de aprobarse esta normativa “la mayoría de los periodistas que hacen el periodismo de investigación no podrían en este momento hacerlo, en el sentido de que podrían estar expuestos a alguna acusación o sanción, por lo cual vemos vulnerados los derechos de la gente que trabajan en los medios de comunicación. La idea es que sea una sola voz, la de los tres gremios, ante el Congreso y la autoridad, en cuanto a que estamos en total desacuerdo con esta ley”.

DISCUSIÓN 

Desde el mundo parlamentario, en tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida expresó que “lo fundamental y la piedra angular en este momento es proteger el derecho a la libertad de prensa. Creo que este proyecto de ley extrema ciertas situaciones. Uno puede estar de acuerdo en corregir algunos desperfectos que hoy día uno ve en la ley, pero extremar las situaciones no creo que sea el camino correcto”.

En tanto, el diputado Víctor Pino, aseguró que “proteger la reserva en procesos judiciales es importante, pero este proyecto va demasiado lejos. Tal como está redactado, abre la puerta a castigar a periodistas y ciudadanos por informar, algo que es inaceptable en una democracia. No podemos permitir que, bajo la excusa de evitar filtraciones, se limite el derecho a saber y se debilite el rol fiscalizador de la prensa. Estoy por la transparencia, por el debido proceso, pero también por la libertad de expresión. Y por eso, en estos términos, rechazo este proyecto”.